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El episodio ocurrió en el edificio Nido de Crespo. La causa investiga a unas 10 personas por los delitos tipificados en el Art. 205 del Código Penal. El artículo establece pena de 6 meses a 2 años de prisión.
El Gobierno de Entre Ríos denunció hoy ante la Justicia provincial a un grupo de personas que intentaron impedir la jornada de vacunación contra el coronavirus que se desarrolló el jueves en el edificio Nido de Crespo.
La ministra de Salud entrerriana, Sonia Velázquez, con el patrocinio del fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, formuló la denuncia contra 10 personas ante la fiscalía de turno.
Mientras se desarrollaba la jornada de vacunación en el edificio Nido «Adolfo Goldemberg», de Crespo, cerca de las 13:00, unas 10 personas ingresaron al lugar y se manifestaron a gritos alegando supuestos efectos de la vacuna en la salud de las personas, según señala la denuncia.
Uno de los médicos les pidió dialogar, pero el grupo continuó gritando contra el personal de salud y las personas que se encontraban en el lugar a punto de vacunarse.
Por ello, la directora del hospital San Francisco de Asís de Crespo, Sandra Scarso, realizó la denuncia policial y pidió intervención al Ministerio de Salud, quien hoy inició una causa judicial.
La causa investiga a las 10 personas por los delitos tipificados en el artículo 205 del Código Penal de la Nación.
El artículo establece prisión de seis meses a dos años a quien «violare medidas adoptadas por las autoridades para impedir la introducción o propagación de una epidemia».
Desde la cartera sanitaria admitieron que debido a las pruebas recolectadas se podrán encuadrar los hechos en otra figura penal, y/o vincular nuevos autores o partícipes.
Además, dijo que la situación actual donde «la ola de contagios casi triplica a la del año pasado pero no hay casi internaciones en terapia intensiva» se debe a «la histórica campaña de vacunación».
Las vacunas «son un bien social que contribuyen a la defensa de las personas ante una infección nueva de la que no tenemos defensas naturales, pero también son un acto de solidaridad social», agregó Velázquez.
Finalmente, la funcionaria provincial sostuvo que el Gobierno «respeta las decisiones personales que puedan tener», pidió como «imprescindible cuidar la convivencia democrática y que cualquier opinión sea volcada en paz».