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Para no perder contratos y cobrar servicios adeudados con organismos públicos, la empresa de seguridad privada Securitas habría pagado, entre 2013 y 2018, coimas por 7,6 millones de dólares y, además, habría llevado adelante una evasión fiscal que podría ascender a los 2.195 millones de pesos.
Así surge de la resolución firmada en las últimas horas por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, que procesó a 19 sospechosos, entre exejecutivos de la compañía, personal policial y gerentes de la empresa de electricidad de Entre Ríos. Además trabó un embargo sobre los bienes de los acusados hasta alcanzar la sideral suma de casi 280.000 millones de pesos.
El monto de lo que se habría pagado en sobornos, según el expediente judicial, surge de una investigación interna hecha por la empresa. Según la auditoría de la compañía, entre 2013 y 2018 se habrían utilizado 300 proveedores “presuntamente fraudulentos” para evadir impuestos por una cifra de entre $730.173.550 y $2.195.662.400.
Nueve de los 19 imputados fueron procesados con prisión preventiva. Entre los que continuarán detenidos mientras sigue la investigación se encuentran el exCEO de la empresa, Jorge Christian Faria, y los hermanos Marcelo y Claudio Tortul, importantes empresarios de Entre Ríos.
El mayor embargo fue sobre los bienes de Faria y asciende a 35.000 millones de pesos. En el caso de cada uno de los hermanos Tortul, la suma trepa a 30.000 millones de pesos.
Entre los 19 procesados hay un subcomisario de la policía bonaerense, que cumple funciones en la Dirección de Coordinación, Delegaciones Administrativas Departamentales; un integrante de la Policía Federal Argentina (PFA) y dos gerentes de la empresa Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima (Enersa).
Securitas se comprometió a abonar una multa equivalente al beneficio que obtuvo como consecuencia de los sobornos, canceló una deuda tributaria de 1.500 millones de pesos y compró 1.100 kilos de carne que fueron entregados a comedores parroquiales de San Isidro y de Entre Ríos. Así se estableció en el “acuerdo de colaboración eficaz” que firmaron el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, a cargo de la investigación, y representantes de la compañía.
Con el fiscal Domínguez y su equipo de trabajo colaboran en la investigación la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), conducida por el fiscal Sergio Rodríguez, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Diego Velasco.
La investigación comenzó en febrero de 2020 tras una denuncia hecha por representantes de Securitas Argentina en la que sostuvieron que un grupo de exdirectivos “abusaron y utilizaron la estructura corporativa, así como su posición en el mercado y el renombre del grupo, con el único fin de obtener un beneficio para ellos y, de forma indirecta, para las empresas que representaban”.
En el momento en que fue hecha la denuncia, Securitas Argentina SA era una filial de la compañía Securitas AB, que ofrece servicios de seguridad, monitoreo, consultoría e investigación, con sede principal en Estocolmo, capital de Suecia.
En la actualidad, la filial local fue adquirida por una empresa de capitales argentinos y un grupo latinoamericano especialista en mercados emergentes. Fuentes al tanto de la investigación sostuvieron que la nueva gestión no tiene nada que ver con los “pagos indebidos”. Ahora la compañía se llama Securion.
“Como empresa líder en seguridad privada en la Argentina mantenemos un firme compromiso con la transparencia y la integridad en todas nuestras operaciones. Hace un tiempo nuestra auditoría interna arrojó resultados preocupantes al detectar irregularidades dentro de nuestra propia organización. Ante esta situación tomamos una decisión sin precedentes en la historia empresarial argentina: decidimos presentarnos ante la Justicia y denunciar los ilícitos descubiertos. Esta acción es un reflejo de nuestro compromiso con la responsabilidad y la legalidad”, explicaron desde Securion.
A mediados del mes pasado, por orden de la jueza Arroyo Salgado, y tras el pedido del fiscal Domínguez, el Escuadrón de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Buenos Aires de la Gendarmería Nacional hizo una serie de allanamientos en Ezeiza, Tigre, Córdoba, Entre Ríos y la ciudad de Buenos Aires y secuestró 19 vehículos, una moto, 20 notebook, 30 teléfonos celulares, 19 armas de fuego, 2088 municiones de diferentes calibres, 232.165 dólares, 8845 euros, 114.000 pesos chilenos y 11.500.000 pesos.
Según la denuncia hecha por Securitas, los “pagos indebidos” fueron los siguientes:
Renaper: “Los denunciantes dijeron que el organismo fue cliente de Securitas Argentina desde 2011 hasta el mes de noviembre de 2015. En ese sentido, refirieron que la investigación interna detectó una serie de presuntos pagos indebidos desde la compañía al Renaper para obtener y mantener la contratación y subcontratación para la prestación de servicios. Agregaron que los aludidos pagos se habrían realizado en el año 2016 a efectos de mantener la relación contractual y a fines del año 2015 para cancelar deudas pendientes”.
Senasa: “Según los denunciantes, desde el mes de diciembre de 2015 hasta el mes de mayo de 2017 Securitas Argentina continuó siendo proveedor del Senasa por medio del sistema de subcontratación por parte de la firma Guardman SA. Afirmaron que durante el período comprendido entre 2016 y 2018 se hallaron pagos supuestamente indebidos a funcionarios del organismo estatal que se originaron desde la tesorería de Securitas Argentina, con el fin de mantener la contratación de Guardman SA y explicaron que tanto el sistema de pagos indebidos como la subcontratación se encontraban debidamente articulados para que Securitas Argentina continuara obteniendo los beneficios de la contratación con el organismo público”.
Sindicatos: “Los denunciantes indicaron que la investigación permitió establecer que algunos directivos de Securitas Argentina SA habrían realizado pagos indebidos a delegados sindicales o secretarios generales de distintos sindicatos a fin de obtener la contratación de Securitas Argentina para determinados proyectos. Además, explicaron que el por entonces tesorero dijo que se habrían realizado pagos a la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) para servicios de Securitas Argentina en los trabajos que el gremio realizaba en distintas instalaciones de YPF y en el Hotel Alvear, así como para poder brindar servicios de seguridad en proyectos de construcciones en el CCK y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet)”.
PDVSA: “En lo que respecta al caso, los denunciantes sostuvieron que la firma Petrolera Cono Sur SA (PDVSA) fue cliente de Securitas Argentina entre los años 2016 y 2018 y que, a partir de la investigación concretada se determinó que durante el lapso investigado se habrían realizado pagos por $286.273 con el fin de mantener la contratación existente entre ambas firmas para que Securitas pudiera continuar brindando los servicios de seguridad. La situación habría cesado a mediados del año 2017, cuando se redujo el servicio de la petrolera y el número de locaciones que tenía la empresa”.
Energía de Entre Ríos SA (Enersa): Fue cliente de Securitas SA entre 2016 y 2018. “Los denunciantes afirmaron que la investigación interna permitió determinar que se habrían efectuado pagos en efectivo para mantener la contratación y que el efectivo habría sido obtenido a través de un supuesto proveedor fraudulento de nombre Tornell SA, el cual, si bien facturaba, no habría brindado ningún servicio concreto. La firma emitía facturas mensuales a favor de Securitas Argentina por servicios de consultoría”.
AySA: Según la investigación interna, la empresa de seguridad pagaba una comisión para mantener vigente el contrato. En un documento de Excel se registraron los montos de dinero que se pagaron entre 2014 y 2018, en promedio, $1.300.000 por mes.
Caso habilitaciones: “Los denunciantes refirieron que la investigación interna develó que en el período comprendido entre 2016 y 2018 se habrían realizado ‘pagos indebidos’ con la finalidad de obtener o acelerar las autorizaciones correspondientes para los guardias de seguridad a los siguientes organismos: Registros de Guardias de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, el organismo para la obtención de la licencia de usuario legítimo (CLU) de arma de fuego, el organismo para la obtención del certificado de portación de armas para los guardias de seguridad y para la renovación de las autorizaciones correspondientes, gobierno de la provincia de Buenos Aires y Registro de la Propiedad Automotor de la provincia de Buenos Aires”.
Caso Policía de Tucumán: “Los denunciantes reseñaron que la investigación interna permitió establecer que, durante el período comprendido entre 2016 y 2018, desde la oficina Regional Centro se habrían realizado ‘pagos indebidos’ a miembros de la Policía de la Provincia de Tucumán, a fin de agilizar los procesos de autorización o tener el apoyo en distintos controles, siendo que durante los años 2016 y 2017 el monto de dichos pagos ascendería a un total de 55.600 pesos”.
Caso Prefectura Naval: “Los denunciantes indicaron que la investigación interna develó que en el período comprendido entre los años 2016 y 2018 se habrían efectuado ‘pagos indebidos’ a la Prefectura Naval a fin de facilitar para Securitas Argentina las correspondientes autorizaciones para los guardias y poder así operar en la zona portuaria de Buenos Aires, siendo que durante el año 2016 se habrían realizado pagos por el monto de $24.000″.
Caso Policía de la provincia de Buenos Aires: Los “aportes” fueron hechos para acelerar los procesos de habilitación y obtener asistencia y apoyo en distintas tareas. Los pagos fueron autorizados por los directores de la empresa y preparados desde tesorería. Se habría pagado, entre 2016 y 2018 $332.905.
Caso Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y Registro Provincial de Armas (Repar) bonaerense : “Los denunciantes adujeron que, según el equipo de investigación, se habrían realizado pagos indebidos por parte de Securitas Argentina a agentes de la ANMaC y el Repar a fin de agilizar los procesos de licencias y autorizaciones respectivas para los guardias de seguridad, y notificar de manera previa e indebida las inspecciones que habrían de realizar dichos organismos en la firma, por un monto total de $1.826.000″.
Caso Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada (Dpgsp) bonaerense: “Los denunciantes explicaron que, entre los años 2016 y 2018, se habrían realizado pagos a la Dpgsp por un monto total de $2.130.000, a fin de agilizar los procesos de licencias y ser avisados de antemano de cualquier inspección que dicho organismo debiera realizar”.
“En Securitas, hoy Securion, estamos determinados a aprender de esta experiencia y a fortalecer nuestra cultura de integridad y transparencia. Seguiremos trabajando incansablemente para mantener nuestra reputación como líderes en seguridad privada en la Argentina, con valores sólidos y un compromiso inquebrantable con la legalidad y la ética empresarial”, se afirmó en el citado comunicado de prensa.
Fuente: La Nación
