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La jueza de Garantías Marina Barbagelata decidió elevar a juicio la causa en la que están imputados por el presunto delito de peculado el ex intendente de Crespo, Ariel Robles (PJ), y dos ex funcionarios de su gabinete.
Este viernes se cerró la audiencia de remisión a juicio con la incorporación de prueba por parte de la Fiscalía y la defensa, a cargo de Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorellli.
A la audiencia, que comenzó pasadas las 9 y terminó cerca del mediodía, asistió el fiscal Franco Bongiovani y por la defensa el abogado Cullen. Además, estuvieron presentes los acusados: Robles y sus exsecretarios de Hacienda y Economía, la contadora Leonor Evangelina Winderholler; y de Gobierno, Jorge Jesús Waigel.
Los dos primeros están acusados de ser coautores del delito de peculado, y el tercero de haber sido partícipe primario por haber autorizado compras directas de materiales para la construcción que luego eran distribuidos, aparentemente sin cumplir norma alguna, entre vecinos de la ciudad.
Se indicó que esa maniobra se llevó a cabo entre un período que va de diciembre de 2014 a septiembre de 2015, y que se evidenció que en julio, cerca de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), se observó un crecimiento de esas compras que, entiende la Fiscalía, fueron para “captar el voto de los vecinos”.
Sin bien en un primer momento en la investigación se habló de que en esa maniobra se sustrajeron de las arcas municipales alrededor de $2 millones, en esta oportunidad se precisó que el monto del supuesto perjuicio es mucho menor: $953.227.
Para el eventual juicio, el fiscal adelantó que solicitará una pena de 4 años de prisión para Robles y Winderholler; y 3 años y 6 meses de cárcel para Waigel. Y, para los tres, la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
Al momento de fundamentar la acusación, el fiscal puntualizó que a Robles, Winderholler y Waigel se les endilga haber autorizado “de forma reiterada y sistemática la entrega de materiales de construcción, mediante desagregadas compras directas por un monto total de $953.227”, que surgieron tras solicitudes que realizaron diferentes habitantes en el área de Acción Social del municipio.
El fiscal dijo que los insumos se entregaron a los beneficiario sin respetar normativa alguna, como la ordenanza 3/2003, que regula el otorgamiento de los subsidios a personas físicas y jurídicas; la 53/96 y 55/11, que regula las órdenes de compra y contrataciones, y la ley provincial de contabilidad pública, N° 5140.
En el juicio, dijo, “va a poder concluirse que Robles y Winderholler, luego de asumir sus respectivos cargos en diciembre de 2011, como autoridades principales del Departamento Ejecutivo Municipal, ostentaban deberes comunes de custodia y administración de toda la municipalidad, y que validados con esos poderes de administración dieron concretas instrucciones a sus dependientes en pos de ejecutar y validar esos procedimientos de aparente asistencia social, que consistía en una entrega gratuita de materiales de construcción a demanda a los vecinos de la localidad que alegaran esa necesidad”.
El fiscal dijo que ese mecanismo “significó una sustracción ilegítima de caudales públicos que los imputados autorizaron repetidamente desde finales de 2014 hasta septiembre de 2015, creciendo marcadamente hacia el mes de julio de ese año, que coinciden con los últimos días previos del momento en que tuvo lugar las elecciones primarias a través de las que Robles pretendía renovar su mandato”.
En ese marco, afirmó que se trató de una operatoria fraudulenta y engañosa y marcó que “los materiales de construcción no pasaban por el municipio, sino que eran entregados directamente por los corralones a los beneficiarios”.
Resaltó que el intendente y su secretaria de Hacienda tuvieron un “rol determinante en la efectivización” de la maniobra “al validar las órdenes de compra y cada una de las erogaciones viciadas infringiendo los deberes que les competían”.
En el caso de Waigel, señaló que “asumió el comportamiento esencial en la faz resolutiva de la maniobra a través de la cual se apartaron esos caudales públicos”. “Este comportamiento de ningún modo puede estar justificado o amparado bajo regla alguna”, cerró.
Defensa
El abogado defensor Miguel Ángel Cullen cuestionó los fundamentos de la acusación brindada por Bongiovani. El letrado aseguró que “la fundamentación no se corresponde con el hecho imputado”.
El abogado señaló que la imputación no habla de “simulaciones” en las compras, sino de que “no se cumplió la ordenanza que estipulaba la forma de contratación para la compra directa”.
“Estamos convencidos de que no hubo delito. El Estado está para dar ayuda social y equilibrio. Si hay algún delta podría ser el de incumplimiento de alguna normativa, pero no peculado”, sostuvo Cullen.
Acto seguido, informó que para probar la inocencia de sus defendidos solicitó los expedientes digitalizados en el sistema del municipio, y que allí se evidencia que no se quebrantó ninguna normativa. “Todos los expedientes de la gestión de Robles están digitalizados y no puede achacársele oscurantismo”, dijo.
En otro momento, sostuvo que se estaba ante una “imputación coja”, puesto que “se imputó a los funcionarios y no a los dueños de los corralones y a los beneficiarios como partícipes necesarios”. Cullen consideró, a su vez, que “no hay una imputación seria que nos permita defendernos”.
Al finalizar, pidió la nulidad de la acusación, pero le fue rechazada por la jueza Barbagelata. En respuesta a los críticos planteos de Cullen, el fiscal Bongiovani dijo que esas consideraciones sobre la acusación debían hacerse en el debate oral y público.
Cerca del mediodía, las partes acordaron la documentación que se presentará como prueba en el juicio y los testigos que serán convocados. Entre los citados está el actual intendente de Crespo, y denunciante de la causa, Darío Schneider (Cambiemos), otros funcionarios y empleados del municipio, como así también especialistas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), que trabajaron en la auditoria que detectó las presuntas irregularidades en la compra de materiales y su distribución entre beneficiarios.
Gonzalo Núñez
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.
