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Defensores del Pueblo del país acordaron con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación conformar una mesa de revisión de los casos para que «nadie quede sin recibir el beneficio»
Participarán las asociaciones de defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Asimismo, se trabajará en la detección de las irregularidades: las halladas se elevarán a la Justicia. Las autoridades nacionales informaron que la semana que viene serán depositadas las pensiones. Quedarán exceptuados los titulares fallecidos o con empleos en blanco. Se recomendó la derogación del Decreto 432/97 y la redacción de una nueva normativa con criterios más inclusivos.
Integrantes de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), entre ellos de la Defensoría del Pueblo de Paraná, mantuvieron este viernes un encuentro con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con el fin de tratar la situación generada a partir de la suspensión de pensiones no contributivas (PNC) y avanzar en aspectos del sistema, tras la decisión del gobierno nacional de rehabilitar los beneficios caídos.
El encuentro estuvo encabezado por el presidente de Adpra y Defensor del Pueblo porteño, Alejandro Amor, quien recibió a la Jefa de Gabinete de del Ministerio de Desarrollo Social nacional, Alejandra Cedrola, y al titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino.
Por Paraná, estuvo el Defensor del Pueblo Adjunto, Pablo Donadío, y por Entre Ríos, fue invitada ante la carencia de la Defensoría del Pueblo de Entre Ríos, la titular del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), Cristina Ponce.
A su turno, el Defensor de Paraná presentó el informe a las autoridades nacionales con decenas de presentaciones registradas en la institución local y se refirió a casos testigo, de ciudadanos para los que la pensión consistía en el principal ingreso de la familia y, tras el corte, se quedaron sin nada.
Amor, en su carácter de presidente de la Asociación, anunció que se acordó con la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, la conformación de una mesa de trabajo con la participación de las Defensorías del Pueblo del país y asociaciones de defensa de los derechos de las personas con discapacidad, para avanzar en la revisión de todos los casos afectados para «que no quede nadie sin el beneficio».
Paralelamente, se trabajará en la detección de irregularidades en la asignación de pensiones. En estos casos, Amor adelantó que se recurrirá a la Justicia, ya que «quién percibe una pensión que no le corresponde, lo hace en detrimento del Estado y de quien sí le corresponde».
«La conformación de la mesa es un paso adelante, una forma de institucionalizar el trabajo. Este es un escenario ante el cual los Defensores tomamos la responsabilidad de solucionar el problema, tal como lo hicimos con el caso de la tarifa social. En conjunto con el Estado y las asociaciones tenemos que llevarle la solución a las personas», concluyó el Defensor, en un comunicado difundido tras el encuentro.
Por su parte, Badino aseguró que la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales no reducirá su presupuesto y dijo: «Estamos trabajando para atender cada caso. Si nos equivocamos, lo corregiremos».
Además, de acuerdo al parte de prensa, Cedrola comunicó que las únicas pensiones que fueron suspendidas son aquellas vinculadas a la adquisición de un empleo en blanco por parte del beneficiario y en casos de fallecimiento o renuncia al beneficio. «Todas las demás pensiones serán depositadas la semana próxima de forma retroactiva», afirmó la funcionaria.
Los Defensores del Pueblo nucleados en Adpra entregaron a los funcionarios un documento en el cual se reafirmó la necesidad de realizar un análisis caso por caso, de forma interdisciplinaria, para determinar quiénes están en condiciones de percibir el beneficio.
Al mismo tiempo, se resaltó la importancia de respetar el debido proceso administrativo ante ceses o suspensiones.
Por último, se recomendó la derogación del Decreto 432/97 y la redacción de una nueva normativa con criterios más inclusivos, que reconozca a las personas con alguna discapacidad como plenos sujetos de derecho.
Estuvieron presentes los Defensores Adjuntos de la Ciudad, María América González y Arturo Pozzali; la Defensora del Pueblo de Escobar, Rocío Fernández; el Defensor del Pueblo de Pilar, Juan Manuel Travatelli; la Defensora del Pueblo de Avellaneda, María Laura Garibaldi; el Defensor del Pueblo de Lanús, Alejandro Gorrini; la Defensora del Pueblo de la Matanza, Silvia Caprino; la Defensora del Pueblo de Bariloche, Beatriz Oñate; el Defensor del Pueblo de Salta, Nicolás Centeno; el Defensor Adjunto de la Provincia de Buenos Aires, Walter Martello; la Defensora del Pueblo de La Plata, Florencia Barcia; el Defensor del Pueblo de Villa Nueva, Nicolás Morcila; la Defensora del Pueblo de Villa María, Alicia Peresutti; el Defensor del Pueblo de Jujuy, Javier De Bedia; y el Defensor del Pueblo de Santa Fe, Raúl Lamberto.
Asimismo, la reunión contó con la participación de la Asociación Argentina de Ayuda a la Persona que padece Esquizofrenia y su Familia (APEF); la Asociación Argentina de Padres Autistas (APADEA); la Asociación para Espina Bífida e Hidrocefalia (APEBI); la Asociación Senderos del Sembrador; TGD Padres TEA; la Asociación de Ayuda al Ciego (ASAC); el Departamento de Discapacidad de Racing Club; la Asociación Civil Soles de Buenos Aires; la Asociación Milagros Ayelén; la Asociación Civil de Profesionales para la Equidad (ASPPE); y la Comisión de Discapacidad de AABA.
