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Según datos del SNEEP surgidos del último censo penitenciario en todas las unidades del país (diciembre 2017), Entre Ríos se encuentra entre las provincias que más internos federales aloja.

Según datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) surgidos del último censo penitenciario en todas las unidades del país (diciembre 2017), Entre Ríos se encuentra entre las provincias que más internos federales aloja.

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Actualmente los internos federales comprenden el 21 por ciento del total de la población penal de Entre Ríos, tanto condenados como detenidos bajo prisión preventiva. Los establecimientos penitenciarios de la provincia albergan a 544 internos federales, de los cuales 234 tienen condena mientras que 310 se encuentran bajo prisión preventiva. Contemplando esta cifra y considerando que, en 2008, en el ámbito del Servicio Penitenciario de Entre Ríos (SPER), se alojaban 78 internos federales, la población penal dependiente de la Justicia Federal aumentó en un 600 por ciento.

Cabe señalar que en el país existen 32 unidades penales dependientes del Servicio Penitenciario Federal (SPF), pero ninguna emplazada en la Provincia; por lo que quienes delinquieron faltando a normativas nacionales en territorio entrerriano, deben ser alojados en el ámbito del SPER.

Según un informe del Servicio Penitenciario, cumplir con las medidas judiciales dispuestas en torno a los internos federales implica un significativo costo adicional que actualmente debe afrontarse con fondos provinciales en tanto Nación tiene atrasadas sus partidas presupuestarias. Un dato de referencia son los costos que implican los traslados de estos internos (traslados a la sede judicial, acercamientos familiares, entre otros). El SPER realiza en promedio 21 comisiones mensuales fuera de la Provincia que demandan un monto mensual estimativo de 411.370 pesos.

Luego de las gestiones encabezadas por la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, el gobierno nacional autorizó un pago parcial de las partidas presupuestarias atrasadas destinadas al Servicio Penitenciario. La suma que se recibirá terminará de saldar la deuda correspondiente al 2015, quedando aún pendientes los montos de los años siguientes.

A través de una Resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, fechada esta semana, el titular de la cartera, Germán Garavano, dispuso efectuar el pago de 11.547.000 de pesos a la Provincia en concepto de «alojamiento de internos federales en los establecimientos penitenciarios de Entre Ríos». En tanto, aún se adeudan las partidas anuales de los años 2016, 2017 y 2018, por un total de 179.119.725 pesos.

«Estos 11 millones, que el Gobierno Nacional se ha comprometido en pagar, serán íntegramente destinados a dar continuidad a la construcción de nuevos pabellones en el predio cedido por el Ministerio de Salud de la provincia a la Unidad Penal N°8 de Federal», anunció la ministra Romero.

«En tanto, desde el Ministerio de Gobierno y Justicia, se continúan los reclamos por vía administrativa para que el Estado Nacional cancele la totalidad de la deuda», indicó.

Ampliación edilicia

Con fondos provinciales, el gobierno de Entre Ríos viene realizando significativas remodelaciones en las unidades penales, atendiendo a la necesidad de adaptar, mejorar y ampliar las cárceles entrerrianas a fin de contar con espacios adecuados a las necesidades.

En este marco, respecto a las obras de infraestructura que se están llevando a través del SPER, se han edificado nuevos pabellones en las unidades penales de Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay, Victoria, Gualeguay, Federal y la Granja Penal de Gualeguaychú, lo que permitió habilitar 703 nuevas plazas de alojamiento.

Las obras de ampliación y la construcción de nuevos pabellones están atendiendo, paulatinamente, al crecimiento de la población carcelaria generado por el funcionamiento del actual sistema de enjuiciamiento penal en Entre Ríos, la intensificación de los procedimientos contra el narcotráfico, que se llevan a cabo en la Justicia Federal y, en menor medida, la aplicación de la Ley Provincial N° 10.566 de Narcomenudeo.

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