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A través del Decreto N°2586, el Ministerio de Gobierno y Justicia reconoció las jurisdicciones de los ex centros rurales de población como territorios de las nuevas Comunas.
Este martes 9 de agosto se confirmó la noticia de que diversos poblados entrerrianos fueron declaradas Comunas, en el marco del Decreto Nº 2.586 aprobado desde el Ministerio de Gobierno y Justicia, a cargo de la Dra. Rosario Romero.
La norma establece que a partir del 1 de enero de 2023, desde el gobierno local de cada comunidad beneficiada, podrán disponer de los fondos necesarios provenientes de la coparticipación nacional y provincial.
Son en todos los casos comunidades que experimentan un crecimiento significativo y es necesario contar con un presupuesto más razonable que atienda las diferentes problemáticas que se presentan, consiguiendo a partir de esta confirmación mayor independencia.
“El decreto establece que a partir del 1 de enero de 2023 podremos disponer de los fondos necesarios provenientes de la Coparticipación nacional y provincial, lo que significa un gran avance para nuestra localidad”, indicaron desde San Rafael, una de las comunidades beneficiadas, presidida por Roxana Toloy.
Explicaron en sus redes sociales que “Ante un crecimiento significativo que afortunadamente estamos teniendo no solo desde el punto de vista demográfico, sino funcional, es necesario contar con un presupuesto más razonable que atienda las diferentes problemáticas que se presentan. Eso se empieza a hacer realidad a partir de esta confirmación”. Y agregaron que “La decisión del Gobierno Provincial de propiciar el desarrollo armónico e integral de las distintas zonas de la provincia, tendientes a lograr el equilibrio necesario entre áreas urbanas y rurales, nos hace contar con felicidad y optimismo la noticia, que en lo práctico significa más independencia económica para hacer frente a obras y proyectos que ayuden a que nuestra aldea siga creciendo”.
Detalles
Se incluye la potestad para el dictado de ordenanzas, alcance de sus facultades tributarias, el ejercicio de poder de policía, la realización de obras públicas, la prestación de servicios básicos, la regulación de la forma de adquisición de bienes y demás facultades que se estimen pertinentes.
Les permite valerse de herramientas institucionales tales como la constitución e un órgano deliberativo que le permita dictar sus propias ordenanzas, el ejercicio de facultades para aplicar tasas y de potestades como la adquisición de bienes con autonomía, entre otros puntos.
Apuestan así a vigorizar el arraigo y consecuentemente disminuir el éxodo de las grandes urbes.
