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El inicio del juicio al cura Marcelino Ricardo Moya se aplazó un mes. La decisión la adoptó la Justicia en base al pedido de una de las partes, los querellantes particulares Florencio Montiel y Juan Cosso, representantes del médico Pablo Huck, uno de los denunciantes del sacerdote por los abusos y corrupción de menores a los que lo sometió cuando ejerció en Villaguay.
Los debates iban a tener lugar en el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, conformado por los jueces María Evangelina Bruzzo, Alberto Seró y Fabián López Moras, entre el 25 y el 28 de febrero. Ahora, está previsto que se desarrollen entre el 20 y el 22 de marzo.
Una testigo clave, la psicóloga rosarina que lo trató a Huck durante los años en que decidió verbalizar los abusos de los que había sido víctima, estará fuera del país y no podrá asistir en febrero. Y por eso las audiencias se reorganizaron y ahora serán durante marzo.
El proceso contra el cura Moya por los abusos a menores denunciados y que habrían ocurrido mientras ejerció como vicario de la parroquia Santa Rosa de Lima y docente en el Colegio La Inmaculada, de Villaguay, se hará ante el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay.
Del juicio tomarán parte por el Ministerio Público Fiscal, Nadia Benedetti, de la Unidad Fiscal de Villaguay ; los abogados Florencio Montiel y Juan Cosso, por la querella; y el defensor del sacerdote José Ostolaza.
El cura Moya fue denunciado en junio de 2015 por dos jóvenes, el médico Pablo Huck, y ED, un estudiante de Derecho.
Causas acumuladas
Moya llegó a Villaguay como vicario parroquial y docente del Colegio La Inmaculada y ahí, en esos lugares, y quizá en otros tantos más, abusó de menores. Eso dice la denuncia que presentó el médico Pablo Huck el 29 de junio de 2015 en los Tribunales. “A los ojos de hoy, me es difícil entender las cosas. En ese momento, yo era un pibe, y a mí me hablaban de dogmas y de pecado, y el referente espiritual que yo tenía, que tenía mi familia, me practicaba sexo oral, me masturbaba. Era muy fuerte”, dijo entonces.
La resolución de Zaburlín fue recurrida por la defensa, pero el 31 de julio de 2017, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay rechazó el planteo de prescripción formulado por los abogados defensores y confirmó la elevación a juicio.
La causa nuevamente fue recurrida, y llegó a la Cámara de Casación Penal de Paraná el 14 de agosto de 2017. El jueves 11 de octubre último, ese tribunal, en voto dividido, rechazó la vía de la prescripción. El tercer rechazo que acumula el cura Moya en la Justicia.
Extrañamente, el defensor de Moya, cumplido el plazo de ley, decidió no apelar ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), ante el convencimiento de que en la etapa de juicio oral, en Concepción del Uruguay, sobrevendrá la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene pendiente expedirse sobre la prescripción en la causa de los abusos del cura Justo José Ilarraz. Ostolaza piensa en un efecto cascada que convertiría en nulas las condenas no sólo a Ilarraz sino también al cura Juan Diego Escobar Gaviria, y dejaría a salvo del peso de la ley a Moya.
Participación de la Iglesia
Mientras, la Iglesia, no bien tomó conocimiento de la apertura de la causa en la Justicia, hizo lo que se esperaba: apartó a Moya de su función de párroco y de responsable pastoral del colegio católico que tenía a su cargo en Seguí, y abrió una investigación eclesiástica, a cuyo frente ubicó al sacerdote abogado Silvio Fariña Vaccarezza, el mismo que investigó a otro cura abusador, Justo José Ilarraz, en 1995.
Pero la averiguación interna jamás avanzó. La Iglesia no demostró demasiado interés en ubicar a los denunciantes, de modo que éstos no tuvieron la oportunidad de dar su testimonio en la curia. Una de las víctimas de Moya se lo hizo saber de modo descarnado al arzobispo Juan Alberto Puiggari cuando éste visitó Villaguay, en la última Navidad.
Esa vez, Puiggari se excusó con el argumento de que las víctimas fueron citadas a declarar en la investigación diocesana, pero que “prefirieron no presentarse”.
Nunca dijo nada la Iglesia de una situación grave y preocupante: el cura Moya debió ser internado en el Servicio de Infectología del Hospital San Martín en el verano de 2017, y su caso cayó en manos de la jefa del Programa Provincial de Sida, Laura Díaz Petrussi.
