Paro Nacional: Masiva participación en la movilización convocada por la CGT y la CTA en Paraná

En este día de protesta y paro, levantamos nuestras voces con determinación y unidad para denunciar las políticas del presidente Javier Milei, establecidas en el DNU 70/23 y en el proyecto de Ley Ómnibus. Más que un llamado a la lucha, este Acto es un firme grito de indignación contra un gobierno que muestra una total falta de respeto hacia el pueblo y sus derechos fundamentales.

Tanto el DNU 70/23 y como el proyecto de “Ley Ómnibus” significan un verdadero golpe institucional que se suma a la brutal política de ajuste, desocupación y entrega de la soberanía nacional. No es con medidas contra los trabajadores y las trabajadoras, ni contra los pequeños y medianos productores de la ciudad y el campo que se resolverán las urgencias del país. Tampoco con recetas neoliberales como la eliminación de los subsidios al transporte público, la desregulación de alquileres y la eliminación de los controles de precios del combustible, energía y alimentos. Recetas ya conocidas querepresentan un golpe a los ingresos populares y que provocan una inflación feroz.

Rechazamos de forma enérgica estas medidas económicas que están conduciendo a la pérdida de empleos y a la disminución sistemática de salarios causada por una enorme devaluación de nuestra moneda y un aumento indiscriminado en los precios de bienes y servicios.

A su vez, el proyecto de Ley Ómnibus representa un verdadero atentado a la Constitución Nacional y al estado republicano debido a que concentra los poderes legislativos en las manos del Ejecutivo Nacional por dos años, con prórroga a dos años más. Esto puede significar una paralización del Congreso por todo el mandato, al tiempo que da vía libre al presidente para legislar y ejecutar sus políticas.

También denunciamos el DNU, creado por una élite que privilegia sus intereses  por encima del bienestar del pueblo. Esto constituye un ataque directo a los principios democráticos y constitucionales. Al mismo tiempo señalamos que el Decreto, hoy en función hasta que el Congreso lo rechace,  significa una transferencia feroz del pueblo hacia un puñado de grandes empresarios, terratenientes y grupos económicos concentrados, muchos extranjeros.

Lo decimos con claridad: estamos frente a una ofensiva directa contra las conquistas laborales, un ataque que deja a las y los trabajadores en una posición de extrema precariedad. Situación que se agudiza con nuestros jubilados, uno de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad. La intención de pasar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Anses al Tesoro Nacional junto a la interrupción de la actualización trimestral de los ingresos, congelan de manera injusta las jubilaciones al tiempo que ponen en riesgo la sustentabilidad de las cajas previsionales. Esta situación golpea directamente a aquellos que ya están luchando contra el alto costo de vida y el aumento exorbitante en el precio de los medicamentos.

Como parte de este saqueo, el gobierno nacional avanza contra el andamiaje productivo y financiero de nuestro país. Esto se expresa en el llamado a privatizar 41 empresas nacionales entre las que se encuentran, YPF, imprescindible para nuestra soberanía energética, Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y ARSAT, clave en el desarrollo de nuestra soberanía tecnológica.

En el mismo sentido, privilegia los sectores de la economía concentrada al tiempo que atenta contra los sectores populares. Así, avanza en la quita de derechos laborales históricos, incluyendo el productivo popular de las organizaciones sociales que hoy reclaman por la emergencia alimentaria y la actualización del programa social complementario debido a los escenarios de hambre que se vive en los barrios populares. Lejos de atender estas situaciones, las medidas facilitan la especulación y el blanqueo de moneda extranjera.

Así, la balanza política cae una vez más a favor de los sectores del poder que nunca pagaron las crisis: Abre las importaciones contra la producción nacional y desregula las tarifas, asestando un golpe a los pequeños y medianos comerciantes. El horizonte previsible es el cierre de miles de pequeñas y medianas industrias que concentran el 80% del empleo formal. Resultado que redundará en mayor desocupación y precarización laboral.

Con el mismo afán, replicando las políticas de Bolsonaro en Brasil, avasallan leyes que fueron fruto del esfuerzo de años para lograr la preservación mínima de nuestros bienes comunes. Al derogar las leyes de tierras rurales y leyes mineras el DNU facilita que cualquier extranjero pueda comprar tierras rurales, cediendo así nuestra soberanía. Y al modificar la Ley de Glaciares  habilita la actividad minera en zonas donde actualmente está prohibida, así como modificar la Ley de Bosques, permite el desmonte y la transformación en zonas verdes y amarillas.

Tal como ocurre con las otras modificaciones en las que no discutieron con los sectores afectados, pone en peligro los recursos pesqueros y la soberanía nacional, desregulando el tránsito de buques internacionales y eliminando la necesidad de solicitar permiso de pesca; privatiza la Administración General de Puertos, imposibilitando el control de las provincias en la gestión pública y negando la titularidad de las mismas sobre sus bienes naturales. Con esto, se avanza en una política de privatización de los ríos.

En materia cultural, realiza un golpe brutal al financiamiento de nuestros sectores del arte, atentando contra su carácter federal y cerrando organismos autárquicos cuyo objetivo consiste en materializar hechos y derechos culturales y artísticos, imprescindibles para la conservación y el desarrollo de nuestra cultura nacional. La cultura es un derecho humano, no se negocia ni se desfinancia.

En la construcción democrática ataca conquistas que el movimiento de mujeres y disidencias ha logrado en nuestro país; como la ley de paridad, la Ley IVE, la Ley Micaela, al tiempo que disuelve el ministerio de la mujer. Lo mismo ocurre con la derogación del INADI, la reforma electoral que vulnera los «derechos de las minorías» y con la desregulación de las obras sociales cuyos principales afectados, son las personas con discapacidad.

Horizontes análogos propone para Educación, atentando contra el derecho a huelga al declararla “Servicio esencial”. Habilitando los estudios a distancia desde el segundo ciclo del nivel primario, desvaloriza la presencialidad, y favorece el ingreso privatizador a través de plataformas privadas. Y avanza sobre la autoridad de cada provincia, pretendiendo modificar mecanismos de ingreso y ascenso, concursos, régimen académico y formación docente. Normativas que han llevado años de construcción colectiva. En la universidad habilita el arancelamiento, promueve el financiamiento privado y condiciona el presupuesto congelado al 2023 a la matrícula y a la relevancia de las carreras. Al tiempo que desconoce las realidades regionales, e impide que se federalice la Educación Superior, restringiendo el ingreso de la población a lo largo y ancho del país.

Este conjunto de medidas antipopulares y antidemocráticas sólo pueden llevarse a cabo mediante un programa de represión, amedrentamiento y control de las calles. El “Protocolo de seguridad” de Patricia Bullrich cumple esta función: otorga a las fuerzas policiales y al personal de seguridad, el peligroso poder de operar sin identificación y con vehículos sin matrícula, lo que nos retrotrae al momento más oscuro de la historia de nuestro país. Y por si fuera poco, solicitará la intervención a las fuerzas armadas para “contener” la lucha social. A esto, la sociedad de la Nación Argentina ya dijo «¡Nunca Más!»

Hoy, hacemos este acto en nuestra provincia, al mismo tiempo que cientos de miles lo hacen en el resto del país. Desde que se conoció el DNU, los cacerolazos, concentraciones, cortes de ruta, paros y movilizaciones, marcaron un horizonte de lucha. Así llegamos a este paro general de 12 horas convocado por la CGT Argentina, acompañado por múltiples organizaciones obreras, de la cultura, de las economías populares, de los pequeños y medianos productores, entre tantos otros.

Desde la CGT de Entre Ríos con sus siete Regionales, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores en el marco de la Multisectorial de Entre Ríos, nos oponemos de plano al DNU y a la Ley Ómnibus. Lo hacemos con la firmeza y la coherencia que lo hemos hecho a lo largo de los años. Toda vez que las políticas nacionales o provinciales atacaron los derechos del pueblo entrerriano y argentino, nos hemos pronunciado con la contundencia que las medidas requerían.

Exhortamos a nuestros legisladores nacionales de la provincia a defender con firmeza los derechos de los entrerrianos, en consonancia con los principios del federalismo. Se avecinan tiempos difíciles, en los que el ejecutivo nacional buscará sus votos para aprobar medidas que impactarán directamente contra el pueblo, como lo reflejan el DNU y Ley ómnibus. Queremos dejar en claro que estaremos a su lado para dar las batallas contra las medidas que castiguen al campo popular con recortes y restricciones a sus derechos. Sin embargo, también debemos recordarles que tendrán que rendir cuentas ante el pueblo de Entre Ríos si deciden votar en contra de los intereses populares por los que fueron elegidos para mejorar las condiciones de vida.

Levantamos nuestras voces con la fuerza de un pueblo unido para denunciar con firmeza el impacto devastador del DNU y la Ley Ómnibus. Sabemos que será una lucha larga y difícil, pero contamos con una historia rica de conquistas que nos preceden. De allí sacaremos nuestras mejores experiencias para dar las batallas necesarias.

Arriba los que luchan, compañeros y compañeras que la única lucha que se pierde es la que se abandona.

No se confunda Señor presidente: ¡El pueblo no es la casta! El pueblo está reunido hoy en las calles de nuestra patria peleando por sus derechos.