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Este lunes se inician las audiencias a los tres exministros del gobierno de Sergio Montiel por designaciones en planta permanente del Estado a personas con decretos antedatados. El exministro de Economía pediría el juicio abreviado.
En la mañana de este lunes, deberán sentarse en el banquillo de los acusados tres exministros del fallecido gobernador Sergio Montiel, en una causa que se ventila desde el años 2003 por los delitos de Defraudación a la Administración Pública y Falsedad Ideológica.
Una histórica causa llega a debate, finalmente tras un prolongado tiempo de apelaciones, recusaciones y espera de fecha de juicio. Este lunes se inicia el juicio a Oscar Berón, Enrique Carbó y Rubén Villaverde, quienes están procesados por su rol de exministros de Economía, Gobierno y de Acción Social, respectivamente, en la designación de personal a planta permanente con decretos antedatados.
En esta causa no fue llevado a juicio el exgobernador Sergio Montiel, porque el mismo falleció el 1 de noviembre de 2011, por lo tanto extinguió el reclamo judicial. Si deberán responder sus exministros por haber firmado los instrumentos públicos, de modo irregular, según la acusación de la Fiscalía.
El Tribunal de Juicios y Apelaciones estará presidido por Alejandro Grippo y lo acompañarán Elbio Garzón y Pablo Vírgala. Además, se informó a UNO, la fiscal de Cámara será la doctora Carolina Castagno.
En tanto, los procesados que llegan en libertad a esta instancia, serán defendidos por Raúl Avero (Oscar Berón); Raúl Barrandeguy y Fernanda Tardelli (Rubén Villaverde) y Alejando Miguel Carbó (Enrique Carbó).
Distintas autoridades judiciales indicaron que esta investigación tuvo varios tropiezos, algunos por reclamos de las defensas sobre los magistrados que intervinieron y otros porque los jueces que la tuvieron al frente, la dejaron para ocupar cargos de mayor jerarquía en la estructura judicial.
Lo cierto es que el acto de Gobierno cuestionado fue en mayo de 2003, y tal denuncia ingresó a la Justicia en el 2004.
Por los motivos ya esgrimidos, recién en el 2012, la fiscal Carolina Castagno solicitó la remisión a juicio, y recién en los últimos meses se pudo acomodar en el calendario judicial la fecha de inicio para mañana.
Los tres exministros del segundo gobierno del radical Sergio Montiel fueron imputados y luego procesadas por los delitos de Defraudación a la Administración Pública y Falsedad Ideológica, por entenderse en la acusación, fueron los responsables de la emisión de decretos antedatados que permitieron el pase a planta permanente de 16 empleados públicos.
En el expediente, al cuál accedió UNO, se hace saber que el decreto Nº 2.136/02 emitido en acuerdo general, «se había sido reservado con anterioridad», por el que se designó en la planta de personal permanente del Ministerio de Acción Social a 16 personas, «antedatando su fecha de emisión, insertando así falsamente en éste -como fecha de su dictado- el día 31 de mayo de 2002, con el evidente propósito de procurar con ello que los mencionados agentes perciban sus haberes a partir de la fecha aludida precedentemente, es decir, con un año de retroactividad a la fecha real de emisión del decreto en cuestión».
Por ello es que «el erario público provincial un perjuicio económico toda vez que, no obstante que los agentes aludidos registraron el alta efectiva en las categorías en que fueron designados en el mes de junio de 2003, se les liquidaron los haberes y se les reconoció antigüedad en forma retroactiva».
A raíz del dictado de ese decreto que se reprocha en la Justicia, el 25 de agosto de 2003 «se libró la orden de pago Nº 7887, de $86.059,00, correspondiente a liquidación complementaria de haberes del mes de julio de 2003, suscripta por el entonces secretario de Haciendas CPN, Fabián Boleas, en la cual se incluye la liquidación retroactiva de haberes correspondientes a los agentes designados por el decreto 2136/02, por el período comprendido entre el 31/05/02 y el mes de Julio de 2003, disponiéndose seguidamente, en cumplimiento de dicha orden, por Nota Nº 5282/03 de Tesorería General de la Provincia, acreditar en la cuenta Nº 90269/4 de M.A.S. el aludido importe de $86.059,00 y abonándoseles las sumas correspondientes a cada uno de los agentes incluidos, por ventanilla o mediante acreditación en cuenta».
«Que ello así, en virtud del ilegítimo proceder de los imputados, desplegado en ocasión de insertar falsamente y a sabiendas en el decreto Nº 2.136/02, al momento de suscribirlo, una fecha de emisión antedatada, ocasionaron que se les abonen sus haberes a los agentes comprendidos en aquel a partir del día 31/05/02, superponiéndose tales pagos con las remuneraciones y ayudas económicas que también se les abonó durante igual período, lo cual, al ser advertido posteriormente en el ámbito de la Dirección de Administración del Ministerio de Salud y Acción Social fue subsanado y descontados los importes abonados demás».
Apostillas
Consultado el abogado Raúl Barrandeguy, quién informó que hace dos años, como mínimo dejó de ser el letrado que asiste a Rubén Villaverde, pero más allá de esto, el constitucionalista y exdiputado nacional por el Frente para la Victoria, explicó: «Hay una explicación racional que siempre dio Villaverde, y es que él informó que el acto de inicio del proceso del expediente en cuestión, si se da en la fecha mencionada, y que luego por la propia actividad del Estado administrativo, el gobernador lleva a firmar el decreto en la fecha posterior, pero sin entrar en una irregularidad».
«Entiendo que Villaverde con la asistencia de Fernanda Tardelli, va a llevar la información y los elementos de prueba que demuestren que él no cometió ningún tipo de delito, tal como fue imputado», referenció.
Así y todo, el abogado no ocultó su malestar por aparecer en la radiografía del juicio que mañana tendrán en sus manos los integrantes del Tribunal.
Juicio Abreviado
UNO conoció en la tarde de este domingo, que Oscar «Cachi» Berón acordó el viernes con la Fiscalía el juicio abreviado. De esta manera, mañana se informará al tribunal de este acuerdo que deberá ser homologado. Se hizo saber que el dirigente radical de La Paz, admitiría su culpabilidad en la acusación a cambio de una reducción de la pena condicional de prisión no efectiva, que llegaría a los dos años y algunos meses.
Cabe esperar el temperamento que tomarán con esta novedad el resto de los procesados (Carbó y Villaverde) ya que, si un par de la gestión admite la irregularidad y el delito, habrá que ver qué postura llevarán adelante en el juicio. Si siguen defendiendo su inocencia, o bien toman un camino alternativo, como lo hizo Berón.
El primer juicio
El 6 de julio de 2011, Berón ya había sido condenado a la pena de dos años y dos meses de prisión condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por la comisión de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública.
En la sentencia, la Sala I lo encontró culpable, junto al exministro de Economía, también del gobierno de Sergio Montiel, Osvaldo Cepeda. Además, el tribunal absolvió de culpa y cargo al exministro Rubén Villaverde.
El tribunal –integrado por José María Chemez, Hugo Perotti y Marcela Badano– dio por válido el planteo del fiscal respecto de que la empresa San José fue beneficiada por un mecanismo de cancelación de impuestos que no estaba contemplado en la normativa y que los colectivos que había entregado como medio de pago fueron sobrevaluados.
