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La regulación es pedida hace tiempo por las juntas de Gobierno, que deben afrontar después los reclamos de los dueños de los lotes

Ante el avance de urbanizaciones que en muchos casos no cumplen requisitos mínimos de factibilidad y atendiendo la solicitud de numerosas Juntas de Gobierno para que se establezca una legislación clara al respecto, el Poder Ejecutivo provincial remitió a la Legislatura un proyecto de ley tendiente a regular los fraccionamientos referidos al uso y transformación de la tierra de rural a urbano, en los llamados «loteos».
La norma comprende diversos aspectos relacionados con la responsabilidad de las condiciones sobre las que se va a concretar la urbanización o loteo, tales como el trazado de calles, la obligatoriedad de disponer de espacios públicos, la implementación de los servicios y el impacto ambiental a tener en cuenta, entre otros importantes puntos.
El proyecto consta de 81 artículos y tres anexos y detalla las obligaciones y requerimientos que se tienen que tener a la hora de urbanizar las tierras rurales.
La legislación abarcaría todo el fraccionamiento referido al uso y transformación de la tierra de rural a urbano en lo que a los actos de subdivisión se refiere y que no estén comprendidas por la Ley 8.773
El Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobierno, trabajó en esta iniciativa teniendo en cuenta las reiteradas inquietudes planteadas por numerosas Juntas de Gobierno a través de la Dirección que las nuclea, por el creciente avance de urbanizaciones que en muchos casos no cumplen requisitos mínimos de factibilidad y que devienen en reclamos a las Juntas por parte de adquirentes de lotes, de servicios tales como agua, luz, recolección y procesamiento de residuos, seguridad y otros.
Compromiso legislativo
Tal como había anunciado que lo haría el gobernador Gustavo Bordet en su discurso ante la Asamblea Legislativa al abrir el año legislativo, con el proyecto se intenta dar un marco para «solucionar numerosos problemas» que hoy se tiene con las empresas que se radican fueras de los ejidos urbanos y que después exigen servicios y no cumplen con la tasas de contraprestación y también de numerosos loteos que se producen en las llamadas «zonas grises» de la provincia, se indicó desde el gobierno provincial.
Para armar la propuesta de ley, se tuvieron en cuenta trabajos de gestiones anteriores en los que ya habían abordado la temática desde diferentes aspectos, y en distintos periodos legislativos, para lo cual se recopiló material indispensable de relevamientos hechos con Juntas de Gobierno de toda la provincia.
También se evaluó el importante rol del Estado provincial a la hora de regular las etapas y requisitos que imprime el trámite administrativo para la presentación y posterior aprobación de proyectos de subdivisión y urbanización de inmuebles rurales; previendo en esta iniciativa los requisitos mínimos que deben observarse al respecto, para generar un marco normativo que regula dichos fraccionamientos.
Así como también la necesidad de prevenir probables efectos no deseados en el territorio producto de la aplicación de las normas vigentes que no contemplan las nuevas dinámicas y efectos territoriales de la subdivisión de inmuebles rurales.
Varios casos
Si bien los casos de controversias por los loteos de terrenos rurales son numerosos, lo que evidencia la importancia de haber contado antes con la legislación adecuada, uno de los incidentes más conocidos fue una discusión escandalosa (cuyo audio se viralizó) entre el presidente de la junta de gobierno de Aldea María Luisa, Luis Schoenfeld, y el empresario inmobiliario crespense Fernando Alberto Huck, por estos motivos.

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