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El juicio se desarrollará los días jueves 8, viernes 9, lunes 12, martes 13, miércoles 14, jueves 15, viernes 16, lunes 19, martes 20 y miércoles 21 de marzo. Estas últimas tres audiencias se encuentran, de momento, suspendidas por la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA). El debate será en la Salón Sara Oyhampé, ante el Tribunal de Juicio integrado por los vocales Gervasio Labriola, Gustavo Pimentel y Rafael Cotorruelo.
Por el Ministerio Público Fiscal intervendrá el Procurador General Jorge Amílcar García, acompañado por el fiscal coordinador Alejandro Cánepa. La defensa está a cargo de los abogados Julio Federik y Leopoldo Lambruschini.
A pesar de que la fecha del juicio se acerca, la Fiscalía continúa las negociaciones con el exvicegobernador peronista Alanís y el radical Ré, para llegar a un acuerdo de juicio abreviado. De no alcanzarlo, el Ministerio Público Fiscal pediría en el juicio penas de entre 7 y 8 años de prisión efectiva.
La causa se abrió tras una denuncia radicada a fines de 2000 por la extinta Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), a cargo de Oscar Rovira. Esa maniobra, se consignó en la acusación, en una primera instancia habría permitido sustraer $5.912.825,20 pesos/dólares. Luego se habrían detectado maniobras irregulares con $220.000 pesos/dólares. La suma de ambas operaciones da como resultado 6.132.825,20 de pesos/dólares que nunca se encontraron.
La acusación
La acusación de la Fiscalía señala que entre 1998 y 1999 hubo un manejo de dinero poco claro en el Senado entrerriano. Los investigadores se centran en las trasferencias de una cuenta corriente de la Cámara Alta en el Banco de Entre Ríos del “Programa 17” hacia el “Programa 18”. Esas trasferencias nunca se rindieron al Tribunal de Cuentas, por lo que no se sabe en qué se gastaron los fondos. Maximiliano Alanís fue el director del Programa 18; mientras que Cretton Pereyra estuvo a cargo de la Administración del Senado. Héctor Alanís era el vicegobernador y por lo tanto presidente de la Cámara Baja; mientras que el radical Humberto Ré era el vicepresidente primero, durante la segunda gobernación de Jorge Busti, entre 1995 y 1999.
Esa maniobra, se consignó en la acusación, en una primera instancia habría permitido sustraer $5.912.825,20 pesos/dólares. Luego se habrían detectado maniobras irregulares con $220.000 pesos/dólares. La suma de ambas operaciones da como resultado 6.132.825,20 de pesos/dólares que nunca se encontraron.
El escrito de remisión a juicio elaborado hace tiempo por la fiscal Laura Cattáneo dice que los imputados “se apropiaron, previo acuerdo entre ellos, de fondos públicos del estado provincial cuya administración, en razón de los cargos que detentaban, les había sido confiada, por el importe aproximado de $ 6.132.825,20”.
Y agrega: “Para ello, pergeñaron la maniobra de depositar en la Cuenta Corriente 0939/5 de la Honorable Cámara de Senadores, en el Banco de Entre Ríos S.A., fondos asignados para el ‘Inciso 3.9.9 – Servicios no personales’ tanto para el Programas 17 como para el Programa 18, para luego realizar periódicas transferencias, del Programa 17 al Programa 18, por distintos importes, mediante libramientos de cheques contra la cuenta corriente antes indicada, consignándose en el Libro de Banco de la misma, que correspondían a ‘transferencias al Programa 18’ y rindiéndose las sumas transferidas con esa maniobra, en el Programa 17, como ‘transferencias al Programa 18’, comunicando mensualmente José Maximiliano Cretton Pereyra a la Auditora del Honorable Tribunal de Cuentas, que los comprobantes respaldatorios de la utilización de dichos importes serían rendidos oportunamente por el Programa 18. Sin embargo, el ingreso de los importes correspondientes a las transferencias nunca era consignado en la Planilla de Cargos y Descargos mensuales correspondiente al Programa 18, por lo que tales importes nunca fueron rendidos al Tribunal de Cuentas, permitiéndoles dicha maniobra sustraer la suma de $6.132.825,20 del control renditivo del Tribunal de Cuentas”.
En su momento, el contador del STJ, Nicolas Cozzi (actualmente fallecido), consideró que se corroboró que “no solo se ‘extraviaron’ los comprobantes a las rendiciones de la Administración de la Honorable Cámara de Senadores del Programa 18 y a la inexistencia de los mismos en los importes rendidos correspondientes a las transferencias de fondos del Programa 17 al 18, sino que además, han coadyuvado incumplimientos de normas y leyes, fundamentalmente en lo referente a controles por oposición que desmejoraron sensiblemente la situación respecto de obtener la información sobre el destino de dichos fondos”.
Eventualmente, con la condena de los acusados, se abre la posibilidad para que el Estado recupere a través de un Juicio de Cuenta, el perjuicio al erario público. “Si fuiste funcionario y se te atribuye un desempeño que haya generado un daño al erario público, el Estado puede gestionar un acuerdo para que se pague un monto de dinero o puede accionar con un juicio civil”, explicó un investigador al tanto de las negociaciones entre la fiscalía y los abogados de los imputados. Se recordó que a ese tipo de acuerdo también llegaron otros funcionarios condenados por corrupción, como el exvicegobernador Domingo Daniel Rossi y Oscar Mori, ex secretario de Reforma del Estado de la provincia durante parte del segundo período de gobierno de Busti (1995-1999).
