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En la Cámara de Senadores de la provincia se analiza un proyecto para otorgar una pensión a hijos de víctimas de violencia de género. La iniciativa pretende morigerar el daño que sufren los menores antes este tipo de sucesos.
Desde agosto de 2016 se encuentra en la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado provincial un proyecto que tiene por objeto implementar una pensión mensual no contributiva, equivalente a una jubilación mínima provincial, para los niños y niñas que perdieron a su madre o padre como consecuencia de hechos cometidos en contexto de violencia de género. Según se precisó, la pensión seria «inembargable e intransferible, estaría destinada para la protección social, la educación, la salud y la alimentación de hijos e hijas, de hombres y mujeres víctimas fatales en episodios de violencia de género». Además se precisó que «el beneficio se otorgaría hasta que los beneficiarios alcancen la mayoría de edad» y se añadió que se «extendería la cobertura hasta la terminación de estudios superiores o universitarios».
La percepción y administración del beneficio contempla expresamente que «bajo ninguna circunstancia, el victimario o victimaria causante o partícipe, según lo determine la Justicia Procesal del homicidio del padre o madre, podrá ser administrador del Beneficio otorgado, aunque sea su Tutor; en cuyo caso, la Autoridad de Aplicación, a través de los informes de la Comisión de Asistencia Social determinada a tal fin, evaluará con el Juzgado actuante la situación, para nombrar el Administrador que corresponda como responsable para beneficio de la víctima».
El proyecto determina como beneficiarios a «los hijos e hijas biológicas y/o adoptadas, del padre o madre que fuera víctima fatal en episodios de violencia de género, con residencia de hasta dos años en la provincia de Entre Ríos» comprendiendo a menores de 18 años, mayores de 18 años y hasta los 25 años en los casos de estudiantes terciarios y/o universitarios, certificados por la universidad o institución educativa correspondiente». Finalmente, alcanzaría a «hijos o hijas con capacidades diferentes, sean permanentes de por vida o transitorias».
La autoridad de aplicación sería el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y la Familia, en coordinación con el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Justicia, Dirección General de Asistencia Integral a la Víctima.
El senador por el Departamento La Paz, Aldo Ballestena, explicó que el proyecto «es un intento de morigerar el daño que sufren los que pierden su madre, asumiendo el Estado la responsabilidad de dar contención en situaciones límite».
Ballestena recordó que el proyecto se lanzó en Entre Ríos en 2016 y anticipó que encontraría resistencias por la situación en la que se encuentra la Caja de Jubilaciones, aunque señaló que «es tan importante el tema, que creo debe ser analizada la posibilidad. Todos estamos lacerados por lo que ha pasado y pasa en Entre Ríos. Trabajemos para evitar la violencia de género, y busquemos entretanto acompañar a las víctimas más indefensas, intentando morigerar su sufrimiento».
Antecedentes
El proyecto tiene como antecedente uno que fue sancionado recientemente en la legislatura de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que tiene por objeto dar una «reparación económica» a niños, adolescentes y jóvenes que hayan quedado huérfanos como consecuencia del femicidio de su madre. En este proyecto, el beneficio no es incompatible con otros que pudiera recibir el huérfano.
Otro antecedente que se señaló consistió en que en el Senado de la Nación ya tuvo media sanción el proyecto sobre la denominada «Ley Brisa». Este proyecto, que se encuentra ahora en la Cámara de Diputados, nació desde la Organización no Gubernamental (ONG), Casa del Encuentro. Establecería que niños y adolescentes menores de 18 años que se quedan sin madre, reciban un pago desde el Estado.
