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Tras un mes y medio de investigación judicial, finalmente se cerró la causa por la cual una joven de 19 años denunció haber sido víctima en Paraná, de un rapto y abuso sexual. A criterio de las autoridades, los dichos de la muchacha no se pudieron corroborar con elementos probatorios.
La noticia que se conoció en los primeros días de setiembre, conmocionó a la ciudad de Paraná, por la forma en que una joven fue privada de la libertad y luego violada. Siempre partiendo de los dichos de la víctima, ella se encontraba en horas de la tarde en la zona de Misiones y La Paz, cuando imprevistamente un hombre en un auto logró reducirla, golpearla, llevarla por la fuerza y luego someterla sexualmente.
El fiscal de la causa Pablo Zoff, avanzó con la denuncia partiendo del convencimiento de la gravedad del incidente y de la veracidad del mismo. Sin embargo, comenzaron a surgir situaciones poco claras y contradictorias.
Lo primero, fue el informe de los médicos forenses que no observaron lesiones en las partes íntimas de la víctima.
Pero más allá de eso, llamó la atención que a la hora que se indicó la existencia del rapto, había bastante gente en las calles y en las inmediaciones, y nadie se percató de una situación extremadamente grave.
Otro punto, fue la localización de una cámara de seguridad, que muestra el momento en que la joven se la ve a la hora señalada, tomando el colectivo en la esquina.
Esto sumado al paso del tiempo y la poca colaboración de la joven, es que se decidió en investigar la posibilidad concreta que el hecho no existiera. Por ello se trató de indagar y conocer por qué la muchacha decidió realizar semejante denuncia.
Se exploró la situación interna de la familia, amigos y otras medidas judiciales que llevaron a descreer del relato de la denunciante. Pero se pretendía establecer el motivo que la llevó a radicar la acusación.
Finalizado el protocolo de actuación judicial ante denuncias de estas características, y no corroborarse la veracidad de la denuncia, es que se dispuso cerrar la causa.
Hubo un trabajo arduo de las autoridades judiciales, de distintas áreas de la Policía de Entre Ríos y otros organismos públicos a fin de aclarar la denuncia.
