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Es en el marco de un expediente en el que se investigó la presunta distribución de materiales de construcción entre 2014 y 2015 con el fin de “captar votos”.
Este lunes 1° se inicia el juicio oral al exintendente de Crespo, Ariel Robles (PJ), que se sentará en el banquillo acusado por el supuesto delito de peculado, y se enfrentará a un pedido de condena de 4 años de cárcel. Es en el marco de un expediente en el que se investigó la presunta distribución de materiales de construcción entre 2014 y 2015 con el fin de “captar votos”.
La misma pena fue solicitada para su exsecretaria de Hacienda y Economía, la contadora Leonor Evangelina Winderholler; en tanto, para su exsecretario Gobierno, Jorge Jesús Waigel, hay un pedido de pena de 3 años y 6 meses de cárcel.
La diferencia en la solicitud del castigo se debe a que los dos primeros están acusados de coautores del delito de peculado, en tanto que al último se le endilga haber sido partícipe primario.
El fiscal de la causa es Franco Bongiovanni. En tanto, ejercen como defensores los abogados Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorellli. Las audiencias se desarrollarán los días 1°, 2, 3, 4, 5 y 8 de marzo.
El expediente fue elevado a juicio en la audiencia del 3 de noviembre de 2020 por la jueza de Garantías de Paraná Marina Barbagelata. Ahora, la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) avanzó con el sorteo del Tribunal colegiado que juzgará al exintendente y sus exfuncionarios.
El mismo estará presidido por el juez Pablo Vírgala, y acompañado por Alejandro Cánepa y Rafael Cotorruelo. Según se indicó, ahora sólo resta que se fije la fecha en que se realizará el debate oral y público, que seguramente será en 2019.
A Robles, Winderholler y Waigel se les endilga haber autorizado “de forma reiterada y sistemática la entrega de materiales de construcción, mediante desagregadas compras directas por un monto total de $953.227”, que surgieron tras solicitudes que realizaron diferentes habitantes en el área de Acción Social del municipio. Esa maniobra, según la Fiscalía, habría sucedido en el período que va de diciembre de 2014 a septiembre de 2015.
Los insumos comprados de forma directa a tres corralones de la ciudad -Agrícola Regional, Nutritotal y Nutrihaus- luego se entregaban a vecinos sin respetar normativa alguna, como la ordenanza 3/2003, que regula el otorgamiento de los subsidios a personas físicas y jurídicas; la 53/96 y 55/11, que regula las órdenes de compra y contrataciones, y la ley provincial de contabilidad pública, N° 5140.
Según el fiscal Bongiovanni, la compra y entrega de materiales se dieron con mayor frecuencia en julio de 2015, cerca de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), y que ese accionar fue para “captar el voto de los vecinos”.
Además, considera que el intendente y su secretaria de Hacienda tuvieron un “rol determinante en la efectivización” de la maniobra “al validar las órdenes de compra y cada una de las erogaciones viciadas infringiendo los deberes que les competían”.
En el caso de Waigel, señala que “asumió el comportamiento esencial en la faz resolutiva de la maniobra a través de la cual se apartaron esos caudales públicos”.
La causa se inició tras una denuncia del actual intendente de la localidad, Darío Schneider (Cambiemos). En el juicio, el jefe comunal será citado a declarar, como así también funcionarios y empleados del municipio, y especialistas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), que trabajaron en la auditoria que detectó las presuntas irregularidades en la compra de materiales y su distribución entre beneficiarios.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.
