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Tras dos meses de inactividad, la Cámara Alta nacional sancionó el proyecto que busca aumentar en un 50% los recursos destinados la crisis alimentaria. El debate transcurrió sin dilaciones. Hubo manifestaciones de organizaciones sociales.
La prórroga de la Ley de Emergencia Alimentaria hasta 2022 y la ampliación del monto a distribuir por el Gobierno nacional fue aprobada hoy por unanimidad y convertida en ley por la Cámara de Senadores, luego de un debate de casi tres horas.
El proyecto aprobado extiende la vigencia de la norma, vigente desde 2002, y dispone un aumento del 50% de las partidas destinadas a las políticas nacionales de alimentación y nutrición contempladas en el presupuesto de este año.
Además, la iniciativa faculta a la Jefatura de Gabinete a «disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias» para poder destinar fondos para aplicar esta ley.
También se autoriza al Jefe de Gabinete, partir del 1 de enero del 2020 y hasta que dure la emergencia, a actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición, tomando como referencia el aumento de la inflación y la variación de los productos de la canasta básica.
La primera en tomar la palabra fue la senadora salteña, Cristina Fiore Viñuales: «El hambre es un tema que existe, es vergonzoso, duele y nos tenemos que hacer cargo. Me preocupa que quienes tienen que decidir califiquen esta situación como slogan de campaña».
«Vamos a acompañar este proyecto pero debemos discutir el modelo económico porque los modelos fundados en el endeudamiento quiebran el contrato social e impiden que los derechos de la sociedad no se puedan hacer efectivos», dijo a su turno la senadora del Frente para la Victoria, María de los Ángeles Sacnun.
En tanto, el senador justicialista José Mayans criticó el tratamiento del proyecto y su distribución en las provincias. «No estoy de acuerdo con la forma en que estamos trabajando el proyecto. Voy a votar a favor por respetar la problemática de mucha gente pero la distribución no es equitativa entre la provincia de Buenos Aires y el resto del país», afirmó.
El senador neuquino Guillermo Pereyra expresó su intención de acompañar el proyecto de emergencia alimentaria y calificó la situación del hambre en Argentina de «un problema coyuntural» consecuencia de que tenemos en la Argentina, producto de «políticas erróneas».
En tanto, la senadora Magdalena Odarda expresó: «El hambre es un problema humanitario. Por eso hoy vamos a sancionar la ley de emergencia alimentaria que las organizaciones sociales vienen reclamando hace años».
Además, reivindicó a las organizaciones sociales y a quienes llevan adelante los merenderos. «Se trata de canalizar la solidaridad en hechos pacíficos. Eso es lo que nosotros debemos tomar como ejemplo. Lo que deben hacer los argentinos cuando otros sufren».
Una de las grandes ausentes de la jornada, es la expresidenta y candidata a vice del Frente de Todos, Cristina Fernández, quien aún se encuentra en Cuba, a donde viajó a visitar a su hija Florencia. La compañera de fórmula de Alberto Fernández regresará al país este jueves y el sábado 21 presentará su libro Sinceramente en la Universidad de la Matanza.
Otro de los faltazos destacados es el del candidato a vice del oficialismo, Miguel Ángel Pichetto, quien ya se había ausentado a la última sesión del Senado en julio pasado y para el que la temática de la emergencia alimentaria es un área pantanosa. En los últimos días, sostuvo que la iniciativa no tenía «sentido» y calificó a los movimientos sociales de ser «espacios dirigidos a conmocionar el espacio público».
La norma aprobada por Diputados y Senadores prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria en la Argentina, lo cual implica un aumento en un 50% de los recursos destinados a este fin, por un monto de 10 mil millones de pesos.
Además, faculta al jefe de Gabinete a actualizar las partidas trimestralmente, tomando como referencias mínimas el aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el rubro «alimentos y bebidas no alcohólicas» y la variación de la canasta básica alimentaria que mide el INDEC.
También, habilita al Poder Ejecutivo a «disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias, y las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional».
