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La jueza María Carolina Castagno confirmó este viernes las prisiones preventivas por 90 días aplicadas al cuñado del exgobernador Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera, al cuñado de éste, Alejandro Almada, y al director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso.
Es en el marco de la megacausa que investiga a una supuesta organización criminal encargad de estafar al Estado en $2.000 millones mediante el sistema de contratos truchos de personal.
Aguilera y Almada cumplen la medida en la Unidad Penal N° 1 –Almada, de momento, y por diez días, en forma domiciliaria por el nacimiento de su hija-, en tanto que Cardoso lo hace bajo la modalidad domiciliaria. Así lo resolvió la jueza de Garantías Marina Bargabelata, que acogió parcialmente un pedido de los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry que habían solicitado que los mandaran a prisión hasta la causa sea remitida a juicio oral, previsto para finales de marzo y principios de abril.
Durante una audiencia que tuvo lugar esta mañana, los defensores Marcos Rodríguez Allende –en representación de Aguilera-, Miguel Cullen –defiende a Aguilera, Almada y Cardoso-, y Guillermo Vartorelli –Cardoso- pidieron que se revoquen las preventivas y se ordene la inmediata libertad de los tres. Pero la petición fue rechazada por la integrante del Tribunal de Juicios y Apelaciones, María Carolina Castagno, que confirmó lo resuelto por Barbagelata.
Los defensores desplegaron todas sus estrategias en procura de revertir la medida que, finalmente, fue confirmada.
“Entendemos que es una disposición innecesaria y dolorosa como medida cautelar”, planteó Rodríguez Allende. “No hay un mínimo argumento objetivo que determine de qué modo Aguilera podría ocultar o falsear pruebas. O de qué manera podría influir a través de cualquier medio a testigos, o personas que tengan algún tipo de relación con esta compleja causa”, planteó.
“Se lo sindica a Aguilera como la cabeza de esta organización. Es una afirmación alocada. No podemos pensar que Aguilera sea la cabeza de esta organización presuntamente criminal”, dijo Rodríguez Allende, y se preguntó por qué no se ha resuelto una medida similar con el titular del Instituto del Seguro, Juan Domingo Orabona. “Me llama la atención estas cosas que se van produciendo, unos sí, y otros no. No surge de una afirmación arbitraria de los defensores, sino que tendría la misma función”, agregó.
Cullen volvió a cuestionar el valor probatorio de las declaraciones de testigos, un total de 130, que han declarado en la causa, testimonios a los cuales, dijo, han accedido de forma parcial los defensores.
Resaltó el letrado que “jamás” se ha opuesto Aguilera a las medidas dispuestas por la Fiscalía. “Se lo ha detenido al suegro de Aguilera, acusado de portación de armas, que tenía por su carácter de funcionario policial. Se lo tuvo una noche entera en Alcaidía. Nunca se dijo que se haya entorpecido”, agregó.
“No está fundada la resolución de Barbagelata. Solo responde al mero voluntarismo de la señora jueza”, agregó. “Puede equivocarse la jueza, y en este caso se equivocó, por muchas razones, pero principalmente porque acá se quería la foto de Aguilera tras las rejas”, completó.
Se quejó de la imagen que se pretendió instalar del cuñado de Aguilera en la opinión pública como la de “un monstruo todopoderoso”, y pidió que la prisión preventiva se deje sin efecto y se le otorgue la libertad.
Respecto de Alejandro Almada, sostuvo que “no solo no generó riesgo a la actividad investigativa, sino que además colaboró activamente en la investigación y en la marcha del proceso”. Y apuntó que en la judicatura se está instalando un principio en el que “la prisión preventiva es la regla y no la excepción, vulnerando principios constitucionales”.
Guillermo Vartorelli planteó la libertad de Cardoso. “Venimos a solicitar que se corrija esa deficiencia por esta vía de la apelación y se revoque la prisión preventiva domiciliaria de Cardoso, y se le conceda el estado de libertad del que venía gozando desde el momento de su detención”.
“Era tan importante la función de Almada en la organización, que siendo personal del Servicio Administrativo Contable de Diputados, cobraba también cheques del Senado y de Diputados”, aseveró.
De Aguilera, dijo que “está en la cima de la organización o representa a quien está en la cima”, aunque no aclaró más datos al respecto.
El fiscal Ignacio Aramberry mencionó que “la organización estaba preparada para mantener en reserva su actividad”. Agregó un dato más: “estamos investigando adonde fue el dinero, y sospechamos que hubo lavado”. Y respecto de Aguilera, Almada y Cardoso, expresó que “no decimos que sean el último eslabón. Tenían una participación capital, porque recibían lo que recaudaban”.
