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Respecto a junio, donde no hubo ajuste salarial, el Ejecutivo además propuso el pago de un bono remunerativo por única vez de $60.000
El Gobierno presentó hoy una oferta de un aumento para los trabajadores de la administración pública nacional del 6,6%, en dos tramos, de 3,5% para julio y un 3% para agosto, y así cerró una nueva etapa de la paritaria del sector.
Respecto a junio, donde no hubo ajuste salarial, el Ejecutivo además propuso el pago de un bono remunerativo por única vez de $60.000.
La oferta contó con el aval de UPCN, el gremio mayoritario, mientras que fue rechazada por el minoritario, ATE.
«Esta propuesta es inaceptable. Un recorte de esta magnitud en los ingresos del sector público no encuentra precedentes en las últimas décadas. Han decido usar la paritaria nacional como disciplinamiento para gobernadores e intendentes», se quejó el titular de ATE, Rodolfo Aguiar.
«Los ofrecimientos ni siquiera se condicen con los niveles oficiales de inflación. Está claro que enfrentamos un plan deliberado para destruir los salarios y las condiciones de vida de todos los empleados públicos», agregó el dirigente.
Del bono propuesto, dijo que «ni siquiera alcanza para la factura de luz, es ridículo», disparó Aguiar.
Según el informe de la Junta Interna de ATE en INDEC, una familia tipo necesita $1.362.029 para no ser pobre, cifra muy superior al ingreso promedio de los estatales.
Por su parte, UPCN, gremio conducido por Andrés Rodríguez que tiene la potestad de firmar la paritaria por ser el de mayor representación, sostuvo en sus redes sociales que se arribó al «mejor de los acuerdos posibles».
La reunión paritaria se hizo este viernes a la tarde en el tercer piso de la sede de la Secretaría de Trabajo de Avenida Callao 114, en el centro porteño.
La última negociación había sido en mayo, en medio de las tensiones de los gremios del sector con la gestión de Javier Milei, luego de haber respaldado la candidatura de Sergio Massa, el candidato derrotado por el líder libertario.
El Gobierno desde un principio resolvió atrasar los sueldos de la administración pública como uno de los mecanismos para contener la inflación y el propio Presidente sostuvo en sus discursos que esos salarios no se ajustaron a los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
