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El próximo jueves 2 de mayo deberán concurrir a los Tribunales de Gualeguaychú el actual diputado provincial y exintendente de Larroque, Raúl Riganti, y el ex secretario de Gobierno de la municipalidad, Leonardo Hassell.
Tanto el legislador Riganti como el actual candidato a intendente del PJ, Hassell, son investigado en la causa Nº 2.358/16 caratulada “Benedetti, Héctor Darío S/su denuncia”, que se inició en 2016, por posible corrupción a través de sobreprecios en un proyecto para el asfaltado de 14 cuadras durante la segunda gestión kirchenerista al frente a la comuna de Larroque. La resolución de la Justicia reza “citar a prestar declaración en carácter de imputado a (…) Raúl Alberto Riganti en fecha 2 de mayo a las 9; a Leonardo Martín Hassell a las 11”.
Asimismo, fija la fecha para que a “Norberto Miguel Marchesini (ex secretario de Hacienda de Larroque) se le reciba declaración en fecha 3 de mayo a las 9; a Juan Carlos Rochelle a las 11” como ex secretario de Obras Públicas y también determina la indagatoria al directivo de la empresa Organización Industrial Construcciones SA, Néstor Alejandro Herenú, que será “el 9 de mayo a las 11”, consignó el portal R2820.
Estado de la causa
La causa por 14 cuadras de asfalto en Larroque no fue elevada a juicio porque el juez de Garantías, Tobías Podestá, entendió que hubo formulaciones acusatorias incorrectas.
A más de tres años de iniciado el proceso contra la empresa contratista del Estado Municipal, OICSA, y el entonces intendente peronista Raúl Riganti y sus funcionarios comunales más cercanos -como el ex secretario de Gobierno- la causa está detenida y volvió a su etapa de apertura.
Para el juez Podestá no está especificado el rol y las imputaciones a los cinco acusados de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública con el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” y ordenó que la Fiscalía vuelva a tomar indagatoria a cada uno de ellos y realizar nuevas imputaciones. Ese proceso arrancará el próximo 2 de mayo.
A los imputados Riganti, Hassell y Marchesini se les adjudicó la figura de coautores. En tanto, a Rochelle la de partícipe necesario, al igual que a Hereñu, por la “presunta comisión del delito de fraude en perjuicio de la administración pública bajo la modalidad defraudatoria”.
La obra cuestionada
Desde la asunción de la administración de Cambiemos a cargo de Darío Benedetti se concretó una auditoría interna en la Municipalidad de Larroque por supuestas irregularidades. Los auditores externos detectaron que la obra de pavimentación de 14 cuadras adjudicada en forma directa y sin licitación a OICSA contemplaba un pagó total de 13 millones de pesos, es decir, cada cuadra costaba cerca de un millón de pesos.
El sobreprecio que se denunció en 2016 rondaba entre un 100 y 150 por ciento del valor real de la obra y se habría facturado cordones cuneta y badenes construidos por anteriores administraciones municipales, según la denuncia formulada por Darío Benedetti.
La obra era financiada por el Ministerio de Planificación de la Nación, entonces a cargo de Julio De Vido, quién celebró un convenio con Riganti en mayo de 2015, a través de la Subsecretaría de Desarrollo y Vivienda, para la construcción del asfalto por un monto de 21,6 millones de pesos.
La denuncia original de Darío Benedetti relata que, mediante una resolución del presidente del Concejo Deliberante, y sin aprobación del cuerpo legislativo, Riganti evitó llamar a una licitación pública, en contra de lo que determina la ordenanza de compras del Municipio, y otorgó la obra mediante un simple concurso de precios.
Curiosamente, no se convocó a ninguna empresa de la zona, ni tampoco a las firmas registradas en el listado de proveedores de Larroque. Riganti invitó a cotizar a OIC S.A; a Néstor Szczech; y a L y Construcciones SA, tres de las principales contratistas de obra pública en el gobierno del ex mandatario Sergio Urribarri.
La auditoría externa aportó un dato que revela una “puesta en escena” en el concurso de precios donde OIC SA cotizó la cifra más baja: la adjudicataria contrató el seguro de caución por mantenimiento de oferta el 17 de abril de 2015, esto es, 54 días antes del dictado del decreto que llamó a concurso de precios y fijó el presupuesto oficial.
En otras palabras, OIC SA estaba en conocimiento, dos meses antes, que la Municipalidad de Larroque convocaría el 11 de junio de 2015 a un concurso de precios para la construcción de 14 cuadras de asfalto con un presupuesto oficial de 21.645.121,95, para así contratar un seguro de caución de mantenimiento de oferta del 1 por ciento exacto calculado sobre dicho presupuesto.
Otro dato insólito del pliego elaborado en Larroque es que usaron planos de otra ciudad entrerriana. La auditoría independiente lo expuso así: “Tanto el plano de Perfil Transversal Trama Vial, como el plano que incluye la sección, la planta y el detalle de junta de los cordones cuneta y el plano de los badenes de hormigón armado pertenecen a la ‘Municipalidad de Colonia Avellaneda, Departamento Paraná, Entre Ríos’, pese a estar firmados por el subsecretario de Obras Públicas y Planeamiento de la Municipalidad de Larroque y referirse a una obra de este municipio”.
En mayo, a más de 3 años del proceso en marcha en la Justicia todo comienza de nuevo, con las indagatorias de los imputados en un caso de supuesta corrupción en el marco de la carterización de la obra pública en Argentina. Larroque es una expresión local del entramado que se trata de determinar si realmente funcionó a nivel país a través de los “cuadernos de la corrupción”.
