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La causa de los contratos truchos aparece como un capítulo revelador de la relación de la política y la comunidad judicial.
La decisión de hacer lugar a un habeas corpus para que el cuñado de Sergio Urribarri, entre otros detenidos, pueda cumplir su prisión preventiva en su domicilio es un elemento más que pone de relieve el modus operandi de las elites políticas y judiciales que deciden sobre las instituciones de la provincia. La causa de los contratos truchos aparece como un capítulo revelador de la relación de la política y la comunidad judicial.
De pronto, en Entre Ríos, la letra constitucional fue inapelable. Se impuso, incluso, ante cualquier procedimiento. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) hizo lugar a un habeas corpus por un detenido. Se apeló al estado de las cárceles y la ley de ejecución de pena 24.660. Lo esperable era que al detenido en cuestión se lo destine a un pabellón especial, a donde se alojan a los procesados, como lo indicó la jueza de garantías. Pero el detenido quedó horas antes de la Navidad habilitado para cumplir la medida en su domicilio pese a que dos fallos se lo habían negado. El detenido era Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex gobernador y ahora presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri.
Lo que ocurrió este 24 fue el accionar de un sector de la elite, política y judicial, que decide el devenir de los ciudadanos en la provincia. La primera pregunta que surgió tras la noticia es que si la letra de la carta magna correrá para los otros mil detenidos que están en la misma situación de Aguilera. La respuesta no está en lo jurídico ni en lo político, está en el ámbito de lo social. Los otros detenidos no pertenecen a ninguna elite, a tal punto que los abogados que pidieron por Aguilera también tienen detenidos en Unidad Penal, pero en el caso de Aguilera los honorarios se los paga la elite. Por eso hubo un habeas corpus. Por eso hubo interpretación de la Constitución. A propósito del fallo, ¿se presentarán los defensores oficiales? Los fiscales de la causa de los contratos truchos apelaron la medida.
La petición por Aguilera interpuesta por Miguel Ángel Cullen, a la que se sumaron otros abogados defensores que son parte de la causa, debió resolverla la Sala Penal y de Asuntos Constitucionales, pero sus integrantes decidieron en un caso anómalo e irregular hacerle lugar pero remitirlo a un juez. Quienes votaron por esa decisión fueron Daniel Carubia y Claudia Mizawak. Miguel Ángel Giorgio votó en disidencia.
¿Fue el urrbarrismo en pleno quienes trabajaron en esta operación judicial? Es probable y lógico. Un miembro de la familia estaba a punto de pasar las fiestas tras las rejas. ¿Quiénes fueron los operadores y ejecutores? Mizawak, a la que se sindica como urribarrista, fue abogada personal y luego fiscal de Estado de Jorge Busti. Carubia fue socio de Busti en el estudio de Concordia. A ambos, el tres veces gobernador los ungió vocales del Superior Tribunal de Justicia en la sensible Sala Penal y de Asuntos Constitucionales. ¿Dos halcones de la vieja guardia le hicieron un favor a Urribarri? Se lo hicieron a una elite que gobierna la provincia hace tres décadas con operadores en los tres poderes del Estado.
El juez que decidió la domiciliaria de Aguilera, Gustavo Pérez, Alfredo Bilbao y Ariel Faure, entre otros, fue Mauricio Mayer. Antes de ingresar al Poder Judicial, Mayer integró la Oficina Anticorrupción, la pantomima que inventó Busti para sepultar la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) que lo había investigado a él y a su alfil y compañero de andanzas y de carrera política de toda la vida: Urribarri.
La causa de los contratos
La causa de los contratos truchos es un capítulo inquietante que describe el modus operandi de las elites, con sus viejos y nuevos actores, purgando en defensa propia más allá de las diferencias que pueda haber entre las cooperativas que las integran.
El caso fue revelado por Página Judicial el 3 de octubre, día en que se allanaron dos estudios contables que para el Ministerio Público Fiscal integran la asociación ilícita por la cual se fraguaron 2 mil millones de pesos en una década en el seno de la Legislatura. A partir de allí se especuló, inmediatamente, con la imputación de todos quienes habían presidido las cámaras parlamentarias. No ha pasado. Después de Aguilera, como uno de los escalones más altos de la pirámide, sería el turno de Aldo Ballestena, senador por La Paz a quien en el entorno de Adán Bahl le han adjudicado haber firmado los contratos en cuestión. El vicegobernador debería afinar el lápiz y ajustar la hipótesis. Se está diciendo en medios y reuniones que estaba al tanto del sistema de saqueo, pero que a la vez manifestaba su desacuerdo. El relato tiene fisuras. Si lo sabía debió denunciarlo, de no haberlo hecho incurrió en el delito de incumplimiento de su función pública.
En la Cámara de Diputados la cuestión es aún más inquietante. Urribarri, siempre en el ojo de la tormenta por sus complicaciones en varias causas de corrupción que tramitan en los tribunales, tiene contratado a buena parte de los integrantes de uno de los estudios allanados que supuestamente administraban contratos truchos. Sin embargo, fueron los integrantes del otro estudio los detenidos. Todo tiene su explicación.
En Diputados está contratado Pedro Opromolla, con quien la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche, tiene un departamento en común y su marido Sebastián Orlando fue socio (¿o es?). Cuando se reveló esa noticia, Goyeneche apuntó a una organización criminal y mafiosa integrada supuestamente por dirigentes políticos, abogados defensores y periodistas. Sus súbditos enrolados en el novedoso Consejo de Fiscales de Entre Ríos, con la firma de Matilde Federik, Álvaro Piérola y Gamal Taleb, ratificaron la idea de que existe esa organización.
¿Por qué integrantes del estudio contable vinculado al Senado terminaron detenidos, mientras que los socios del buffet vinculados a la siempre polémica presidencia de Diputados ni siquiera están imputados? Asesoría Integral, que integran entre otros Opromolla, tiene como clientes a magistrados de esta ciudad. Hay apellidos de la comunidad judicial relacionados entre sí familiar y profesionalmente. Ciudad chica infierno grande. Es un caso verdaderamente digno de filmar.
Sobre el procurador Jorge García pesa un pedido de jury que en una primera etapa fue rechazado de manera unipersonal por Diego Lara, la espada parlamentaria de Rosario Romero. El presidente del STJ, Emilio Castrillón, pícaro, dijo en algunos medios que esa resolución fue escrita en el Ministerio de Gobierno. La historia – según la cuenta el propio Busti – es a José Carlos Halle en su función de secretario de Justicia a quien hay que adjudicarle la designación de García.
Castrillón impulsó un candidato cuando se enteró que Julio Federik era el postulante de Romero para integrar la Cámara de Casación Penal de Concordia. Todo se enturbió y la integración interina quedó estancada en la polémica. Se recurrió, con buen criterio, a llamar a concurso en el Consejo de la Magistratura. Federik no se anotó, pero es uno de los integrantes del jurado. Mientras tanto defiende a Opromolla y a Juan Domingo Orabona, el presidente del Instituto del Seguro y contador de Concordia del que se preguntan qué será de su destino en la causa. No se lo ha tocado pese a su rol activo que tuvo en la administración del Senado años atrás.
Los nombres y apellidos se repiten hace décadas. Se relacionan. Integran cooperativas políticas y judiciales con apoyo mediático. Algunas de ellas, pese a las diferencias, este fin de año se las ingeniaron para pugnar por un privilegio. Aparentemente prevaleció la Constitución y se cuestionó la indignidad de la cárcel. Se presentó un habeas corpus. Se le hizo lugar. Y tuvo efecto.
Todos los procesos aparecen como algo cíclico. Se reformulan. Y permanecen. Da la sensación de que la única salida es que se vayan todos.
Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial
