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Se trata del ProHuerta, que tiene 43 empleados, 10.000 promotores colaboradores y llega por su impacto a unas 4 millones de personas.
Celia Berzoni tiene 77 años, es de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, y desde hace 32 años integra el ProHuerta, programa que, según dice, le ha permitido capacitarse tanto ella como otras 1000 familias en la región para poder tener sus propios alimentos. “He criado a mis hijos y nietos con el ProHuerta; con nuestra huerta comemos sano. Hay un montón de gente con la que trabajamos muchísimo. Por eso, todo el barrio se enganchó, comenzó a capacitarse y se le entregaba la semilla”, cuenta.
El programa dependía económicamente del Ministerio de Capital Humano, cartera a cargo de Sandra Pettovello. En ese organismo no respondieron ante una consulta de este medio. Desde diciembre no tiene designado a nadie con habilitación de firma para el financiamiento de las semillas. Esta herramienta entrega más de 1 millón de kits de semillas a más de 600.000 huertas familiares y escolares. Este espacio, dicen, permitió la creación de 15.000 granjas agroecológicas y se entregaron más de 200.000 aves a las familias para su sustento. En total, capacitó a 170.000 personas desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria [INTA], organismo que reparte la semilla.
“Si esto se corta, nos vamos a morir de hambre. Todos estamos y formamos parte. Yo no sé si el señor presidente [Javier Milei] o la señora Pettovello saben lo que es hacer y tener una huerta, porque se trabaja con la semilla y los únicos que te lo dan son el INTA. Esto es un recurso importantísimo. No tememos plata para nosotros y esto nos ayudaba. Nos facilitaron herramientas para trabajar, es muy importante. Yo entiendo que hay una situación [de crisis general], pero esto nos permitía vivir. No somos cuatro o cinco, somos miles y no somos la casta”, argumenta Berzoni.
El programa fue creado por Daniel Díaz, un agrónomo con un posgrado en Desarrollo Rural y Abastecimiento Alimentario quien fue su coordinador nacional hasta 2006. Su idea fue incluso exportada a países como Haití, donde necesitan asistencia alimentaria.
Javier Ortega, exdirector de la Fundación ArgenINTA hasta 2015, cita un libro de Díaz considerado dentro del sistema como una eminencia: dice que “un dólar invertido en el ProHuerta tiene un retorno de 2,5 dólares”.
“El programa es 150% rentable, es la inversión más rentable que hay”, afirma. Ortega recuerda que la base del programa son los 10.000 promotores voluntarios que constantemente se capacitan. “El corazón del programa son ellos y no cobran un centavo. El 67% de ese total son mujeres. Ahora, el Prohuerta alcanza en total a unos 4 millones de personas, porque las producciones de estas familias se conduce a través de 800 ferias agroecológicas que son coordinadas con clubes e instituciones. Este es un programa que no cuesta nada y no tenía techo. Esto [la indecisión de la continuidad] forma parte de los dogmatismos que no se basan en lo econométrico. La tasa de retorno es la mejor inversión que podés hacer”, señala.
Las semillas del programa eran provistas por la Federación de Cooperativas Agropecuarias de San Juan [Fecoagro], que a su vez trabaja con una red de pequeños productores que proveen estos insumos al ProHuerta. Este se manejaba con pack de semillas según fuera la necesidad. “Se reparte dos packs al año. De hecho, mucha gente urbana de clase media que empezaba a cultivar los alimentos y viendo las características nutritivas, comenzó a solicitar información de cómo cultivar con este programa. Se había sumado en este tiempo esto”, sostiene Ortega.
Julieta Boedo es delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado [ATE] en el programa ProHuerta y sostiene que desde fin del año pasado hay una situación de abandono. “Son 43 trabajadores que no tienen respuesta, que le dan vida al programa y no tienen ningún tipo de respuesta. Desde la Coordinación Nacional de ATE-INTA venimos exigiendo respuestas y que se agoten todos los canales en la búsqueda de esa firma”, sostiene.
“En los organismos lo que pasa es que se les cae un contrato, pero hay que remarcar la importancia del programa, porque esto lo que hacía es multiplicar el alimento a las familias que están empobrecidas por este sistema por el gobierno, sobre todo a partir de esto de Javier Milei”, dice. Las opciones que les dan a los 43 trabajadores es que se mantengan por cooperadoras, por fundaciones locales o INTEA.
Roberto Cittadini, excoordinador del Programa entre 2006 y 2013, recuerda que el programa no solo es un programa de asistencialismo, sino de capacidad de producción de alimento. “Tuvo un impacto muy positivo y se fue extendiendo a todo el país. No era una asistencia de alimentos, sino facilitar el aprendizaje para que la gente produzca sus alimentos. Se fue afianzando con los distintos eslabones y red de técnicos, promotores y voluntarios que colaboran en el programa”, afirma.
“Se están priorizando las cuentas públicas del Estado, se plantea que lo único que vale es el déficit público y no se abarca lo que es la vida de la sociedad. Pero en esto hay una eficiencia de gestión. No se sabe si sigue o no, en este momento lo que hay es una falta de definiciones. El tema es que el programa hoy se está extinguiendo por inacción”, remarca.
“Apunta a la formación y al estímulo para lograr la independencia. La mayoría de nosotros vamos generando una red de información y la potencia que tiene el programa es la consistencia”, resume. Lo último que se sabe es que se están haciendo acuerdos con algunos municipios o provincias para producir pollitos, que aportan el financiamiento. Desde la cooperadora solo se podría promover la producción y venta por cooperadora.
