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La justicia hizo lugar a la demanda de amparo por mora presentada por Fundación Cauce (Cultura Ambiental-Causa Ecologista) y emplazó al Estado provincial a dar respuestas, en diez días hábiles, a las consultas formuladas por la ONG sobre un proyecto privado en la zona portuaria de Diamante para la extracción de arenas silíceas
En la sentencia, el vocal de la Cámara Contencioso Administrativo, Marcelo Baridón, resolvió hacer lugar a la demanda de Amparo y, en consecuencia, emplazó al Estado provincial para que se expida respecto a la información requerida.
«Es una decisión importante que resalta, una a una, las normas que establecen tanto la responsabilidad de las autoridades como el derecho que tenemos los ciudadanos de acceder a la información como pilar básico del ejercicio de la democracia ambiental», destacó Valeria Enderle, directora Ejecutiva de Fundación CAUCE. “Aguardamos que el Estado Provincial cumpla con su obligación de brindar la información de manera completa y veraz y celebramos que la fecha de firma de esta sentencia haya sido el día 25 de septiembre día en que recordamos la histórica sanción de la ley de libertad de los ríos Nº 9092″, añadió, según se informó a esta Agencia.
La Fundación Cauce había elevado el 2 de agosto la correspondiente solicitud de acceso a información ambiental a las autoridades provinciales. La ONG quiere saber en qué consiste el proyecto y cuáles son las acciones desarrolladas por el Gobierno de Entre Ríos frente al avance de la iniciativa que públicamente dio a conocer la empresa ‘Arenas Argentinas del Paraná’, como miembro de Jan De NulGroup, líder mundial en actividades de dragado. A través de voceros de la empresa consultados por medios periodísticos, se conoció el desembarco de la firma en la ciudad de Diamante, donde prevé la construcción de un puerto, infraestructura y equipamiento para extraer arenas silíceas, que serán tamizadas y despachadas a Vaca Muerta -Patagonia-, la reserva de combustibles fósiles no convencionales en donde se utiliza el método de fracking.
En ese marco, Fundación CAUCE requirió informes sobre proyectos y autorizaciones para la explotación de arenas silíceas y consultó, particularmente, si el Estado activó los procedimientos sobre estudios de impacto ambiental y su eventual evaluación. (APFDigital)
