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La causa estuvo paralizada en la Justicia durante muchos años. La mayoría de los procesados por los escalofriantes hechos son de Oro Verde y otros de Paraná. Entre ellos hay un comisario general retirado. Deberán afrontar un juicio.
Los niños comenzaron a ser abusados por su madre, los abuelos y el tío con su novio. Luego hacían rituales, se alcoholizaban y los ofrecían a los «invitados». Finalmente, y tras muchos años en los que la causa estuvo paralizada, la fiscal Laura Cattáneo retomó a investigación. Se procesó a 11 personas, entre ellos a un comisario general retirado y también productor de televisión. Los mismos apelaron esta medida, pero el Tribunal número 2 de Paraná confirmó los procesamientos y los acusados irán a juicio.
El varón, según precisaron fuentes judiciales, habría sido abusado durante el período comprendido entre 2005 y 2011; su hermana menor, en el período 2006-2011; y la más chica, en el período comprendido entre 2009 y 2011.
El caso
En agosto pasado se conoció que el juez de Transición Nº 2, Gustavo Maldonado dictó el procesamiento de 11 ciudadanos, la mayoría oriundos de Oro Verde y otros de Paraná, que fueron imputados por los presuntos delitos de Corrupción de menores, Abusos sexual simple, Abuso sexual con acceso carnal y Abuso sexual agravado, en infracción a los artículos 125, 126 y 119 del Código Penal.
Según la investigación que logró reflotar la fiscal Laura Cattáneo, se trataría de hechos reiterados en perjuicio de tres hermanos, un varón y dos niñas.
Una causa «dormida»
Poco tiempo después, durante el programa El Ventilador de Elonce TV, el periodista de policiales, Néstor Bellini, detalló que «la causa empezó a sustanciarse a partir de una denuncia que se presentó en Tribunales en julio de 2013. Los hechos datan de 2005 a 2011 y las víctimas son tres niños. La causa desde 2013 a 2017 estuvo prácticamente dormida. Hubo una decisión del Ministerio Público Fiscal de reflotar esta causa, la fiscal Laura Cattaneo se la puso al hombro, volvió a revisar las Cámara Gesell y vio que lo que se empezó a investigar como un abuso intrafamiliar en un solo caso respecto a una sola víctima, en realidad era algo mucho más amplio, continuado en el tiempo y que involucraba a terceras personas».
«La fiscal pidió la nulidad de todo lo actuado hasta septiembre de 2017 y dio una ampliación de requerimiento fiscal, revisando las imputaciones. El 24 de agosto hubo una rueda de reconocimiento donde los chicos volvieron a los Tribunales de Paraná, siendo ya mayores de edad, y reconocieron a varias de las personas, sindicadas como sospechosas de haber sido partícipes de estos abusos sexuales en rituales», comentó.
Asimismo, dijo que «entre los 11 imputados hay dos policías y uno de ellos es un comisario general: Mario René Wolff Furlong. Ahora él está retirado, pero en ese momento estaba en actividad. En el expediente hay datos que hablan de que este hombre podría tener una responsabilidad aún mayor que la que se le atribuye respecto a los abusos. Hay un dato que dice que este hombre habría liberado la zona de camino hacia Santa Fe por el Túnel para trasladar a una de las víctimas a la vecina provincia».
Finalmente, se confirmaron los procesamientos
En los últimos días, el Tribunal de la Sala Nº 2 de Paraná confirmó los procesamientos de todos los imputados en la causa por abusos contra menores en Oro Verde que rescató la fiscal Laura Cattáneo. Deberán ahora afrontar el juicio por varios hechos enmarcados en los delitos de corrupción de menores reiterada y triplemente agravada por la edad de las víctimas y el vínculo y abuso sexual con acceso carnal.
Según se publicó respecto a este tremendo caso, los menores eran víctimas de un plan sistemático. Cuando los chicos empezaban a abandonar la etapa de bebés y se acercaban a la niñez, la madre los empezaba a «preparar» físicamente para que sus partes íntimas luego «aceptaran» los abusos sexuales a los que ella misma los sometía y a los que los someterían más tarde los clientes que integraban una red de prostitución infantil en la localidad de Oro Verde, a pocos kilómetros de Paraná, la capital de la provincia.
Según consta en la investigación judicial que lleva adelante la fiscal Laura Cattáneo, los hechos habrían ocurrido entre 2005 y 2011, época en la que dos de cuatro hermanos fueron abusados y violados tanto por el círculo más cercado de su familia materna, incluyendo su madre, como por personas vinculadas a la familia que terminaron convirtiéndose en clientes de la red de prostitución infantil.
Tras casi seis años desde la primera denuncia en 2013, el Tribunal de la Sala Nº2 de la justicia de Paraná, integrado por Gustavo Pimentel, Gervasio Labriola y Alejandro Grippo acaba de confirmar los procesamientos de todos los imputados: son 11 personas que deberán ahora afrontar el juicio por varios hechos enmarcados en los delitos de corrupción de menores reiterada y triplemente agravada por la edad de las víctimas y el vínculo y abuso sexual con acceso carnal, indica un informe de Diario Junio.
Quiénes son los acusados
Además de la madre, una tía, un tío, y el abuelo materno, entre los 11 procesados se encuentra Mario René Wolff Furlong, un comisario general hoy retirado de la Policía de Entre Ríos pero en funciones durante la época en la que habría cometido los abusos, indica el informe del medio, realizado por la periodista Laura Terenzano.
Según consigna Diario Junio, Wolff Furlong se dedica hoy a la venta de publicidad y a la producción de programas de televisión a través de la productora Crónicas Urbanas S.A. , empresa que formó en junio de 2018 junto a una mujer llamada Astrid María del Mar Ortiz Basso. A través de esta empresa realiza la comercialización de publicidad en distintas localidades de la provincia y produce el programa Cuestión de Fondo que conduce el periodista Daniel Enz.
Los otros acusados que ahora enfrentarán el juicio son: Daian Amaro Castro; Natalia Yanina Almeira; María Rosa Abdala; Gladis Schlottahuer; Ana Marina López; y Aldo Ignacio González, un hombre consignado en el expediente como locutor de radio de la ciudad de Gualeguaychú.
Los detalles de los escalofriantes hechos
A la madre de los menores se la acusa de haber llevado a cabo diversas conductas que alteraron el normal desarrollo sexual, tanto psíquico como fisiológico, de los menores despertándoles una temprana sexualidad y desviándoles el desarrollo de su futura libido. Es decir, de haberlos «preparado» para que sus cuerpos «toleraran» los abusos sexuales a los que luego los sometería.
Esas «preparaciones» consistían en actos sexuales de ella con sus hijos en los que los masturbaba o los obligaba a realizar acciones sobre su propio cuerpo: ella adulta y los niños con 5, 6 o 7 años de edad.
Según consta en el expediente en el que el Juez Gustavo Maldonado solicita el procesamiento de los 11 acusados, los menores ratificaron en diversas Cámaras Gesell el modus operandi de la madre para los abusos: en los dos casos, cuando cometía estos abusos, lo hacía en soledad con alguno de sus hijos. Por eso, el hermano y la hermana que fueron los abusados y violados, nunca supieron que al mismo momento les estaba pasando lo mismo.
Además de someterlos desde muy pequeños, la madre habría obligado a los menores a participar de orgías y fiestas sexuales entre adultos, al principio como «observadores» pero luego ya obligándolos a ser parte activa de los actos sexuales que allí se realizaban.
Las «fiestas» y los rituales, según consta en los testimonios a lo largo de los años que los menores – hoy mayores de edad – fueron dando ante la fiscal Cattáneo, sucedían en viviendas particulares de la localidad de Oro Verde, a unos 10 kilómetros de Paraná.
Pero os abusos y las preparaciones habrían comenzado mucho antes, cuando la familia residía en Mar del Plata. Desde entonces, reconocen las víctimas, la madre los habría preparado para esta situación. La complicidad de gran parte de la familia materna habría facilitado que las atrocidades fueran cometidas, incluso, en el propio hogar familiar ante la ausencia del padre de los niños.
Ya instalados en Oro Verde, la madre habría comenzado a vender a sus hijos ofreciendo sus cuerpos a cambio de dinero. Es en esta instancia en que la causa pasa de tener 4 a 11 procesados. En una primera etapa de la investigación, la fiscal había imputado solamente a la madre, la tía, el tío y el abuelo – la abuela fue declarada insana y apartada de la causa -. Pero tras la reactivación de la investigación en 2017, la fiscal detectó en los relatos de los menores la identificación de siete personas más que eran quienes compraban los servicios sexuales de los menores.
En los relatos en Cámaras Gesell, las víctimas empezaron a nombrar a los acusados por sus apodos. A raíz de un trabajo de largo tiempo, la fiscalía logró avanzar en los testimonios hasta identificar con nombre y apellido a los 11 acusados. Esos datos de identidad fueron confirmados en varias ruedas de reconocimiento, en distintas etapas de la investigación judicial, de la que participaron las víctimas.
Todos los testimonios de las víctimas fueron respaldados durante todo el proceso judicial por informes médicos forenses, informes de peritos psicológicos y psiquiátricos. Según dijo el propio juez Maldonado en el pedido de procesamiento: «Lo narrado por los jóvenes al padre y a sus psicólogos, luego en sede judicial en distintas partes del proceso, abarcando el paso de los años, ponen de manifiesto haber sido objeto de tratos deshonestos y haber sido utilizados como mercancía por terceros, ya por dinero o por simple placer personal en un continuo menosprecio por la dignidad».
En otro párrafo, consigna el Juez Maldonado que «el daño ocasionado a los hermanos queda también expuesto y debidamente acreditado con los informes y testimoniales de los profesionales que los abordaron (. . . ) y que ello se desprende por los signos que según los psicólogos intervinientes aún perduran«.
«En 30 años de profesión no conocí un caso así»
Los abogados Guillermo Mullet, Rubén Pagliotto, Hugo Gemelli, Pereyra del Castillo, Kunzi y Schonfeld, en representación de los once imputados en el caso, habían apelado el procesamiento. En esa instancia, Pagliotto reconoció a Elonce TV que el caso «es un hecho gravísimo en el que hay muchos ciudadanos involucrados y sobre todo, menores, algunos que ya no lo son».
«En 30 años de profesión no conocí un caso así. Es un tema muy grave, que trasciende la normalidad», remarcó el defensor de uno de los imputados.
Respecto de qué podría acontecer, el abogado estimó que, «es de manual que, puede confirmarse el procesamiento, retrotraerse a un estadio intermedio por falta de mérito a través del cual no habría mérito suficiente para procesar o sobreseer, o el sobreseimiento».
