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Gustavo Pérez y Ariel Faure, ambos contadores contratados del Senado provincial e imputados en la causa que investiga contrataciones irregulares en la Legislatura provincial, aún no fueron trasladados a sus domicilios.
Pero desde el Centro de Monitoreo Electrónico informaron que no tienen disponibles esos dispositivos, hasta el jueves 28. “Esperamos que las tobilleras estén disponibles el viernes. Si no tendremos que pedir una nueva audiencia con Castagno para plantearle la situación”, dijo el defensor Leopoldo Cappa.
Prisión preventiva
Siguiendo el criterio de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, la jueza Carolina Castagno concedió una prisión preventiva más morigerada para los imputados Pérez y Faure, en el marco de la causa que investiga contrataciones irregulares en la Legislatura provincial. Ambos están alojados en la Unidad Penal N°1 de Paraná, desde fines de noviembre del año pasado.
Gustavo Pérez era director Administrativo Contable del Senado y renunció a ese puesto poco después de estallado el escándalo. Ariel Faure sólo era empleado contratado de la misma Cámara. Los dos son contadores y, según la hipótesis que maneja el Ministerio Público Fiscal, tuvieron un rol preponderante en el funcionamiento de una estructura delictiva dedicada a la sustracción de dinero público.
Además, los fiscales Cecilia Goyeneche, Patricia Yedro e Ignacio Aramberry entienden que los dos tienen posibilidades de entorpecer la investigación si permanecen fuera de la cárcel. De hecho, consideran que en algunas oportunidades se concretizó ese riesgo y efectivamente, Pérez y Faure se interpusieron en la tarea de buscar información que llevan adelante los fiscales.
En los casos de los imputados Alfredo Bilbao, Esteban Scialocomo, Flavia Beckman y Hugo Mena Giovenni, los fiscales también entendieron conveniente que permanecieran alojados en unidades penales hasta concluir la investigación. Por eso pidieron las prisiones preventivas ante un juez de Garantías que les dio la razón. Pero los defensores apelaron hasta llegar con un recurso de queja ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Esa última instancia en la provincia, con un tribunal conformado por Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Miguel Giorgio, entendió que las preventivas de cumplimiento en la cárcel eran un exceso y ordenó la continuidad de las medidas en los domicilios particulares.
Prórroga pero en casa
Esa decisión del máximo tribunal del Poder Judicial provincial, alentó a los abogados defensores a interponer otro recurso de queja ante la Sala Penal del STJ (el cual está en tramitación) para los casos de Faure y Pérez. Aunque en medio de ese trámite, se vencieron los 90 días de prisión preventiva dispuesta para ellos y los fiscales pidieron una prórroga por 60 días.
En primera instancia, la jueza de Garantías Marina Barbagelata, concedió el pedido a los fiscales, el miércoles pasado, y permitió que la apelación de los defensores en una instancia superior sea inmediata. Por eso el viernes pasado se hizo una audiencia ante la jueza Castagno.
La magistrada del Tribunal de Juicios y Apelaciones aceptó parcialmente el planteo de los defensores y los fiscales: concedió la prórroga por 60 días pero ordenó que la medida de coerción se cumpla en los domicilios particulares, bajo la custodia de un familiar y con tobillera electrónica. En esa misma audiencia, después de comunicar la parte resolutiva de su fallo, el defensor Leopoldo Cappa le preguntó a Castagno qué ocurriría si no había tobilleras disponibles. La jueza le respondió que, en ese caso se vería, cómo se continuaría el trámite.
Las tobilleras, a fin de mes
Por otro lado, está en Casación la recusación que interpusieron los defensores contra la fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche. Ese rechazo a la continuidad de la funcionaria judicial al frente de la investigación, fue fundamentado por los defensores en una supuesta vinculación de Goyeneche con uno de los contadores imputados en la causa, Pedro Opramolla.
