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En 17 años, la causa pasó por diferentes instancias en la Justicia entrerriana y transcurrieron cinco gestiones de gobierno. Los exfuncionarios están procesados del supuesto delito de peculado, por la sustracción de más de $6 millones de cuentas del Senado
Finalmente, y después de 17 años de idas y vueltas en los Tribunales, el exvicegobernador Héctor Alanís (1995-1999, segunda gestión de Jorge Busti); su sobrino Maximiliano Alanís, exdirector de Servicio Contable; el exdirector de Administración del Senado, José Crettón Pereyra; y el exvicepresidente primero del Senado y exlegislador provincial por la UCR, Humberto Ré, serán juzgado por el presunto desvío millonario de fondos del Senado, entre 1998 y 1999. Los exfuncionarios están procesados del supuesto delito de peculado, por la sustracción de más de $6 millones de cuentas del Senado.
El juicio estaba previsto para octubre de este año, pero fue suspendido. Ahora se fijó una nueva fecha: será en febrero de 2018. Comenzará el lunes 12 de ese mes y terminará el 28. Según el calendario de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), serán ocho días de debate oral y público: 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 y 28.
Fuentes judiciales confirmaron que en el juicio intervendrá el Procurador General Jorge Amílcar García, acompañado por el fiscal coordinador Alejandro Cánepa.
En 17 años, la causa pasó por diferentes instancias en la Justicia entrerriana y transcurrieron cinco gestiones de gobierno. En la sociedad entrerriana son pocos los que recuerdan este caso de corrupción considerado emblemático de la etapa bustista.
El paso del tiempo jugó a favor de los procesados. A tal punto, que el exvicegobernador de la segunda gestión de Jorge Busti (1995-1999) logró continuar en el Estado de la mano del entonces gobernador Sergio Urribarri, quien el 21 de agosto de 2008, mediante decreto N°4939, lo designó secretario de Interacción Municipal, área que dependía directamente de la Gobernación.
El desvío de fondos millonarios
La causa se abrió tras una denuncia radicada a fines de 2000 por la extinta Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), a cargo de Oscar Rovira. La acusación señala que en función de los cargos que ostentaban, los exfuncionarios pergeñaron una maniobra para apropiarse de dineros públicos.
La operatoria consistió en trasferencias de dinero de una cuenta corriente de la Cámara de Senadores en el Banco de Entre Ríos del “Programa 17” hacia el “Programa 18”. Esas trasferencias nunca se rindieron al Tribunal de Cuentas, por lo que no se sabe en qué se gastaron los fondos. Maximiliano Alanis fue el director del Programa 18; mientras que Cretton Pereyra estuvo a cargo de la Administración del Senado.
Esa maniobra, se consignó en la acusación, en una primera instancia habría permitido sustraer $5.912.825,20 pesos/dólares. Luego se habrían detectado maniobras irregulares con $220.000 pesos/dólares. La suma de ambas operaciones da como resultado 6.132.825,20 de pesos/dólares que nunca se encontraron.
Para conocer la maniobra, en el Ministerio Público Fiscal sometieron las cuentas del Senado a una exhaustiva pericia contable, y a estudios de planillas para dilucidar los movimientos de las transferencias entre los distintos programas.
En su momento, el contador del STJ, Nicolas Cozzi (actualmente fallecido), consideró que se corroboró que “no solo se ‘extraviaron’ los comprobantes a las rendiciones de la Administración de la Honorable Cámara de Senadores del Programa 18 y a la inexistencia de los mismos en los importes rendidos correspondientes a las transferencias de fondos del Programa 17 al 18, sino que además, han coadyuvado incumplimientos de normas y leyes, fundamentalmente en lo referente a controles por oposición que desmejoraron sensiblemente la situación respecto de obtener la información sobre el destino de dichos fondos”.
En el extensísimo expediente se encuentran las declaraciones testimoniales de asesores del Senado, auditores del Tribunal de Cuentas de los ’90, secretarios de los acusados y las declaraciones indagatorias. Además, entre la prueba existe una copia de una entrevista realizada por el periodista Martín Caparrós a Oscar Mori, ex secretario de Reforma del Estado de la provincia durante parte del segundo período de gobierno de Busti (1995-1999).
La entrevista apareció en un capítulo del libro El Interior, pero no se mencionó el nombre del exfuncionario, ya que en ella se revelaba cómo se financiaba la política con fondos públicos, se enriquecían funcionarios y se compraban medios y operadores de prensa. Luego la revista Análisis, que dirige el periodista Daniel Enz, reveló –con el permiso de Caparrós- que el funcionario que daba cuenta de los manejos espurios en la gestión bustista era Mori. Por ello, otra prueba en la causa son dos CD con la entrevista de Caparrós a Mori.
En el auto de remisión a juicio, la fiscal Laura Cattaneo, citando parte del procesamiento dictado por la jueza de Instrucción Marina Barbagelata, aclaró que el concepto de sustracción de caudales públicos, que se le achaca a los acusados, no significa que se hayan apropiada del dinero, ya que nunca se supo “el destino final que tuvieron tales caudales”.
De modo que la maniobra orquestada fue que se sustrajeron fondos de los canales administrativos mediante transferencias entre programas “siendo desviados hacia otros fines desconocidos”.
De procesamientos y sobreseimientos
El expediente caratulado “Alanis, Hector A. -Re, Humberto C. -Cretton Pereyra José M. – Alanis Maximiliano s/Peculado”, ha tenido varios idas y vueltas en la Justicia. En un período inicial, el caso quedó casi en el olvido. Luego de 10 años, los exfuncionarios fueron procesados el 30 de abril de 2013 por la jueza Marina Barbagelata, entonces a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 6 de Paraná. Más adelante, el 19 de septiembre de 2013, la Sala I de la Cámara del Crimen integrada por Elvio Garzón, Hugo Perotti, y Miguel Giorgio, dictó el sobreseimiento y revocó el procesamiento.
Más tarde, la fiscal Carolina Castagno fue en Casación, junto al Procurador General de la Provincia, Jorge Amílcar Luciano García; Sebastián Trinadori, Fiscal de Estado Adjunto de la Provincia; y Julián Aníbal Gracia, titular de la Oficina Anticorrupción y Ética Pública, constituido como querellante particular.
El 20 de agosto de 2014, la Sala Nº1 de Procedimientos Constitucionales y Penal del STJ, integrada por Carlos Chiara Díaz, Daniel Carubia, y Claudia Mizawak, hizo lugar al recurso de casación, anuló el sobreseimiento y ordenó que un nuevo tribunal dicte un nuevo pronunciamiento.
Finalmente, el 2 de noviembre de 2015, la Sala Nº 1 de la Cámara Penal de Paraná, integrado por los jueces Daniel Malatesta, Pablo Virgala y Marcela Badano, confirmó el procesamiento dictado por Barbagelata en 2013. El juzgamiento de los exfuncionarios será en febrero de 2018, casi dos décadas después de la denuncia que inició el largo peregrinar judicial.
Gonzalo Núñez
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.
