Revuelo en la política por el rumbo de la investigación de contratos legislativos

La investigación por un presunto delito cometido en la Legislatura entrerriana avanza sin que se conozcan demasiado detalles a raíz de que se mantiene el secreto de sumario. El miércoles los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, con la coordinación de la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche, allanaron dos estudios contables, como reveló Página Judicial, en búsqueda de documentación probatoria.

Según se sabe, la causa se inició el 20 de septiembre por la tarde, cuando Flavia Beckman, Esteban Scialocomo y María Victoria Álvarez fueron detenidos por agentes de la Policía a la salida de un cajero del banco Nuevo Bersa de calle Alsina y Gualeguaychú en Paraná. Según la información periodística tenían en su poder una mochila con dinero y varias tarjetas de débito de otras personas, no se sabe cuánto era exactamente el efectivo ni la cantidad precisa de tarjetas.

La hipótesis es que se hicieron contratos a personas que prestaban su nombre y que a cambio de ello percibían un porcentaje menor del monto total, que quedaba para quienes realizarían la maniobra. En esa misma línea de razonamiento, se entiende que los allanamientos a los estudios contables buscaban constatar el pago de los impuestos de esos prestanombres.

Hasta allí lo poco que se sabe, a partir de trascendidos, de la causa que impulsa la fiscal Cecilia Goyeneche.

En el ámbito político se sospecha de la veracidad de esta versión en cuanto a la casualidad que habría originado la investigación. La versión inicial indicaba que Beckman, Scialocomo y Álvarez habían tenido un entredicho con un policía que realizaba tareas de vigilancia en el cajero. Sin embargo, hay quienes entienden que se trató de un seguimiento, dado que no necesariamente llama la atención que una persona vaya con más de una tarjeta al cajero.

Mucho más si se considera la celeridad con que se sucedieron medidas judiciales posteriores, ya que un par de horas después les dictaron la prisión preventiva a los detenidos por un plazo de 30 días; y que unas horas después se produjeron allanamientos, una en la casa de Beckman donde se detuvo también a su pareja, Hugo Mena; y posteriormente a otra persona de apellido Bilbao.

La ya conocida tensión entre sectores políticos y del Poder Judicial se reavivó con este caso. Si bien el senador nacional Pedro Guastavino se adelantó a admitir que los tres detenidos inicialmente son contratados suyos en el Senado nacional, no existiría una relación entre la Cámara nacional y el mecanismo investigado, sino que se apunta a las cámaras de Senadores y Diputados de la Provincia; con énfasis inicialmente al Senado, donde el titular del cuerpo –el vicegobernador Adán Bahl– ya separó de su función al director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara, Gustavo Pérez, e inició una investigación sumaria.

Esa tensión se alimentó en estos días de algunos gestos, como la presencia de la coordinadora de la Fiscalía Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, en la presidencia de ambas cámaras para diligenciar personalmente un oficio reclamando la información de los contratos elaborados durante los últimos 10 años, incluyendo además del monto y el beneficiario, otros detalles como por ejemplo qué legislador lo solicitó.

Una información similar requirió poco después el Tribunal de Cuentas, que tiene designados auditores en ambas cámaras, aunque su presidente, Federico Tomás, aclaró luego que desde el punto de vista de la documentación rendida ante ese organismo de control no se habían encontrado irregularidades.

Aseguran que el vicegobernador se vio sorprendido por la inmediatez de la requisitoria de la fiscal, lo mismo que el secretario de la Cámara de Diputados, Nicolás Peirini. La requisitoria no fue bien recibida por legisladores de las diferentes bancadas, y los interrogantes se acrecentaron cuando trascendió que habría existido un llamado desde el primer piso de la Casa de Gobierno indicando la conveniencia de entregar rápido todo lo solicitado.

La decisión que tomó anoche la Cámara de Diputados de rechazar ese requerimiento es la punta del iceberg, se asegura en la Legislatura. El rechazo se aprobó con el voto de todos los diputados presentes, excepto Ayelén Acosta (Cambiemos).

Desde la Legislatura muchos apuntan la mirada al procurador general, Jorge García, entendiendo que es quien sostiene la maniobra (en referencia a la investigación). Con enojo algunos legisladores apuntan a la remuneración del jefe de los fiscales. «Sería bueno que la gente sepa que el año pasado cobraba más de 380.000 pesos y nos cuestiona por otorgar contratos de 12.000 o 15.000 pesos», indicó un diputado justicialista, entendiendo que más allá de la investigación puntual de los contratos a nombre de otros, la idea de los funcionarios judiciales es arremeter contra todo el manejo del Poder Legislativo.

Otros, en cambio, entienden que a Jorge García «el tema se le fue de las manos» y que la responsabilidad de lo actuado corresponde a Goyeneche.

A mediados de agosto el procurador García firmó una resolución en la que dispuso la conformación de un órgano especializado en la investigación y acusación de delitos contra la administración pública y designó a Cecilia Goyeneche como coordinadora hasta tanto se realice el concurso correspondiente.

En la Legislatura podrían desconocer esa designación que realizó García (quien está enfrentado con el actual titular del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón) y avanzar en la sanción de una ley que impulsó en 2016 el diputado Gustavo Zavallo para crear por ley esa Fiscalía Anticorrupción.

Por otro lado, también circuló en varias oficinas legislativas la copia de una denuncia que realizó el concejal paranaense Luis Toto Días a principios de julio contra la viceintendenta de Paraná, Josefina Etienot, por las supuestas amenazas que la titular del Concejo le había realizado. Pese a que Díaz entregó su celular como prueba, y luego pidió ampliaciones de la prueba a producir, la causa no prosperó.

Patrocinado por la abogada Rocío Rivero, el edil massista solicitó al fiscal Gonzalo Badano que ordenara el allanamiento del Concejo Deliberante a fin de secuestrar la nómina completa de los contratos que paga el cuerpo, para probar así que había sido castigado en ese aspecto tras las amenazas de Etienot.

Díaz hizo ese pedido «en virtud de la llamativa falta de respuestas otorgadas en la Presidencia del Concejo Deliberante por parte del secretario del cuerpo, Rodrigo Devinar, y del asesor de la Viceintendencia, Luis Sebastián Orlando». El último de los mencionados es quien mayor injerencia tendría en las estructura de los contratos, y es el esposo de la fiscal coordinadora Goyeneche. El dato se mencionaba ayer en los pasillos legislativos, incluso por parte de algunas legisladoras de Cambiemos, que recordaron que la denuncia fue enviada al archivo sin más por el Ministerio Público Fiscal.

Incluso una de ellas afirmó que cuando se generó la denuncia por los contratos del concejal Emanuel Gainza se presentó un pedido similar al que ingresó en la Legislatura, y que en ese momento el Concejo se opuso a la requisitoria y no hubo mayores reclamos.