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En la casa de la familia Etchevehere, buscaban los libros de una de las sociedades familiares. Entregaron voluntariamente los documentos. Además, hubo un allanamiento en la sede de El Diario. Citan a indagatoria a Luis Miguel Etchevehere.
Por orden del fiscal, Alejandro Cánepa, personal de la Justicia llegó a la casa de la familia Etchevehere, en el Parque Urquiza, de la ciudad de Paraná, para requerir la entrega de los libros de una de las sociedades de su familia, Construcciones del Paraná.
Cánepa lo había solicitado en el marco de una causa contra la familia, por presunta estafa que inició la hermana del ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, Dolores Etchevehere, que también es accionista de Construcciones del Paraná y otras compañías familiares. No fue necesario un allanamiento del inmueble porque allí fueron entregados voluntariamente los libros requeridos.
Cuestiones familiares
Los fiscales Alejandro Cánepa y Viviana Ferreyra solicitaron formalmente la indagatoria de Luis Miguel Etchevehere en una causa por administración fraudulenta que inició en 2011 su hermana, Dolores Etchevehere, y que salpica a toda su familia.
Además, se conoció que Etchevehere fue llamado a indagatoria para el 27 de febrero próximo. En 2015, lo demandó el entonces procurador de Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, con datos aportados por Dolores Etchevehere, pero ninguno de estos dos casos ha progresado.
Indagatoria
El pedido de indagatoria alcanza también a Juan Diego Etchevehere, a Arturo Sebastián Etchevehere, el cuarto hermano, y a la madre de todos ellos, Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Etchevehere.
En la causa se investiga el supuesto delito de vaciamiento de la empresa Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la editora de El Diario, en la que la familia Etchevehere, tiene el 40% del paquete accionario.
El origen de la causa
En 2011, la firma Las Margaritas SA (conformada por la familia Etchevehere) recibió sendos préstamos, entre julio y agosto de 2011, por u$s 200.000 y u$s 50.000, respectivamente, a tasa subsidiada y, en teoría, destinados a actividades productivas, aunque en el camino fueron desviados para un fin específico: el dinero se distribuyó entre los socios de Las Margaritas SA: Luis Miguel Etchevehere, Juan Diego Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere y Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Etchevehere. El monto distribuido entre los socios fue de $1.066.000.
El préstamo solicitado al Itaú fue en dólares, a una tasa del 8% anual. Pero los socios de Las Margaritas, que fueron los únicos destinatarios de ese auxilio financiero en teoría para fines productivos, devolvieron el dinero a la sociedad con cheques de pago diferido, en pesos y a una tasa de interés mucho más beneficiosa. Así, mientras el dólar se disparaba, y así también el costo financiero del préstamo con Itaú, lo que devolvían los socios era un monto inalterable. El desfase fue tal que Las Margaritas debió pedir otro crédito, esta vez al Banco Nación, también a tasa subsidiada, por un valor de $900.000, para enfrentar la emergencia agropecuaria, pero que en realidad se utilizó para saldar la deuda con el Itaú.
Ese sería el origen de la denuncia de Dolores Etchevehere contra sus hermanos y su madre.
El pedido de indagatoria para Luis Miguel Etchevehere, sus hermanos y su madre tramita en el marco de la causa N° 6.418 caratulada «Estafa. Denuncia de Dolores Etchevehere» fue elevado para su resolución a la jueza de Transición N° 2, Susana María Paola Firpo, que ahora tiene a su cargo el expediente. Se trata de misma magistrada que a poco de entablarse la causa, en 2011, y a pedido de la fiscal Laura Cattáneo, decidió mandar al archivo la causa. Dolores Etchevehere, convertida en querellante, apeló la medida, y un tribunal de alzada revocó el archivo de la investigación. En agosto de 2016, y con Firpo reubicada en el Juzgado de Garantías N° 1, en reemplazo de Marina Barbagelata, a cargo del Juzgado de Transición N° 2, quedó Pablo Zoff.
En el mes de diciembre de 2016, los fiscales Cánepa y Ferreyra piden por primera vez la indagatoria de los Etchevehere, medida que luego es suspendida a pedido del propio Ministerio Público Fiscal al presentar la querellante nueva documentación y ante la certeza de que la causa podría tener un giro sorpresivo. Efectivamente, la Justicia avanzó sobre el supuesto delito de estafa, pero agregó la presunción de vaciamiento en perjuicio de SAER, la empresa editora de El Diario. Los fiscales entonces piden el levantamiento del secreto fiscal sobre los socios de Las Margaritas, petición que es acogida favorablemente por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Sin embargo, esa medida de prueba fue cuestionada por los abogadores defensores de la familia Etchevehere, Lepoldo Lambruschini y Julio Federik, pero el juez Zoff no hizo lugar a la queja. Después de ocho meses, a principios de diciembre el Tribunal de Juicio y Apelaciones, compuesto por los jueces José María Chemez, Elvio Garzón y Elisa Zilli, confirmó lo resuelto por Zoff y rechazó la apelación. Pero la causa tendría un nuevo imponderable: antes de finalizar el año, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) decidió cambios en su estructura funcional y el juez Zoff pasó a integrar el Ministerio Público Fiscal. El lugar lo ocupó ahora Firpo, que debió empezar a entender de cero en la causa Las Margaritas. Apenas sentada en su despacho, la jueza se enfrenta ahora con el pedido de indagatoria a los Etchevehere elevado por los fiscales Cánepa y Ferreyra.
Las indagatorias
Pero ya no sólo el delito investigado es el de estafa, sino que con las sucesivas ampliaciones de las denuncias hechas por Dolores Etchevehere, la investigación se encamina también a achacar a Luis Miguel Etchevehere y su familia el supuesto vaciamiento de Sociedad Anónima Entre Ríos, editora de El Diario. Así pues, los fiscales pidieron la instrucción formal contra Luis Miguel Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere, Juan Diego Etchevehere, Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Etchevehere, como integrantes del directorio de SAER en el período 2011/2015 por el presunto delito de administración fraudulenta a partir de la fuerte sospecha de vaciamiento de la empresa editora mediante la venta simulada de inmuebles de su propiedad. De momento, se pidió la indagatoria de todos los Etchevehere, pero en la causa por defraudación.
La nueva sociedad
Hay un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), un organismo que depende de la Procuración General de la Nación, que da cuenta de que, al mismo tiempo de que los socios de Las Margaritas SA se repartieron para sí el crédito pedido a tasa subsidiada al Banco Itaú, conformaron una nueva sociedad, Construcciones del Paraná SA.
Dicho informe fue publicado en diferentes medios de la siguiente manera: «Según datos de la AFIP, el contrato social de la empresa Construcciones del Paraná fue suscrito en octubre de 2011. Sin embargo, la empresa, cuyos accionistas son Luis Miguel Etchevehere, sus hermanos y la madre de éstos, no registraba movimientos comerciales al momento de la denuncia efectuada por la Procelac. En una primera comunicación del 27 de julio de 2011, el contador Guillermo Budasoff les manifestó a Leonor Barbero Marcial y Juan Diego Etchevehere que dentro de sus honorarios ya deberían empezar a incluir a la nueva sociedad anónima. Todavía faltaban algunos meses para concretar la autocompra de inmuebles».
Transferencia de inmuebles
Y agrega: «En la asamblea del directorio de la empresa SAER (editora de El Diario de Paraná) realizada el 20 de marzo de 2012, el Grupo Etchevehere, junto al grupo mayoritario NEA Capital Creativo, decidieron la transferencia de los siete inmuebles por 4,5 millones de pesos hacia Construcciones del Paraná. La operación terminó de concretarse en septiembre de aquel año, luego de recibir las ayudas económicas de AMUS (Asociación Mutual Solidaria).
La Procelac sostuvo que el «vaciamiento económico y patrimonial de SAER» derivó en un «incremento patrimonial injustificado» por parte del Grupo Etchevehere, al «comprar» los inmuebles a través de una empresa en apariencia insolvente al momento de la operación. Pero la liquidación de los inmuebles que estaban patrimonializados en SAER no comenzó en la asamblea de directorio de marzo de 2012 o en septiembre del mismo año, que fue cuando se realizó la autoventa. Sino que desde el inicio de la relación con los accionistas mayoritario del diario, el grupo NEA Capital Creativo SA, el objetivo sería el «vaciamiento».
El beneficio
Ese vaciamiento, según la tesis de los fiscales Cánepa y Ferryera, no sólo supuso que SAER asumiera deudas, sino la venta a precios irrisorios de inmuebles de su propiedad, algunos de valor histórico y patrimonial, como el que ocupa la administración de El Diario, en Urquiza y Buenos Aires. La enajenación fue en beneficio de los propios socios de SAER pero con otra sociedad. Como ninguno de los Etchevehere denunciados por Dolores Etchevehre podía incorporar a su patrimonio cualquiera de esos inmuebles propiedad de SAER lo que hicieron fue constituir otra firma, Construcciones del Paraná SA, que integra la familia. Pero a través de un sistema de triangulación del que participaban la Asociación Mutual Solidaria (AMUS) y la Mutual 10 de Abril.
Dolores Etchevehere: «La Justicia tiene las pruebas de que se desvió dinero»
Dolores Etchevehere, que impulsó la denuncia, manifestó a Radio La Voz, confiar en la Justicia entrerriana, y advirtió que «está comprobado, y la Justicia tiene las pruebas, del desvío de dinero de créditos a tasa subsidiada».
«Estoy en Buenos Aires. Me enteré de los allanamientos por los medios. Es el resultado de un largo camino que yo comencé hace siete años, y judicializada hace cinco», aseveró la mujer.
Manifestó que debió «judicializar el tema, porque soy dueña de las mismas empresas, en las que siempre toman decisiones en mayoría. Observo que las decisiones no estaban bien planteadas ante el Fisco, ante el Estado, y ante mí también, porque como accionista tengo derechos y obligaciones. Fue eso lo que ocurrió».
Consultada sobre el crédito del Banco Itau, «ha sido demostrado por el BCRA que han sido desviados 250 mil dólares para sembrar soja a una empresa subsidiaria. Eso debería tener un circuito virtuoso dentro del sistema económico, pagar impuestos, generar trabajo. Puntualmente, estos dos créditos, que suman ese monto, el BCRA informó que ha sido desviado, y en uno de los balances, figura como retiro de Directores, y no está registrado como debería».
«Qué hicieron con ese dinero, no lo sé. Habría que preguntárselo a ellos. Pero el dinero no siguió el circuito que debió tener, cuando uno recibe dinero a tasa subsidiada», explicó. «Esa ruta del dinero, ya está en la Justicia. Ya están las pruebas en la Justicia de Entre Ríos», acotó.
Continuó en el mismo sentido: «Yo creería que uno no puede pasar un inmueble, de una titularidad a otra, sin asesorarte por un abogado, por un contador, y que eso quede registrado en los organismos de control del Estado. Por eso, creo que no solo privados, profesionales, sino hasta organismos del Estado, han, por lo menos, omitido los controles. Creo que hay más partícipes, como profesionales, privados, u organismos, que han omitido controles, o que han sido obligados a mentir. Ahora, se tiene que analizar todo esto», agregó.
» Así lo denuncié en una Fiscalía, acá en Buenos Aires, por un mensaje de texto que recibí. Siempre viví en una casa con salida a la calle, pero hoy, por mis hijos, vivo en un lugar con una seguridad importante. Porque me han mandado a decir, directamente, callante la boca o te mato. Fue un contacto. Pero seguí adelante y acá estoy. Voy a llegar al punto en el que se pongan en orden estos números. Si no, le voy a fallar a toda la gente que me ha acercado, o una carta, o un recibo trucho», sentenció.
Finalmente, Dolores indicó: «Para mí, la Justicia de Entre Ríos es independiente, y no duda».
