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Piden indagar a un juez entrerriano, a dos agentes de la Defensoría de pobres y menores y al abogado de los padres adoptivos. Fue luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, enviara a estudiar a funcionarios de la Justicia.
El fiscal Mahiques pidió la declaración del magistrado entrerriano que aprobó la cesión de una beba, pese a la oposición del padre biológico. Habría habido una cadena de complicidades que permitió la adopción ilegal.
«A pesar de sufrir el destrato, la injusticia y la burla del sistema, con la certeza del vínculo biológico y la vocación de padre como guía de su conducta, logró que al día de hoy, más de 17 años después, desde el mismo Estado que antes le dio la espalda, se intente evitar que todo ello se inscriba en la larga historia de impunidad, para que cada uno de los responsables reciba la sanción que corresponda a la medida de su culpabilidad».
La afirmación corresponde al fiscal criminal y correccional porteño Ignacio Mahiques. Se refiere a Leonardo Fornerón, un vecino de Rosario del Tala, que el 16 de junio de 2000 fue padre. Pero la pequeña fue entregada por la madre biológica, apenas un día después del nacimiento, a un matrimonio de Buenos Aires, que con el aval judicial tuvo la guarda con fines de adopción.
Piden indagar al juez y funcionarios judiciales
Después de 17 años de no bajar los brazos, Fornerón recibió un fuerte espaldarazo de la Justicia. En las últimas horas, el fiscal Mahiques pidió que sean citados a prestar declaración indagatoria diez personas. Las acusó del delito sustracción y posterior retención de un menor de diez años.
Entre los imputados está el matrimonio que recibió la guarda de la menor, identificado en el dictamen como B. y Z.; la madre biológica, Diana Enríquez; el por entonces juez de primera instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad entrerriana de Victoria, Raúl del Valle; los funcionarios judiciales que en junio de 2000 cumplían las funciones de defensores de pobres y menores, Julio Guaita y Marcelo Balbi; la perito psicóloga Daniela Kairuz, y el abogado de los «padres adoptivos», Salvador Espona. La jueza Alicia Iermini deberá definir si hace lugar a lo solicitado por el fiscal.
Una cadena de ilegalidades
«La ilegítima entrega de XX (tal como se define a la menor en la presentación del fiscal), en el que asumieron un rol protagónico Enríquez, el matrimonio integrado por B. y Z. y el defensor Guaita, constituye un rol neurálgico de la imputación; al que luego le va a seguir una extensa cadena de ilegalidades que, bajo ropajes formales, se opondría entre Fornerón y su hija y permitiría el estado de situación iniciado casi desde el nacimiento de la niña», afirmó Mahiques en su dictamen.
Apoyo internacional
El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en 2012 le dio la razón al padre biológico y sentenció que la Argentina había violado los derechos esenciales de padre e hija a convivir en familia, además de negar el derecho a la identidad, y obligó a garantizar un proceso que culmine en la revinculación entre Fornerón y su hija, además de fijar una indemnización y enviar a los funcionarios de la Justicia entrerriana a que estudien.
Estado y Justicia, cómplices
Pero el tiempo pasó y la situación continuó hasta que la investigación recayó en la fiscalía de Mahiques. «Es fundamental que quienes tenemos la responsabilidad de brindar un servicio de justicia en el ámbito penal seamos conscientes de la importancia que representa la debida sanción en un plazo razonable de los responsables de este plan criminal que implicó el robo institucionalizado de XX del poder de su padre, quien desde ese mismo momento hasta estos días, a pesar de las enormes y variadas dificultades que se le presentaron, luchó y dio batalla para preservar su vínculo frente a un Estado totalmente cómplice. Estos hechos no admiten una página más de impunidad», sostuvo en su dictamen el representante del Ministerio Público.
Conocer a su hija
Fornerón conoció a su hija cuando ambos coincidieron en el momento de la extracción de muestras de sangre para el estudio de ADN. El primer encuentro entre padre e hija, después de un insistente pedido para establecer un régimen de visitas, duró apenas 45 minutos. Fue en octubre de 2005 en un hotel de Victoria y él fue presentado como «un amigo». Todo fue supervisado por una psicóloga.
Después del fallo de la CIDH se fijó finalmente un régimen de visitas. A la menor le angustiaba mucho la situación y su padre biológico no tuvo intención de presionar en ese tema. Se estableció que debían ser dos encuentros por año, pero no se concretó aún esa resolución.
Adopción ilegal
«A los fines de cumplir con el objetivo criminal propuesto, Enríquez entregó a la niña concebida fruto de la relación que había mantenido con Fornerón, sin el consentimiento de este último, a B. y Z., situación que se instrumentó ilegalmente por vía del defensor de pobres y menores suplente del lugar, Guaita, y que luego, a instancias del abogado de los «padres adoptivos», Espona, fue convalidada por el juez que tomó intervención en el caso, Del Valle, para lo cual contó con las opiniones favorables de la perito psicóloga Daniela Kairuz y del otro defensor de pobres y menores, Balbi, en clara y absoluta violación de los derechos de Fornerón en su condición de padre y de XX en su calidad de niña sustraída de su familia biológica», afirmó el fiscal Mahiques a La Nación.
Fornerón se enteró por una vecina que Enríquez estaba embarazada. Su relación sentimental había terminado un tiempo antes. Él expresó enseguida su deseo de hacerse cargo del bebe, pero la mujer dio a luz el 16 de junio de 2000 en una clínica de Victoria y un día después entregó a su hija. Pocos días después, comenzó la lucha judicial del padre biológico.
Argumentos
Según el expediente del caso, el juez entrerriano Raúl del Valle dispuso la confirmación de la guarda judicial de la beba en 2001 y rechazó el pedido del padre biológico al argumentar que Leonardo Fornerón habría reconocido a la menor 74 días después del nacimiento, que no tenía una relación formal con la madre biológica y que ambos habían abandonado a la niña por lo que debía quedar ésta bajo tutela.
Un plan criminal
En su dictamen el fiscal Ignacio Mahiques expuso que debe darse una rápida resolución a este caso que se prolonga desde mediados de 2000: «Es fundamental que quienes tenemos la responsabilidad de brindar un servicio de justicia en el ámbito penal seamos conscientes de la importancia que representa la debida sanción en un plazo razonable de los responsables de este plan criminal».
