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El campo y la agroindustria apoyan las medidas para con el sector en este primer trimestre de Gobierno, como la eliminación de las restricciones a las exportaciones y la desburocratización, pero consideraron un error el intento de subir las retenciones.
Los primeros tres meses del gobierno de Javier Milei han resultado, sin dudas, un shock económico y político para el país. Teniendo como objetivos irrenunciables la eliminación del déficit fiscal, la reducción de la brecha cambiaria y la desregulación y liberalización de la economía argentina, el Ejecutivo ha impulsado reformas y cambios de la mano del DNU y la momentáneamente caída Ley de Bases que impactaron en el campo y su industria derivada y que, en su mayoría, el sector acompaña.
El secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, presentó un extenso documento de 23 páginas sobre los primeros 100 días de gestión, donde se realizó un repaso de las medidas e iniciativas tomadas por la cartera nacional, consideradas “históricas” por las autoridades de Expo Agro, “que involucran la eliminación de las medidas más dañinas para la producción y las exportaciones: las restricciones cuantitativas a las exportaciones”.
“Así, se eliminaron volúmenes de equilibrio en granos; y cupos y restricciones a la exportación en carnes. Para asegurarnos de que nunca más un funcionario de turno pueda adoptar una medida de esta naturaleza, y podamos reconstruir la confianza de nuestros principales socios comerciales, se incluyó en el DNU una cláusula que prohíbe la adopción en el futuro de restricciones a las exportaciones. Estas decisiones implican un cambio radical de visión sobre la política agropecuaria y el rol del sector agro industrial y sus exportaciones”, indica el escrito, a lo que sumó la finalización del Fideicomiso Aceitero, el Fondo Estabilizador del Trigo, las leyes de góndola y de precios máximos.
Estas medidas fueron en su mayoría apoyadas y reconocidas por el campo, ya que son la respuesta a sendos reclamos realizados por el sector en los últimos años. No obstante, un pedido que todavía no fue tomado en cuenta fue la baja de la presión impositiva hacia el sector, más puntualmente las famosas retenciones. De hecho, el gran desencuentro entre el agro y el Gobierno radicó en la intención del Ministerio de Economía de elevar los derechos de exportación del conjunto de los complejos productivos al 15% (a excepción de una treintena correspondientes a las economías regionales), cuestión que ante la falta de apoyo político, el Ejecutivo decidió retirar.
En cuanto a las cuestiones macroeconómicas, desde el sector destacan la decisión de recortar el gasto público, ordenar las cuentas nacionales y el inicio de un proceso hacia la unificación cambiaria a partir de la reducción de la brecha cambiaria. Por otro lado, marcaron como preocupación la falta de crédito productivo y la vigencia de la decisión del Banco Central de mantener la medida que impide a los productores que mantengan en su poder más del 5% de las existencias de soja y maíz acceder a préstamos subsidiados y el aumento de los costos en dólares.
