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En la Argentina se registra un femicidio cada 30 horas. Sin embargo, el gobierno nacional recortó el presupuesto para prevenir este cruel flagelo
Hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha designada en el año 2000 por la Asamblea General de las Naciones Unidas para honrar la memoria de las hermanas Mirabal, tres activistas políticas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas en 1960 por orden del gobernante dominicano, Rafael Trujillo.
En un contexto en el que las violaciones a los derechos humanos de las mujeres proliferan a nivel mundial, a pesar de las numerosas campañas de prevención y erradicación de la violencia de género, el Registro Nacional de Femicidios del Observatorio del Colectivo MuMaLá difundió cifras alarmantes: entre el 1° de enero y el 10 de noviembre de este año se registraron 216 asesinatos de mujeres en la Argentina, y después de esa fecha hubo más muertes. En su estudio, señalaron que el 93% de los femicidios fueron perpetrados por hombres cercanos a las víctimas. El 22% de esas mujeres habían radicado alguna denuncia previa a su agresor. Del total de las mujeres ultimadas, 14 eran niñas y adolescentes menores a 15 años. El 78% de ellas fueron abusadas y el 42% estuvieron desaparecidas.
Según las estadísticas, una mujer es asesinada cada 30 horas en el país. Además de las cruentas muertes, son numerosos los casos de maltratos extremos y vejámenes, muchas veces cometidos por parejas o exparejas de las víctimas. Y lejos de intensificar las cruzadas para evitar más muertes y violencia, el Estado argentino recortó el 18% al Instituto Nacional de Mujeres en el Presupuesto 2019 y destinará solo 234,3 millones de pesos para combatir la violencia de género, lo que equivale a 11,36 pesos por cada mujer.
Consultada al respecto a Entre Ríos, Silvina Calveyra, presidenta de la Red Alerta, señaló que en lo que va de 2018 hubo ocho femicidios, y de acuerdo al relevamiento realizado, desde 2017 a la actualidad registraron 114 en la provincia, de los cuales 17 fueron vinculados, que refieren a los homicidios cometidos por el hombre violento contra personas que mantienen un vínculo familiar o afectivo con la mujer para causarle dolor. «Más allá de los números, hay una violencia hacia las mujeres que es estructural y transversal, y falta recorrer un extenso camino para lograr la desconstrucción de los estereotipos de géneros. La naturalización todavía existe en esto de las asimetrías de poder y fundamentalmente el sometimiento en muchos casos de la mujer en cuanto a la violencia psicológica, laboral, institucional», aseguró.
A su vez, Calveyra sostuvo: «Hay muchos tipos de violencia de los que no se habla pero existen. Hoy tenemos la Ley Nacional 26485 de Protección Integral a la Mujeres, también la Ley contra la Trata de Personas. Herramientas hay varias y muy buenas, el tema es el presupuesto, que debe ser participativo, federal, por eso es que durante tanto tiempo reclamamos y seguimos reclamando la emergencia a nivel nacional, que hoy tiene media sanción en la Cámara de Diputados y de ahí no avanzó».
«Si bien hay un plan nacional de erradicación de la violencia de género con una batería de medidas, también hubo recortes a nivel nacional en cuanto a lo presupuestario», expuso la dirigente. Acto seguido, manifestó que «para revertir esta situación hace falta una decisión política nacional» y subrayó: «Las mujeres no queremos que nos sigan maltratando ni asesinando en el marco de estos crímenes de odio. También tenemos que ver cómo llevamos adelante este proceso de transformación de no continuar en la base de la educación en una masculinidad que continúa avalando estas asimetrías de poder y promoviéndolas».
Calveyra destacó que «la educación en la primera infancia, en la familia y también en el ámbito de la escuela es fundamental para erradicar todos estos estereotipos que están aún muy latentes y hacen creer que la mujer es de propiedad del varón».
En cuantos a los avances que hubo a partir de las campañas de sensibilización impulsadas por los colectivos feministas, resaltó que en la actualidad hay más herramientas legislativas y normas que promueven la prevención, la erradicación y la sanción del delito «no solo en lo que es la violencia en las distintas formas y ámbitos bajo la ley 26485, sino también en lo que es la trata de personas».
«Esto ha permitido que también la sociedad civil se vea involucrada. Venimos trabajando desde el año 2002, cuando directamente no se hablaba de esta problemática, que estaba totalmente invisibilizada. Con campañas de prevención, de promoción, se fue instalando la temática y eso también ayuda a que hoy las mujeres se animen a denunciar», aseveró, y reflexionó: «La víctima tiene un antes, un hoy y un después, y hay situaciones que le impiden muchas veces realizar la denuncia por violencia, que empieza con el maltrato psicológico o físico, o porque no tienen un trabajo digno, o una vivienda donde ir o un salario, y soportan cualquier tipo de agresiones. Se trata de garantizar derechos humanos y sociales fundamentales, pero lamentablemente llegamos a los femicidios».
(UNO)
