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Como parte del acuerdo -que no implica un reconocimiento de la comisión del delito- ambos deberán pagar el 15% de sus sueldos durante un año. Una vez finalizado el mismo y corroborado el cumplimiento, ambos son liberados de la causa judicial.
Acevedo continúa como concejala de Paraná mientras que Varisco, bajo arresto domiciliario, es contratado en el mismo bloque de concejales.
La causa se inició a raíz de una denuncia donde se demostró que Varisco y Acevedo «desde el 11 de agosto del 2017 hasta el 14 de marzo del 2019 sustrajeron fluido eléctrico para abastecer la vivienda sita en Echagüe al 800 de la ciudad de Paraná, habitada por ambos». Según consta en el expediente, «para ello utilizaron una conexión clandestina que, como tal, carecía de medidor y autorización por parte de ENERSA, poniendo en riesgo la seguridad de las personas y la calidad del servicio prestado».
Cabe recordar que el delito de hurto de energía (artículo 162 del Código Penal) tiene un máximo de la pena que no supera los 3 años de prisión, lo que les permite solicitar la suspensión del juicio a prueba (probation) a través de la cual, mediante el cumplimiento de ciertas conductas y acciones en determinado tiempo, puedan liberarse de culpa y cargo de la causa.
Sobre el destino del dinero decidirá la Oficina de Medios Alternativos (OMA) que elegirá a que organización deriva lo recaudado.
Por el Ministerio Público Fiscal (MPF) participó Patricia Yedro, mientras que por la defensa de ambos imputados estuvo el abogado Miguel Cullen. Todo bajo la órbita del juez de Garantías José Eduardo Ruhl.
