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El Bloque de Senadores provinciales del Justicialismo repudió el operativo policial que el gobierno entrerriano montó para amedrentar a un grupo de militantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) que estaban haciendo una pintada en un muro de Concepción del Uruguay autorizados por el propietario del inmueble. «Es imperioso determinar quién dio la orden”.
«Creemos que ante hechos de este tipo no debemos demorar un segundo en encender luces de alarma. En democracia, las formas son el fondo», expresaron a través de un comunicado.
«Los problemas de la democracia, como decía Raúl Alfonsín, solo se pueden afrontar con más democracia. Por eso el ejercicio de la libertad de expresión no puede ser puesto en cuestión de ningún modo. En democracia, el Estado es su resguardo, su garante, no la intimidación ni la “persuasión” forzada», señalaron
«¿Desde cuándo la labor de la policía entrerriana es identificar a personas que se encuentran realizando pintadas (y en un lugar con autorización, como era en este caso)? ¿Cuál fue la razón de este desmedido operativo policial? ¿Qué instrucciones tenían? ¿Quién ordenó realizar este tipo de acciones, que pisan peligrosamente la línea de las acciones de inteligencia otrora tristemente célebres, y que, además, se encuentran expresamente prohibidas? «, preguntaron los senadores peronistas.
«Es imperioso determinar quién dio las órdenes (pues no creemos que hayan surgido de una iniciativa policial) para realizar una acción de este tipo, que apunta inequívocamente a intimidar a ciudadanos y ciudadanas de la provincia», expresaron.
«¿Necesitamos reiterar que se encuentran ampliamente protegidas en sus derechos a reclamar y protestar por la Constitución Entrerriana y por supuesto por la Constitución Nacional?», continuaron.
Resaltaron además que «una actitud como la denunciada por el gremio docente significa un retroceso en términos de libertad de expresión y protesta en una provincia que desde hace décadas no registra episodios de amedrentamiento a militantes gremiales o sociales. Este no es ningún “salto de calidad”, sino una alarma».
«El derecho a manifestarse, a reclamar o peticionar, a asociarse libremente con otros en el espacio público no es cualquier derecho. Se trata de un derecho que sustenta las bases de nuestro sistema político y constitucional. Es la pieza fundamental de una democracia activa en la que todos los sectores sociales pueden expresar sus inquietudes a las autoridades cualquiera sea el partido gobernante», puntualizaron. (APFDigital)
