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Es inminente la excarcelación del médico represor, tras haber cumplido la condena de diez años de prisión por crímenes cometidos durante la dictadura. No obstante, tiene abierto otro proceso por participar de las sesiones de torturas a una militante popular.
El médico Hugo Mario Moyano recuperará la libertad tras permanecer más de diez años en prisión por haber sido hallado culpable de la comisión de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar.
La decisión la tomó la jueza Beatriz Estela Aranguren –contra la opinión en contrario del fiscal y de los representantes de las víctimas– por considerar que no existe riesgo procesal de que el médico pueda entorpecer una causa en la que está acusado de haber participado de las sesiones de torturas que sufrió una detenida política en una casa operativa que funcionaba en la Base Aérea.
Moyano era médico del Servicio Penitenciario y de la Fuerza Aérea durante la dictadura; está detenido desde el 4 de junio de 2009 y fue condenado a diez años de prisión como coautor de la aplicación de severidades, vejaciones y apremios ilegales contra cuatro víctimas; e imposición de tormentos, agravado por la condición de perseguido político de tres víctimas, en el marco de la denominada megacausa Área Paraná.
Ex presos políticos contaron que mientras estaban en cautiverio eran retirados de las cárceles de Paraná y trasladados al centro clandestino de detención que funcionó en el Batallón de Comunicaciones, a una casa de torturas que había en cercanías de la Base Aérea o dentro mismo de la unidad penal, donde también eran sometidos a tormentos. La presencia de Moyano ha sido señalada con frecuencia en esos lugares e incluso en los libros de guardia del Servicio Penitenciario constan también las salidas de los detenidos políticos para ser atendidos en el Hospital Pasteur, donde trabajaba Moyano.
En el plenario de la megacausa Área Paraná, Mariana Fumaneri, ex detenida política, contó que estando en la cárcel, una compañera de cautiverio, Gloria Tarulli, debió ser atendida por una descompostura. El médico de la unidad penal era Moyano, a quien Fumaneri describió como un hombre alto, bien peinado y con “olor a limpio”, como si acabara de salir de la ducha. “Sentí que era la misma persona” que la había revisado mientras la torturaban en los calabozos del Escuadrón de Comunicaciones del Ejército.
Precisamente por las torturas que sufrió Tarulli, entre agosto y octubre de 1976, es que Moyano estaba con prisión preventiva.
En la sentencia que fundamenta la condena del médico, el juez Leandro Ríos consideró que “los testimonios ubican a Moyano como un activo colaborador en las prácticas ilegales que llevaban a cabo las fuerzas conjuntas en esta ciudad de Paraná en el marco de la lucha contra la subversión”. Destacó además que la presencia de Moyano “en las unidades de detención se hallaba lejos de obedecer a una razón humanitaria como tampoco a una respuesta al compromiso hipocrático asumido”, sino más bien obedecía a que “su accionar conformaba parte fundamental dentro del mecanismo de interrogatorios bajo inflicción de tormentos que se desarrollaba en razón del plan sistemático de represión”.
Aunque había cumplido íntegramente esa condena, Moyano estaba con prisión preventiva en la causa Área Paraná II, un desprendimiento del expediente principal, desde el 30 de diciembre de 2013. Está acusado por los delitos de imposición de severidades, vejaciones y/o apremios ilegales y aplicación de tormentos en el caso de Gloria Tarulli.
Al momento que se decretara su excarcelación, llevaba diez años dos meses y diecisiete días detenido, aunque el último tiempo bajo arresto domiciliario, ya que informes médicos determinaron que padece una incapacidad corporal progresiva e irreversible.
La jueza Aranguren no considera que el tiempo que lleva la investigación sea “irrazonable” porque se trata de una causa compleja, en la que se juzgan delitos de lesa humanidad y que tiene varios imputados; pero sí advirtió que resulta “innecesario” mantener la prisión preventiva dado que Moyano ha cumplido “fielmente” las condiciones que se le impusieron para el arresto domiciliario, que ha agotado la pena en la otra causa y tuvo en cuenta también el “delicado estado de salud” del médico.
No obstante, la magistrada le impuso una fianza de dos millones de pesos, deberá comparecer una vez por mes en el juzgado, no podrá cambiar de domicilio sin avisar al juez ni podrá salir del país.
Según se indicó a Página Judicial, la excarcelación del médico todavía no se ha efectivizado por cuestiones burocráticas, pero es inminente.
