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Una vez más el campo se pronunció sobre la vigencia actual de las retenciones, en momentos donde el pasado 31 de diciembre venció el plazo fijado en la Ley de Solidaridad Social que delegaba en el Presidente de la Nación reglamentar las alícuotas de las mismas.
Ante la imposibilidad que tuvo el gobierno de aprobar el Presupuesto del presente año, que incluía una prórroga por 2 años de esa facultad, desde el campo sostienen que convierte en nulo el Decreto 851/21 del 15 de diciembre pasado que fijaba las alícuotas del impuesto para este año.
“Las retenciones desde el 1º de enero deben ser de 0%. No deberían existir. Hay un vacío legal, ya que no puede haber tributo sin ley, y ley no hay. Los legisladores deber ir a su ámbito de trabajo y legislar al respecto. Desde la parte judicial, si hoy se cobran retenciones, estamos estudiando qué acciones tomar. Veremos en unos días cuando se termine la feria judicial, que camino vamos a elegir, pero nuestros abogados ya están abocados en este tema”, dijo días atrás en la asamblea de productores en Armstrong, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino.
Hoy decidieron los integrantes de la Mesa de Enlace opinar sobre la problemática. En un comunicado señalaron que frente a la la posibilidad de que el Congreso de la Nación lleve adelante sesiones extraordinarias, los dirigentes instaron “a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas legislativas a generar un espacio de debate que resuelva esta situación. En el marco de la falta de sustento legal que hoy presenta el impuesto a la retención de las exportaciones, se solicita al Poder Legislativo que se haga eco de esta crítica situación institucional que vive nuestro país”, publicó Infobae.
En el pronunciamiento de los representantes de los productores agropecuarios, se hizo hincapié en el pedido a las autoridades nacionales y a las fuerzas políticas “a asumir las obligaciones a su cargo y resolver en forma urgente esta situación. Nuestro país necesita reglas claras y justas que fomenten la institucionalidad democrática”.
También se recordó el momento crítico del sector por los efectos de la sequía, los incendios y la ola de calor, que están provocando pérdidas en varias provincias y donde se reclama una mayor presencia del Estado con herramientas concretas de ayuda, “este tipo de impuestos de imposición rígida ponen en jaque a muchos productores que aún no saben si van a salvar los costos”. Al respecto, esta semana la Mesa de Enlace de Córdoba y la Asociación Argentina de Productores Autoconvocados, reclamaron la eliminación total de las retenciones.
De cara a las próximas sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, la cuestión de las retenciones no figura en el temario, y si aparece el proyecto de desarrollo agroindustrial que promueve el gobierno junto al Consejo Agroindustrial Argentino. Pese a esto, hay sectores de la oposición que están promoviendo iniciativas de eliminar las retenciones de la soja y el maíz, para aquellas zonas afectadas por las condiciones climáticas adversas.
Relación tensa
Tras la asamblea de productores realizada días atrás en el distrito santafesino de Armstrong, la relación entre el gobierno y el campo sigue cargada de tensión.
Esta semana la Federación Agraria Argentina decidió realizar asambleas zonales para concluir en una reunión más masiva en febrero en Alcorta, tal como lo había propuesto el presidente de la entidad, Carlos Achetoni, en Armstrong. Además, los integrantes de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) organizaron en el distrito bonaerense de Rauch un nuevo encuentro zonal, para dialogar con los productores y luego presentar propuestas para que el Gobierno reciba el malestar que hay en el interior productivo.
Y finalmente en esta jornada, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) anunció que no asistirá a la convocatoria realizada por el ministerio de Agricultura para el miércoles que viene a la cadena de la carne vacuna, en el marco de las reuniones que sostiene el Consejo Federal Agropecuario. La intención oficial es analizar la puesta en marcha del Plan GanAr, que supone dispondría de 100.000 millones de pesos en créditos baratos para el desarrollo productivo, industrial y comercial del sector.
“Siguiendo lo dictado por el Consejo Superior Directivo de la institución, creemos que no están dadas las condiciones para trabajar y encontrar consensos. Tal cual lo hemos manifestado reiteradamente, no habrá Plan Ganadero posible en las condiciones en que la actividad ganadera nacional debe hoy desarrollarse. Intervenciones, cupos, prohibiciones, no conforman el marco adecuado para la búsqueda de consensos mínimos necesarios para asegurar el crecimiento de la actividad”, expresaron en un comunicado desde CRA.
