 |
  |
El Instituto Nacional de Semillas dictó una resolución para que los productores informen y acrediten el origen de la variedad que van a usar. Buscan evitar el comercio ilegal de semillas y otros productos.
El Gobierno dictó una resolución para que los productores comuniquen y acrediten ante el Instituto Nacional de Semillas (Inase) el origen de la semilla que van a utilizar en una campaña agrícola. Apunta a evitar cualquier comercio ilegal en soja y otros productos.
Así lo determinó la resolución 245 del Inase, que lleva la firma de su presidente, Claudio Dunan y está en la órbita de la Secretaría de Bioeconomía. La medida incluye, además de soja, trigo, cebada, arveja, garbanzo, maní, algodón y arroz. Según pudo saber este medio, esta es la primera de una serie de disposiciones que irán “con todo” contra lo que se denomina como “bolsa blanca” en el sector. Busca que el agricultor que se guarda semilla de una campaña para utilizar en la siguiente también acredite el origen de lo que va a usar.
En este contexto, como no salió UPOV91, la adhesión a un tratado internacional de semillas y su protección que el Gobierno impulsaba con la primera edición de la Ley Bases, ahora se decidió avanzar con más resoluciones para tener un mejor control de la actividad. “Pronto habrá más”, dijeron a este medio.
En rigor, la resolución en sus fundamentos señaló que “en los últimos años se han registrado situaciones que ameritan una revisión y readecuación del marco normativo, manteniendo siempre el espíritu de las reglamentaciones creadas originariamente, pero contemplando nuevas situaciones de comercio y uso de semilla”.
Y aclaró: “Se dispone que para ejercer en el tiempo la excepción referida [derecho del agricultor], debe ser demostrable la adquisición legal de la semilla, siendo necesaria la conservación de la factura de compra originaria para estos fines, sin perjuicio del plazo”.
Según lo dispuesto por el Inase, “los agricultores que siembren cultivos de las especies incluidas en el SISA deberán comunicar, ante el requerimiento de este Instituto Nacional de Semillas, organismo descentralizado en la órbita de la Secretaría de Bioeconomía del Ministerio de Economía, los volúmenes por variedad de la semilla utilizada o por utilizar en la siembra de la respectiva campaña y acreditar, con la documentación respectiva (factura de compra), la adquisición u origen legal de la semilla de la/s variedad/es declarada/s, cuenten o no con propiedad vigente al momento del requerimiento, cabiéndole a esta información el mismo carácter de Declaración Jurada”.
De acuerdo a la resolución, los productores que ya hacen declaraciones ante el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) deberán cumplir lo que dice la resolución 35 de 1996 en su artículo 1 del Inase, que estableció los requisitos a la “excepción agricultor” cuando el productor se guarda semilla. Los productores deberán hacer este paso respecto a las especies y variedades utilizadas cuenten o no con título de propiedad vigente.
En la actualidad, hay un fuerte reclamo de la industria semillera por avanzar en un marco que brinde protección intelectual tanto en soja como en los otros productos contemplados por la resolución del Gobierno. Sucede que, argumentan, el no reconocimiento de la propiedad intelectual conspira contra las inversiones en la actualidad y es una de las causas por las cuales la Argentina ha ido perdiendo en competitividad en rinde de la soja versus otras naciones como Brasil y los Estados Unidos.
En enero pasado, Fernando Vilella, secretario de Bioeconomía, estimó ante el Congreso, durante la defensa de la primera Ley Bases que incluía UPOV 91, que la Argentina se perdió de facturar en soja unos US$4000 millones por menor avance genético.
Dijo que la Argentina, Brasil y Estados Unidos tenían el mismo rendimiento por hectárea de soja a principios de este siglo y hoy en el país es entre 600 y 700 kilos menos por hectárea. “Esto significa que estamos perdiendo el equivalente a US$240 por hectárea. Cuando lo multiplicamos por los 16 millones de hectáreas, estamos hablando de miles de millones de dólares que se perdieron por no tener el mismo progreso genético que nuestros vecinos”, explicó en esa oportunidad. Y remarcó que esos 240 dólares por hectárea perdidos se deben a “no haber pagado los seis a ocho dólares que hubiera costado el derecho de la semilla. En total, estamos hablando de US$4000 millones desde el año 2000, resultado de haber perdido entre 600 y 700 kilos respecto a Brasil y los Estados Unidos”.
Según estimaciones, hoy en soja hay un 20% de mercado de semilla fiscalizada y 17% de pago de regalía extendida. Vale recordar que la industria avanzó con el sistema “Sembrá Evolución” para tratar de lograr un marco de garantía que siga permitiendo la introducción de variedades con su debido reconocimiento a la actividad.
La resolución de hoy del Inase estableció que la información “deberá ser remitida en el plazo previsto en la notificación correspondiente a través de las plataformas electrónicas disponibles al efecto, no siendo necesaria la remisión de documentación en formato papel”.
Agregó: “Los productores agrícolas que pretendan hacer uso de la excepción del agricultor, deberán conservar la documentación necesaria para acreditar el origen legal de la semilla utilizada, durante el tiempo que pretendan beneficiarse de dicha excepción, con independencia de todo plazo de guarda de documentación previsto en cualquier otro ámbito (contable, administrativo, comercial, laboral, previsional impositivo, fiscal, societario, aduanero, entre otros)”. Fuente: (LaNación)
