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El Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos confirmó la desestimación de la denuncia del exgobernador Sergio Urribarri y su abogado defensor, Fernando Burlando, por la existencia de una supuesta “mesa judicial” que considera que lo perjudicó tanto en la causa en la cual terminó condenado por corrupción como en las demás que se encuentran en trámite. Ahora se aguarda conocer si el letrado y su representado irán por el camino de la acción privada o depondrán su objetivo.
En la presentación que habían realizado inicialmente en la Justicia Federal de Buenos Aires, se apuntaba una especie de connivencia entre distintos actores del sistema judicial, en particular el procurador general Jorge García, así como el director de ANÁLISIS, Daniel Enz. Incluso habían solicitado registros de llamadas telefónicas de jueces, fiscales y el periodista. El pasado 19 de septiembre, la titular del Juzgado Federal N° 1, María Servini, declinó su competencia en esa causa “en favor de la Justicia en lo criminal local que por turno corresponda en la ciudad de Paraná”.
De este modo, la denuncia recayó en el Juzgado de Garantías a cargo de Paola Firpo. La magistrada dio intervención al Ministerio Público e ingresó al despacho de la agente fiscal Paola Farinó. El 9 de octubre, Farinó la desestimó la denuncia promovida por Urribarri. Su dictamen fue analizado luego por el fiscal coordinador Leandro Dato, quien este lunes confirmó la desestimación.
Dato coincidió con lo resuelto por la fiscal. En su dictamen consideró acertadas las valoraciones realizadas por Farinó, por ejemplo “los antecedentes de las causas penales que se tramitaran –condena de ocho años- y las que se encuentran en distintas etapas procesales seguidas a Sergio Daniel Urribarri”.
“Resultan acertadas las consideraciones que desarrolla en atención a brindar las respuestas que tuvieran los planteos que ha llevado adelante el denunciante en cada una de las causas y la respuesta de los distintos tribunales constituidos conforme a derecho y a la organización judicial instancias-de nuestra Provincia”, sostuvo el fiscal coordinador.
“Más allá que resulta difícil intentar entender y mucho más encuadrar cuáles han sido las ‘irregularidades’ referidas, nada de lo que se manifiesta se podría acercar a motivar una apertura de causa”, afirmó Dato.
En este sentido, citó lo que ya había manifestado el fiscal de Buenos Aires, Carlos Stornelli, que debió dictaminar al respecto: “Véase que además de la total indeterminación acerca de cuál sería, eventualmente, aquel ámbito nacional a la que livianamente se alude, tampoco surge de la denuncia que ello se tratare de una situación actual ni concreta, a la par de que tampoco se explica, siquiera con algún mínimo detalle, cuál sería la acción específica que al efecto se reputaría ilícita”.
Asimismo, refirió que “la propia Jueza (Servini) también hizo suyos las consideraciones con respecto a la indeterminación de los hechos denunciados manifestados por el Fiscal, como así también citó jurisprudencia de la CSJN con respecto a la individualización de los hechos y la precisión de la calificación de los mismos”.
Movida mediática, denuncia y desestimación
En la conferencia de prensa realizada a fines de abril por los entonces flamantes abogados defensores de Urribarri, anticipaban a nueva estrategia que encaraba Burlando: una presentación judicial patrocinando al exgobernador en la Justicia de Capital Federal. Se trató de un escrito, luego confirmado por una declaración de Urribarri, donde refería una especie de complot en su contra de “operadores judiciales” que se abocaron a la construcción de “causas armadas”.
Cabe recordar que Burlando llegó a solicitar como medida de prueba información de telefonía celular de jueces, de fiscales y hasta de la intendenta de Paraná, Rosario Romero, como así también del director de este medio.
Luego, Servini solicitó información al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos información sobre dos procesos penales en contra de Urribarri (la causa “Coimas” y la de enriquecimiento ilícito), en tanto que el vocal del STJ Giorgio negó el envío del expediente del Megajuicio (por el cual Urribarri y otros exfuncionarios fueron condenados).
Posteriormente, la jueza de Buenos Aires le pidió a la querella (a Urribarri y a Burlando) que “informe de toda actualización” de las causas que se mencionaban en la denuncia, y que señale si en orden a lo que manifestó, había alguna presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Urribarri y Burlando no respondieron estas solicitudes de la jueza, por lo que estas peticiones fueron reiteradas per “no recibieron respuesta alguna”.
Además, cabe recordar que el Ministerio Público Fiscal ya había solicitado la incompetencia de la Justicia capitalina en esta presentación.
En la resolución del mes pasado, Servini sostuvo: “Satisfecha las solicitudes extendidas, aunque más no sea parcialmente, las mismas han dejado sentado con meridiana claridad (más ante el silencio de la querella) que Sergio Daniel Urribarri es objeto de un proceso jurisdiccional en la Provincia de Entre Ríos y que no media en su sustanciación intervención alguna de cualquier órgano judicial con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según la hipótesis planteada por el acusador particular”.
Luego de citar varios párrafos de jurisprudencia de la Corte Suprema sobre la cuestión de la competencia, concluyó: “Por todo lo expuesto, considerando que los hechos aquí denunciados habrían acontecido en la Provincia de Entre Ríos dentro del marco de un procedimiento judicial local, sin que medie además ninguna otra acontecimiento que excite la intervención de jurisdicción de excepción, estimo corresponde de conformidad fiscal y así: RESUELVO: DECLARAR LA INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE LA MATERIA Y TERRITORIO del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°1 a mi cargo, en la presente causa CFP 1521/24 del registro de la Secretaría n°2, en favor de la justicia en lo criminal local que por turno corresponda en la Ciudad de Paraná, . Provincia de Entre Ríos”. ((De ANÁLISIS)
