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Los trabajadores judiciales exigen un aumento salarial acorde al de la Corte Suprema a nivel nacional y el fin de la ley de emergencia provincial.
Los trabajadores de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) realizan este jueves un nuevo paro de 24 horas, en el marco del plan de lucha por recomposición salarial y el fin de la ley de «Emergencia Solidaria» provincial. Se trata de la segunda medida de fuerza de 24 horas que toman los judiciales en el año. La anterior fue el jueves pasado. En tanto, el lunes se realizó una jornada de retención parcial de servicios.
Los trabajadores de Tribunales elevaron sus planteos al ministro de Economía, Hugo Ballay, en un encuentro la semana pasada. Los representantes de AJER se fueron de la reunión sin respuestas positivas a sus demandas y ratificaron la serie de medidas de fuerza que tiene un nuevo capítulo este jueves.
En el encuentro sí les propusieron una propuesta de incremento salarial de un 8% con el sueldo de mayo y un 5,5% con el sueldo de julio. Con esos índices se completarían los aumentos otorgados por la Corte Suprema hasta ahora. demás, se determinó que en caso que la Corte otorgue aumentos en los próximos meses, podrían alcanzarse los mismos valores anunciados para el resto de los gremios del Estado.
Por otra parte, AJER rechaza la eventual prórroga de la ley de «Emergencia Solidaria» de Entre Ríos, sancionada en 2020 y con vigencia hasta el 30 de junio, aunque su prórroga hasta diciembre depende de la evolución de las cuentas fiscales de la provincia y del impacto de la pandemia.
Los judiciales denuncian «el grave deterioro salarial que viene sufriendo el sector por la ley de emergencia del gobierno provincial y por la creciente y sostenida inflación».
La ley de «Emergencia Solidaria», entre otros puntos de ajuste a trabajadores y jubilados estatales de Entre Ríos, incluyó una medida que afectó particularmente a los judiciales: terminó con la ley 10.068, conocida como «Ley de Enganche», que ataba los aumentos de sueldo de los trabajadores de tribunales entrerrianos a los que fije la Corte Suprema para los empleados nacionales.
El año pasado se derogó la legislación que otorgaba ese diferencial en beneficio de los tribunalicios de Entre Ríos, y su puesta nuevamente en vigencia es uno de los reclamos del pliego de reivindicaciones de AJER: piden por «el respeto irrestricto y aplicación de la ley 10.068».
Finalmente, también exigen los judiciales una «convocatoria del gobierno a todos los sectores involucrados a debatir la forma de garantizar la sustentabilidad de Caja de Jubilaciones y el 82% móvil».
