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El senador provincial Raymundo Kisser (Cambiemos – Paraná) y el abogado Rubén Pagliotto presentaron este miércoles una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción por la presunta comisión de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, en el marco del proceso de selección de contratista para las obras del denominado Cierre Norte Gasífero y Eléctrico.
En el escrito se alude al proceso que culminó con la apertura de sobres por parte del gobernador Gustavo Bordet, el 19 de octubre, de la licitación para las obras del Cierre Norte tras lo cual se conoció que el único oferente fue la empresa China National Import Export Corporation-Yutong SA. Se menciona, entre otros funcionarios, al presidente de Enersa y secretario de Energía, Jorge González; al ministro de Economía, Hugo Ballay; y al secretario Legal y Técnico, José Gervasio Laporte.
En el escrito, Kisser y Pagliotto pidieron “la necesaria y urgente investigación sobre todo el proceso administrativo de estas obras que exhiben desprolijidades en sus formas y sustancia e incumplimientos normativos groseros e inexcusables, generando un marco de dudas y despertando suspicacias acerca de si ello no obedece a la necesidad de disimular o encubrir una selección amañada del contratista”.
Los denunciantes expusieron “aspectos que merecen observaciones y tachas por su incumplimiento normativo, alteraciones de los procedimientos, la manera ostensible y constante en que se echa mano a mecanismos oblicuos tendientes a eludir los necesarios controles de los organismos específicos y argumentos falaces en los propios considerandos de los decretos”.
Entre otros puntos, mencionaron el decreto 2.776 del Ministerio de Planeamiento, en el cual se expresa que han tomado intervención los organismos de control “cuando tal cosa resulta ser absolutamente falsa”. También marcaron que “se recurre hasta el empalagamiento” a párrafos donde se hace referencia a que “el Estado provincial podrá delegar el procedimiento, mecanismo, modalidad y forma de selección adecuados a la actividad específica de que se trate, en los entes, dependencias o sociedades del Estado provincial en forma directa o indirecta”. Para los denunciantes, se observa allí “la única y predeterminada finalidad de delegar en Enersa la ejecución total de las obras y, por ende, someterlas a los procedimientos propios y específicos de su incumbencia, obviando o eludiendo de este modo la actuación de los organismos de control interno y externo, como la aplicación de leyes específicas y obligatorias, llegando incluso a delegar todo ello en una empresa estatal por medio de un decreto, cuando debió hacerse por ley”.
“Se pretende con esta denuncia penal evitar la consumación de delitos o, cometidos ya, que se propaguen negativamente los efectos sobre el erario público provincial, toda vez que, sin constarnos en forma directa, se habla en círculos vinculados a la obra pública, como que los precios que se les pagaría a las empresas chinas son muy elevados en relación a los costos reales de estas obras, siendo del caso que esta licitación, por lo meteórico de su proceso (un apuro nunca justificado) y el secretismo que la rodeó, operó como un ‘negocio a bulto cerrado’, de modo muy apresurado, con muchas falencias y disrupciones, llevándose por delante e incumpliendo variopintas normas legales y constitucionales y eludiendo la intervención previa de ciertos organismos de contralor, llamando especial y poderosamente la atención que no existan registros de la participación de la Fiscalía de Estado, quien debió necesariamente opinar y tener, acaso, un rol más protagónico que el que tuvo la Secretaría Legal y Técnica, que no es un organismo de control ni sus incumbencias, facultades y obligaciones son iguales a la de aquella”, se indicó luego.
Otros puntos que Kisser y Pagliotto mencionaron como preocupantes y generadores de “dudas y preplejidades” son: que Jorge González sea a la par presidente de Enersa (ejecutora de las obras) y secretario de Energía de la provincia, lo que puede derivar en incompatibilidades y conflictos de intereses; que el ministro de Economía, Hugo Ballay, integre el directorio de Enersa; y que el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, integre la comisión fiscalizadora de Enersa junto a los secretarios Legal y Técnico, José Gervasio Laporte, y de Presupuesto y Finanzas, Luis Erbes.
“Todos ellos son funcionarios del Poder Ejecutivo y, a la vez, ocupan primerísimos lugares en Enersa, empresa que llevará a adelante la ejecución de ambas obras, bajo los reglamentos, métodos y procedimientos de la misma, quedando este proceso de licitación y ejecución excluido del contralor de los organismos específicos del gobierno provincial y fuera del alcance de las leyes correspondientes, lo que se logró a través de un decreto del Poder Ejecutivo y no de una ley, como hubiese correspondido, máxime cuando se creó una comisión bicameral para controlar obras de capitales chinos”, insistieron los denunciantes.
Más adelante, Kisser y Pagliotto reiteraron la necesidad de iniciar una investigación inmediata “tendiente a determinar si existieron los incumplimientos que estamos denunciando y si ellos pueden ser imputados a funcionarios del Poder Ejecutivo provincial, a título de dolo o de culpa, según el caso, y con el grado de participación criminal que les cupo a cada uno”.
También pidieron que se dispongan medidas periciales en lo posible encargadas a “ingenieros de la Universidad Nacional del Litoral” para garantizar independencia, a fin de que estimen los costos reales de las obras licitadas.
Los denunciantes aclararon “a fin de despejar dudas y evitar sutilezas innecesarias e inmerecidas que tiñan el fin perseguido por esta presentación” que “en modo alguno a quienes suscribimos esta denuncia nos animan cuestiones personales contra ningún funcionario y, menos aún, nos oponemos a la realización de estas obras, necesarias y que contribuyen al progreso de las zonas beneficiadas y de la gente que allí habita”.
“Por el contrario –señalaron- alentamos y sostenemos la necesidad de concretar las mismas atento a que se trata de obras de infraestructura que contribuyen absolutamente al desarrollo de determinadas regiones de nuestra provincia, sobre todo de aquellas más postergadas y con mayor atraso relativo y que, además, las mismas suman a un modelo de desarrollo productivo e industrial que colocaría a nuestra provincia en niveles competitivos similares al resto de las provincias que componen la Región Centro.
“Nada de eso se pone en duda ni en discusión pero, aun así, es intolerable que ello se haga a despecho de las normas legales y constitucionales vigentes y también de la necesaria e inexcusable transparencia que debe caracterizar el manejo y administración de la cosa pública”, concluyeron Kisser y Pagliotto.
Fuente: Análisis Digital
