 |
  |
Gabriela Lena la calificó como «una de las leyes de mayor ajuste». El oficialista Casaretto sostuvo que el paquete de medidas permite empezar a crecer.
La sanción definitiva de la ley de Solidaridad y de Reactivación Productiva, en el Marco de la Emergencia Pública, es el primer triunfo político de la administración de Alberto Fernández. La herramienta jurídica faculta al Poder Ejecutivo para administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. La aprobación de la norma –por mayoría en la Cámara Alta– requirió de consensuar varias modificaciones, como por ejemplo adecuaciones en la aplicación de las retenciones al agro. Otra de la situación que generó controversia estuvo dada por la suspensión de la movilidad jubilatoria, salvo de los regímenes especiales del Poder Judicial, el cuerpo diplomático y exfuncionarios nacionales.
Entre los legisladores entrerrianos hubo voces a favor y en contra del proyecto, mediado por un fuerte debate político en ambas cámaras. Los cuatro diputados del Frente de Todos, Marcelo Casaretto, Blanca Osuna, Carolina Gaillard y Mayda Cresto, votaron a favor, mientras que los representantes de la oposición lo hicieron en contra: Atilio Benedetti, Jorge Lacoste (UCR); Alicia Fregonese, Gabriela Lena y Gustavo Hein (PRO).
La dirigente de Chajarí, Gabriela Lena, definió a este norma “como una de las leyes de mayor ajuste que tiene nuestro país. No van a pagar los que más tienen como lo implica la solidaridad, porque la solidaridad va a salir del mismo lugar: de la clase media, de los jubilados y del sector rural. Justamente, porque en las excepciones que pone la ley a estos ajustes están los que más ingresos tienen. En las jubilaciones, que es algo muy sensible, hay un congelamiento y no se van a actualizar como se hacía hasta este momento. A las mínimas les dan un bono, pero si vos cobras 20.000 pesos de jubilación, no tenés bono y la jubilación congelada. Están exceptuadas de este régimen las jubilaciones más altas: la del Poder Judicial, la del Presidente y vice”.
Lena aseguró que votó en contra del proyecto de ley en general, al igual que la mayoría de los artículos, aunque acompañó el artículo de las moratorias a las pymes y la regulación de precios de los medicamentos. La legisladora no cree que se vaya a modificar la fórmula de actualización de las jubilaciones, ya que incluso a su criterio “la ley no dice nada”.
“Hay una situación mucho más compleja, nosotros somos un país que vivimos de leyes de emergencia en emergencia. En esta ley lo que se crean son nueve emergencias; sabemos lo que la ley de emergencia significa, ya que se trata de una delegación de facultades y falta de control en un montón de situaciones. La ley de emergencia alimentaria se vuelve a reeditar en esta ley, fue sancionada por Diputados en el gobierno anterior a pedido de lo que hoy es el oficialismo”, recordó en diálogo con UNO.
Lena sostuvo que con la declaración de la ley de Emergencia, se reafirma una estrategia que se viene implementado hace 16 años en el país. Además señaló como una cuestión grave que se le está dando al Presidente “la suma del poder público, y cuando el Congreso otorga estas facultades no nos ha ido muy bien. En esta ley nosotros delegamos todas las facultades que tiene el Poder Legislativo en el Ejecutivo para que gobierne por decreto. Incluso hay una que está expresamente prohibida por nuestra Constitución que es la de crear impuestos. Lo único que falta decir es que disuelvan el Congreso de la Nación. No va a necesitar de las leyes del Congreso, ni tampoco vamos a tener posibilidad de control”.
Consultada por el rumbo económico y social que tendrá el país en los próximos meses, la diputada se mostró escéptica en cuanto a que en el corto plazo se puedan obtener los primeros resultados. “Ojalá nos vaya bien, queremos que todos podamos vivir tranquilos y en paz, pero tengo mis dudas con lo que pasó en el Congreso; en dos días nos hicieron tratar una ley semejante”, reflexionó.
“Tiene aspectos positivos”
El peronista Marcelo Casaretto fue uno de los más fervientes defensores de la ley, que ayer el Ejecutivo promulgó parcialmente. En declaraciones a este medio ratificó su defensa de un proyecto que le brinda “herramientas a Alberto Fernández para que pueda gobernar. Esta ha sido la vocación de los argentinos que lo votaron para que asuma la Presidencia y contiene muchos aspectos positivos”, enumeró.
Para el legislador las medidas de mayor relevancia serán el aumento a los jubilados que menos ganan, aumento a los trabajadores activos que se van a pagar como piso para las paritarias de cada uno de los sectores, la tarjeta alimentaria que se comenzó a instrumentar en Concordia con 7.000 beneficiarios y la moratoria para todas las pymes, entre otros puntos. “Son temas fundamentales que permiten primero detener la caída de la economía nacional y sobre esta base, tratar de empezar a crecer”, indicó el exministro de Economía provincial.
Uno de los temas que generó mayores cruces estuvo dado por los haberes jubilatorios y el método de actualización, para un sector siempre relegado. Al respecto, Casaretto dijo que “el Presidente anunció que va a haber aumento para todos los jubilados cada tres meses, con pautas diferentes a la fórmula que había propuesto Macri. Inicialmente si ahora tomas un jubilado que estaba cobrando la mínima de 14.000 pesos, un aumento de 5.000 pesos significa un aumento del 36%. Eso es mucho más que cualquier fórmula que existiera anteriormente. Dentro de la mínima están entre el 70% y el 75% de los jubilados en la Argentina. Esto es una mejora inmediata para la gran mayoría de los jubilados, y el resto va a tener aumentos trimestralmente como estaba pautado”.
El legislador además avaló la propuesta de Alberto Fernández de aplicar un régimen especial con topes a las jubilaciones de magistrados y del servicio exterior de la Nación. “Estamos esperando que terminen los proyectos para que cuando ingresen al Congreso, seamos convocados. Así que estamos atentos al ingreso del proyecto para poder tratarlos, en enero o en febrero”, explicó. Y negó que se le otorguen al Jefe de Estado potestades especiales, a partir de la sanción de la ley.
