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El Ministerio de Trabajo le notificó a Hugo Moyano que esas autorizaciones de trabajo son «ilegales». Busca de esta manera desactivar supuestas maniobras extorsivas del gremio de camioneros denunciadas por varias compañías de transporte de carga
Hugo Moyano no podrá expedir certificados de libre deuda a las empresas de transporte de carga. Así se lo notificó el Gobierno al sindicato de Camioneros luego de sucesivas denuncias por extorsión que distintas compañías hicieron públicas en los últimos meses.
El escrito del Ministerio de Trabajo señala que las leyes «no prevén ningún tipo de certificado emitido por entidad sindical alguna de libre deuda de aportes, contribuciones, obra social ni cuota sindical, siendo ello una facultad que se arroga el gremio, impidiendo a las empresa solicitantes de su derecho a ejercer toda industria lícita, lo cual viola garantías constitucionales«.
Según el texto, firmado el abogado del Departamento de Asesoría Técnica Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, Luis Alberto Garrido, no sólo es ilegal la autorización que expide Moyano para dar trabajo sino también «que las empresas cedentes o contratistas exijan el certificado referido a las empresas subcontratistas, emitido por el gremio en cuestión».
Por los certificados, que representan un ingreso para el gremio, Moyano recibió numerosas denuncias. Entre ellas las que indican que los camioneros extorsionan a las compañías para que exijan esa autorización a los transportistas como paso obligatorio para poder circular.
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El episodio de mayor impacto mediático, donde aparecieron en escena los famosos certificados de libre deuda, fue el que tuvo como protagonista a Nancy Pastorino, la dueña de Expreso Pontevedra, una empresa familiar de transporte de carga de la localidad bonaerense de Merlo.
Pastorino dijo en febrero que los camioneros de la filial San Miguel la amenazaron con bloquear su compañía si no se atenía a las exigencias económicas del gremio. Cansada, decidió grabar las conversaciones telefónicas y presentar los audios a la justicia.
La denuncia de extorsión motivó distintos allanamientos, inclusive uno en la sede central de Camioneros. En su momento la CGT ligó dichos procedimientos a un supuesto plan del Gobierno para «amedrentar a las organizaciones sindicales».
Pastorino buscó terminar con las especulaciones viralizando los audios donde la presionaban por una supuesta deuda de aportes y contribuciones.
La difusión de los diálogos de Pastorino ya activó denuncias del mismo tenor de otros empresarios del transporte de carga. Con su dictamen, el Ministerio de Trabajo busca acotar una serie de maniobras del sindicato de camioneros que ahora la justicia deberá determinar si son o no son extorsivas.
(Infobae)
