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El diputado provincial Julián Maneiro, del Interbloque Cambiemos, presentará un proyecto de ley para exigir que desde el Estado Provincial se regule la oferta de servicios adicionales o seguros por medio de los cajeros automáticos que operan en Entre Ríos
El legislador explicó que “la oferta de estos servicios, en muchos casos engañosa, apunta a sectores menos familiarizados con la tecnología. Un caso concreto es la oferta de un seguro de bolso de mano que aparece en el cobro de haberes de los jubilados y que induce al error de los usuarios que no quieren tomarlo, ya que la similitud con la operatoria normal del cobro de haberes los confunde”.
“El objetivo del proyecto es proteger a los usuarios de servicios públicos y privados, establecer un freno o al menos una regulación a estas estrategias de venta que cada vez avanzan de forma más agresiva y con nuevos productos y, lógicamente, no sobrecargar el uso de la red de cajeros en estos momentos en los que, en muchos lugares, están colapsados. Se debe lograr que ese tipo de propuestas a los usuarios se realicen en forma personalizada o por medio se otras vías de comunicación que no induzcan ni promuevan el error o a la contratación de servicios que no se tiene interés en sumar”, agregó.
Los fundamentos
Maneiro señaló que “la utilización de cajeros automáticos se ha convertido en una acción casi cotidiana para la gran mayoría de los ciudadanos. A su vez, forma parte de una escenografía habitual, en la mayoría de las ciudades entrerrianas, la fila de personas esperando su turno para hacer uso del cajero. Ese uso no solo tiene que ver con el retiro de dinero, sino también con otro tipo de transacciones, lo que muestra el faltante de la infraestructura necesaria, en especial en la entidad que brinda el servicio de agente financiero del Estado Provincial”.
Argumentó además que teniendo en cuenta el notable incremento de personas “bancarizadas” en los últimos años, que generalmente realiza sus operatorias por medio de la red de cajeros automáticos, y «sumamos la incorporación de los beneficiarios de distintas modalidades de asignaciones que son parte de la Seguridad Social, observamos claramente una mayor presión sobre una red de servicios bancarios que no se ha ampliado lo suficiente”.
Por último se trajo a colación la Carta Magna provincial, que en su artículo 30 establece que se debe garantizar la defensa de los derechos de consumidores y usuarios de bienes y servicios públicos y privados, lo cual «consagra la protección de los individuos frente a los abusos que en una relación comercial o de servicios pueda existir. Esta suposición es demandante de una intervención normativa firme por parte del Estado provincial”.
FM SOL
