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El Ministerio de Salud dispuso que una empleada, cuya suplencia extraordinaria fue dada de baja porque no cumplía funciones en el Estado sino en UPCN, deba devolver al Estado casi medio millón de pesos percibidos indebidamente.
La medida está contenida en la resolución Nº 4369/18 del Ministerio de Salud, publicada en el Boletín Oficial, y dice: “Reconocer el procedimiento realizado en el mes de agosto del corriente año por los Departamentos Personal y Liquidaciones de este Ministerio y dar de baja la Suplencia Extraordinaria a favor de la Sra. Noelia Evangelina Bertín”.
Y dispone, además, que “se intime a la ex agente Noelia Evangelina Bertín (…) a la devolución de la suma de pesos cuatrocientos setenta y siete mil trescientos noventa y cuatro con once centavos ($ 477.394,11), percibido indebidamente por haber revistado como suplente extraordinario, sin haberse registrado prestación de servicios, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales pertinentes, conforme lo manifestado en los considerandos precedentes”.
El reclamo de Salud ya tuvo una primera respuesta: la empleada que nunca cumplió funciones en Salud hizo una presentación a través de la cual pretende que esa disposición quede sin efecto, con lo cual lo que derivará ahora será un pleito legal.
El caso
Cabe recordar que en octubre de 2018, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), gremio dirigido por el diputado provincial peronista José Ángel Allende, instaló una carpa frente a Casa de Gobierno para pedir la renuncia de la ministra de Salud, Sonia Velázquez, y denunciar “despidos encubiertos” en la cartera sanitaria.
En ese momento, la ministra había asegurado que “las únicas dos desvinculaciones que se dieron fueron por dos suplencias extraordinarias de personas que no estaban cumpliendo funciones en el Ministerio de Salud, ni en algún ámbito, ya hospitales o centros de salud”.
Esas dos suplencias habían sido gestionadas en 2016 para cubrir lugares en el Hospital Escuela de Salud Mental y en la secretaría privada del Ministerio de Salud. Sin embargo, en ninguna de esas áreas pudieron dar con esos contratos. Las averiguaciones derivaron en la constatación de que los dos trabajadores se desempeñaban en UPCN y sus salarios se los pagaba el Estado.
