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Intentarán acordar que el aumento del impuesto salga con la temperatura justa.
Las gremiales del campo entrerriano rechazan un incremento del Impuesto Inmobiliario Rural acompasado a la inflación del año pasado. El primero que ejecutó una suba de ese orden fue el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quién dejó saber del incremento del 200%; y con su decisión desató la agria queja de organizaciones gremiales y el gobierno nacional.
Tanto es el agite que ya suceden reuniones de productores analizando los más y los menos de no pagar el gravamen. Hablan de una rebelión fiscal y lo hacen al amparo de las declaraciones del diputado oficialista José Luis Espert, en tal sentido. El legislador ya enfrenta en su provincia un pedido de denuncia penal por tales dichos.
Salpicados quizá por esa movida, que mereció la máxima atención de los medios porteños, la Mesa de Enlace provincial abrió el paraguas y publicó un texto donde expresan el rechazo a la suba de marras. Argumentan que la ley que regula tal ajuste contiene una fórmula de actualización tributaria que arrojaría un aumento del 139%.
Como contrapartida, desde el gobierno provincial diseñan una convocatoria amplia a la Mesa de Enlace entrerriana para conversar del tema. Las diferencias en la relación de las entidades con los gobiernos de Entre Ríos y el de Buenos Aires son como extremos opuestos. Aquí, el diálogo es el término que describe el vínculo; y nada aparece en el horizonte que haga sospechar de un resquebrajamiento.
En el texto donde sientan posición tanto ruralistas de CRA y la Rural Argentina, como federados y cooperativistas del pago chico, dice: “Los productores venimos de hacer frente a tres emergencias agropecuarias consecutivas con pérdidas parciales o totales en casi la mayoría de las actividades. Hoy, debemos afrontar al pago de las prórrogas impositivas otorgadas en su momento, en un contexto de incremento de costos y precios de la producción estancados”.
El tono que define la posición de la Mesa, -conducida en Entre Ríos por Elvio Guía, Nicasio Tito, Ronald Garnier y Juan Diego Etchevehere-, tiene un remate que despeja dudas: “Nuestra provincia ha marcado la historia reciente nacional por ser una de las que mayor presión tributaria aplica a sus actividades productivas. Este capítulo debería quedar atrás definitivamente si queremos construir una provincia más próspera. Por ello reiteramos, nuestra solicitud de que se aplique la ley como ya está estipulada. No hay ninguna razón por la cual no se la respete”. Por lo pronto, queda por recordar que al menos en los últimos tres años el aumento del Inmobiliario Rural fue por debajo de la inflación.
