La magistrada rechazó la incorporación de la querella en representación de la actual gestión municipal que acusó a Ariel Robles de Peculado. Antes, otra jueza había autorizado a intervenir a dos abogados. Se analiza si se eleva a juicio.
Fue más que llamativo lo sucedido hoy en la audiencia en la que se debía analizar la elevación a juicio en la causa que se le sigue al exintendente de Crespo Ariel Robles y dos exfuncionarios quiénes fueron imputados del delito de Peculado. Palabras más, palabras menos se le endosó la «pérdida» de 1.102.000 pesos; sin embargo hubo fuertes críticas de la jueza Marina Barbagelata, primero hacia la fiscalía por no ajustar la acusación, y dispuso rechazar la participación de la querella.
La audiencia tenía por objetivo cerrar la investigación penal preparatoria y disponer la elevación a juicio, sin embargo esto no se pudo cumplir en un ciento por ciento. La jueza Marina Barbagelata exigió a las partes varias cuestiones para «enderezar» el expediente judicial.
Lo primero que resolvió fue aceptar el pedido de los defensores del exintendente justicialista Ariel Robles, como de sus exsecretarios de Gobierno, Jorge Jesús Waigel, y de Hacienda y Economía, la contadora Leonor Evangelina Winderholle.
Los abogados defensores Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli reclamaron que se anulara en la causa la participación de la querella particular. De esta manera, se reclamó que los letrados que llegaron con la función de apuntalar la denuncia de la actual gestión municipal de Cambiemos en Crespo, no siguiera participando de la investigación, sencillamente porque fueron mal incluidos.
Tras escuchar los alegatos, la jueza les dio la razón a los defensores y les pidió a los abogados Rubén Pagliotto e Iván Vernengo que se retiraran del espacio habilitado en el salón.
La magistrada entendió que su par, la jueza Paola Firpo había incurrido en un grave error al permitir la legitimación de la querella, por entender que estuvo mal constituida su incorporación a la causa.
Se avaló el argumento que marca el artículo 82 del Código Procesal Penal que indica que el Estado cuenta con la fiscalía para empujar la acusación y no le está permitida la constitución de acusado privado.
Para cerrar la discusión Barbagelata enunció que la jueza de Garantías (por Firpo) emitió una resolución que no se ajusta a derecho «por tanto es nula».
El destino del dinero
Con posterioridad los fiscales Franco Bongiovanni y Gonzalo Badano notificaron de la causa por Peculado en la cual los tres crespenses fueron denunciados por haber realizado en la gestión de gobierno entre 2011 y 2015, maniobras irregulares en la entrega de subsidios para personas de bajos recursos. Se hizo saber que la entrega de la ayuda económica se hizo sin respetar las ordenanzas municipales, como el marco regulatorio de los organismos de contralor provincial.
Es más, se calificó la acción de inminentemente política y proselitista sin ningún tipo de resguardo contable y administrativo la aparente entrega de dinero o materiales.
Si bien la denuncia de la actual gestión municipal del signo partidario contrario al de Robles, entendió que se «perdieron cerca de 2.000.000 de pesos entre diciembre de 2014 y septiembre de 2015, la fiscalía ajustó los números y determinó que la plata que faltaba llegaba al 1.100.000 pesos.
Tras el pedido de elevación a juicio, la defensa reclamó la nulidad de la causa o el sobreseimiento por entender que no estaba clara la acusación.
Al final de la audiencia, una vez más Barbagelata dejó su impronta y anunció que rechazaba el planteo de nulidad de los acusados, pero que le reclamaba a la fiscalía mayor precisión y profundización de la imputación, para lo cual dijo: «es como atribuir a una persona el delito de homicidio, pero sin poner el nombre de la persona que fue asesinada».
El 23 de octubre se volverán a ver las caras, y allí se escucharán las ponencias de las partes. Si se mejora el encuadre de la acusación, se podría elevar a juicio, de lo contrario, la defensa insistirá que no están garantizados los derechos de los tres imputados.
(Uno)