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La Caja Complementaria Docente reclamó aportes mal liquidados tras la transferencia de escuelas nacionales a la provincia y en la gestión del gobernador Gustavo Bordet se encendieron las luces de alarma. La demanda es por 417.206.798,27 pesos.
La cifra se compone de capital (152.211.500,42 pesos) e intereses (264.995.297,85 pesos), pero Entre Ríos no fue la única demandada anta la Justicia Federal. Sumados los planteos efectuados al resto de las provincias el dinero en discusión asciende a 5.000 millones de pesos.
En el Juzgado Federal Número 2 de Paraná, a cargo de Daniel Alonso, se presentaron dos demandas: una por 286.297.251,52 pesos y otra por 66.398.523,53 pesos. Tramitan en forma paralela a un reclamo administrativo por el importe mencionado en el primer párrafo de este artículo.
El planteo se formalizó a través de una nota que el presidente de la Caja, Jorge García Rapp, le envió el 7 de marzo pasado a Bordet. La suma exigida surge de la aplicación de Resolución 5699, emitida para aprobar un Régimen Especial y Transitorio para las Provincias.
Según lo sugerido por la Caja, en caso de prestar su adhesión antes del 31 de mayo y aceptar un plan de pago de 60 cuotas, la provincia obtendría una reducción del 60 por ciento en los intereses resarcitorios y punitorios. Si el acuerdo si hiciera por 120 meses se concretaría «una bonificación de los intereses resarcitorios y punitorios del 40 por ciento».
Además Rapp destacó que «están contempladas otras alternativas con bonificación de intereses en función de la fecha de acogimiento a la moratoria y la cantidad de cuotas a pagar».
En su afán por lograr hacerse de dinero desde la Caja se envió un anexo con el detalle de las sumas reclamadas y otro con los casos en los que se basó para denunciar la falta de pago de aportes por los docentes que fueron transferidos a la provincia en 1993.
En el plano judicial el Consejo General de Educación (CGE) desestimó la acción ejecutiva. Sostuvo que al comprometer fondos públicos debió notificarse a la Fiscalía de Estado, que por mandato constitucional detenta la defensa de los intereses se la provincia.
En base a ese argumento le solicitó a Alonso que «decrete la nulidad de la notificación y de todo lo actuado en las presentes actuaciones».
También recordó que en marzo de 2017 brindó información sobre los docentes reconocidos, y que del entrecruzamiento de datos surgieron numerosos casos que no registraban deudas con la Caja. Mientras el CGE reconoció un universo de 3.409 agentes, la contraparte lo estimó en 4.643 educadores.
Tras considerarla «arbitraria» y «absurda», el CGE precisó que la demanda puso de manifiesto «una astucia que pretende burlar la realidad de los hechos, provocando así un perjuicio al erario».
Para negarse a pagar esos montos el CGE manifestó que «la excepción de nulidad es procedente en tanto el actor (la Caja) no ha hecho legalmente la intimación del pago». Y destacó que a través del Expediente Administrativo Número 2.087.052, que fue anexado como respuesta a la demanda, quedó acreditado que el CGE efectuó el pago total -los depósitos – de las sumas en concepto de aportes retenidos».
Fue su forma de decir que desde la transferencia de escuelas la provincia efectuó los aportes de su personal a la Caja Complementaria Docente. Por eso requirió que la demanda sea desestimada y se impongan las costas a la Caja.
Algo que todavía está por verse.
