El senador nacional reconoció que las personas involucradas en manejos irregulares de dinero estaban en su órbita, por lo que ordenó su inmediata baja del servicio.
El senador nacional Pedro Guastavino (FpV – Entre Ríos) reconoció que los tres empleados legislativos involucrados en manejos irregulares de dinero eran «contratados monotributistas» por él en el Senado Nacional.
«Son contratados míos que tenían la función en Paraná de trabajar en territorio en temas que tienen que ver con trámites de jubilaciones, pensiones y otras cuestiones que siempre se demandan para que yo realice en la Nación. Eran contratados monotributistas y ejercían esa función para mí, contratados por el Senado de la Nación», admitió.
De todos modos, manifestó su «sorpresa» por la detención de las tres personas y la causa judicial que los involucra e informó que ante esta situación inició «el trámite para dar de baja de forma preventiva los contratos hasta que la justicia actúe y el tema se aclare». También dijo desconocer «si desarrollan funciones en la Legislatura provincial» y explicitó: «La única relación que tengo con ellos es a partir del contrato que se ha firmado con el Senado de la Nación. La otra actividad que puedan llegar a desarrollar no la conozco, por eso estoy a la espera de toda la información».
En ese marco, manifestó su total disposición para aportar a la Justicia: «Obviamente estoy a disposición de la Justicia para lo que me requiera; pero esto me sorprendió muchísimo y la pregunta que me estoy haciendo es que estaban haciendo ahí, a qué estaban dedicándose». El senador provincial Raymundo Kisser (Cambiemos-Paraná) también se refirió al tema.
En declaraciones realizadas a Radio Del Plata de Paraná, Guastavino se refirió a la situación de los tres empleados: «Cuando me enteré de esto, la sorpresa mía fue enorme porque me preguntaba qué estaba pasando y qué estaban haciendo estas personas allí, y de forma inmediata inicié el trámite para dar de baja de forma preventiva los contratos hasta que la justicia actúe y el tema se aclare».
En ese marco, admitió: «Son contratados míos que tenían la función en Paraná de trabajar en territorio en temas que tienen que ver con trámites de jubilaciones, pensiones y otras cuestiones que siempre se demandan para que yo realice en la Nación. Eran contratados monotributistas y ejercían esa función para mí, contratados por el Senado de la Nación».
Reconoció que «seguramente los conozco desde el tiempo en la vicegobernación» pero dijo desconocer «si desarrollan funciones en la Legislatura provincial». «La única relación que tengo con ellos es a partir del contrato que se ha firmado con el Senado de la Nación. La otra actividad que puedan llegar a desarrollar no la conozco, por eso estoy a la espera de toda la información. Por eso mi sorpresa y de inmediato iniciamos el trámite para dejar sin efecto preventivamente sus contratos», sentenció.
Agregó que «Todavía no hablé con nadie ni pude tomar contacto con nadie, y estoy esperando saber cómo es la cuestión, que fue lo que ocurrió» y se puso a disposición de la Justicia: «Obviamente estoy a disposición de la Justicia para lo que me requiera; pero me sorprendió muchísimo esto y la pregunta que me estoy haciendo es que estaban haciendo ahí, a qué estaban dedicándose».
«Esta función genera permanentemente demandas y ellos hacían los trámites de todo tipoy me las mandaban a Buenos Aires con alguien que siempre viajaba, porque voy poco a Paraná», reiteró.
Explicitó además que «los contratos de monotributistas se renuevan cada seis meses o algo así, y su función formaba parte del trabajo que se realiza en el territorio donde siempre hay quienes plantean, fundamentalmente en el terreno social, cuestiones que tienen que ver con trámites de salud, pensiones, jubilaciones que se tratan de resolver desde Buenos Aires».
Por último, aseguró que «nunca antes» había vivido una situación similar: «Jamás, esta es la primera vez que me ocurre este tipo de cosas».
«Para que esto cambie tenemos que ser gobierno», afirmó Kisser
Tras la detención de tres empleados relacionados a la Legislatura de Entre Ríos, que desde 2013 revisten en planta transitoria del Senado de la Nación, en declaraciones realizadas a Radio De la Plaza, el senador provincial Raymundo Kisser (Cambiemos – Paraná) dijo conocer «muy poco» de la situación. Explicó que se enteró del tema «el miércoles por comentarios que nos hizo el presidente del bloque, Francisco Morcchio, que estuvo reunido con el vicegobernador (Adán Bahl) quien le comentó el relevo de Gustavo Pérez y lo que ocurrió con los empleados».
«Todos sabemos que en la Legislatura las cosas nunca estuvieron muy claras, pero otra cosa no sé. De todos los empleados que tengo contratados solo tres cobran con tarjetas los demás cobran con choque porque están distribuidos en el Departamento y no son muchos tampoco. El problema es grave porque que alguien aparezcan con tarjetas de débito y en la cantidad que se dice significa que hay una falta de control en esta cuestión», afirmó.
«En su momento le planteé al vicegobernador la situación del ex vicegobernador José Cáceres porque tenía la versión de que seguía cobrando del Senado, y efectivamente me confirmaron que había quedado como empleado de planta permanente, no sólo él sino también un lote de amigos y empleados que siguen cobrando del Senado», reveló.
«Mucho no sé de esto, y como oposición la información que tenemos es muy escasa», reiteró el legislador y agregó que «también pregunté por una casa que se había quedado Cáceres frente a Casa de Gobierno, en calle Santa Fe, y pareciera que hay gente que son intocables y algun día esto se tendrá que cortar y esclarecer». «Para que esto cambie tenemos que ser gobierno nosotros para transparentar todo esto, porque hoy tocar esa caja de la Legislatura y averiguar lo que se hace ahí adentro es bastante difícil. Es una preocupación que tengo, la manifesté en su momento pero es bastante difícil y complicado esclarecer todo esto», lamentó.
«No sabemos si el problema radicaba en diputados o Senadores, el vicegobernador le avisó que lo había relevado a Gustavo Pérez porque habían aparecido estas tres personas que fueron detenidas con tarjetas de débito cobrando en un cajero automático, y alertando de esto a los senadores, que estamos todos tranquilos porque tenemos muy pocos contratos, cada uno cobra su cheque, y no hay ningún problema».
En este contexto, Kisser señaló: «Que la justicia investigue me parece bien porque siempre había dudas en torno a esta situación». No obstante ello, adelantó que «en la próxima reunión de bloque, el miércoles que viene, vamos a analizar el tema porque han salido a la luz un montón de cuestiones».
«La información que tengo es muy limitada, pero esperemos que a partir de esto suministre mayor información sobre el funcionamiento de las Cámaras y aparentemente el mayor problema es en la Cámara de Diputados. Estas cosas no están previstas en el Reglamento pero eso no quita que no lo podamos plantear como bloque. De todos modos, soy respetuoso, hay una conducción de bloque y podemos plantear la cuestión pero queremos que el presidente del bloque sea el interlocutor con el vicegobernador», remarcó, según publicó Análisis.
La causa judicial
En la tarde del pasado 20 de septiembre, Flavia Marcela Beckman, Esteban Ángel Alberto Scialocomo y María Victoria Álvarez fueron interceptados por agentes de la Policía a la salida de un cajero del banco Bersa de calle Alsina con una mochila llena de dinero, luego de utilizar diversas tarjetas de débito.
Se recordó que en la madrugada de ese mismo día, la Policía allanó el domicilio de Beckman y encontró documentación y más plásticos, por lo que se dictó la prisión preventiva de los tres sospechosos, informó Página Judicial.
La causa está bajo secreto de sumario y la lleva adelante la fiscal Patricia Yedro bajo las órdenes de la flamante fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyenche. La jueza de Garantías es Marina Barbagelata.
Posteriormente se allanaron dos estudios contables que la Justicia entiende que están ligados a la Legislatura provincial. Del procedimiento –aparentemente– surgió información valiosa para la causa.
La situación produjo que el vicegobernador de la provincia, Adán Bahl, decidiera la remoción del director General de Administración, Gustavo Pérez, quien ocupaba ese cargo desde la gestión anterior.
En su lugar quedó Maximiliano Argento, un hombre de confianza del vicegobernador, que se estaba desempeñando como segundo de Pérez.