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Se trata de dotar al Ministerio de Salud de la herramienta jurídica para ir contra aseguradoras las que, de acuerdo a la ley de tránsito, deben cubrir los gastos sanatoriales y de sepelio de las víctimas en un accidente de tránsito.
Con la intención de fortalecer los ingresos con los que cuenta el sistema público hospitalario entrerriano, se presentó un proyecto de ley que propone herramientas para lograr el recupero de los fondos invertidos por la provincia en la atención de pacientes que no cuenten con cobertura social y que resultan víctimas de accidentes viales.
El régimen jurídico para ejercer acciones de recupero de los fondos invertidos por la provincia a las víctimas de accidentes viales contempla a los hospitales, centros asistenciales y efectores de salud del sector público provincial que brinden atención que represente gastos clínicos, quirúrgicos, de farmacia, insumos, honorarios médicos, prótesis, y/o cualquier otro costo ocasionados por la atención de pacientes.
Ante un siniestro intervienen de inmediato efectores de salud del sector público. Por esto se quiere contar con una herramienta para ir contra aseguradoras autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, las que de acuerdo a la ley de tránsito deben responder a cuestiones concretas, como son las de cubrir los gastos sanatoriales y de sepelio que deban afrontar las personas que resulten víctimas en un accidente de tránsito. Es autor del proyecto el senador justicialista Lucas Larrarte (San Salvador) y lo acompañan con sus firmas Daniel Olano (Islas) y René Bonato (Uruguay), también del bloque oficialista.
La autoridad de aplicación propuesta por el proyecto es el Ministerio de Salud de la provincia, que tendrá como facultades reclamar a las compañías aseguradoras, conforme al sistema de arancelamiento, el pago de la obligación legal autónoma normada en el artículo 68 de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y sus modificatorias.
También podrá solicitar a los efectores provinciales toda la documentación e información que resulte necesaria para poder cumplir con el objetivo de la ley. Igualmente podrá extraer copias de las investigaciones penales preparatorias donde estén involucrados pacientes de accidentes viales, por ante las Fiscalías intervinientes, a efectos de poder cumplimentar los requisitos exigidos en la Resolución N° 271/2018 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, sin perjuicio de modificaciones futuras.
La cartera de salud también podrá requerir en forma directa a las distintas oficinas nacionales, provinciales, municipales o entes autárquicos y organismos descentralizados, todos los antecedentes e informes necesarios para reclamar la obligación legal autónoma.
La Asociación Civil Luchemos por la Vida difundió que hay un promedio mensual en Argentina más de 600 muertes mensuales a causa de accidentes de tránsito. Entre Ríos, atravesada por corredores viales de importancia estratégica para el Mercosur, no escapa a esta realidad.
Un análisis del impacto que tiene esta problemática sobre el sistema público de salud provincial y la necesidad de dotarlo de ingresos que permitan sostener y mejorar las prestaciones, llevaron a Larrarte a impulsar un proyecto para cobrar la intervención en la urgencia a las compañías de seguros.
«Los hospitales, centros de asistenciales y efectores de salud de la provincia brindan asistencia gratuita en la coyuntura y salvan a diario muchas vidas poniendo en ello sus recursos materiales y humanos. Se debe tramitar el recupero de los gastos hospitalarios sobre la atención dada a pacientes que cuentan con cobertura. Es de estricta justicia», indicó el legislador.
Se explica en los fundamentos del proyecto: «Las personas que cuentan con cobertura social, como así también seguros por accidentes de tránsito, pueden reportar una importante suma de dinero al Estado mediante el sistema de arancelamiento, que le permite a los efectores públicos recuperar los montos invertidos en la atención de pacientes para beneficio directo de las unidades asistenciales y trabajadores de los mismos».
Para las obras sociales se aplica el arancelamiento. «No sucede lo mismo en aquellos casos de pacientes que no poseen ningún tipo de cobertura médica, pero que, considerando la causa de sus lesiones, en orden a la normativa legal vigente, permiten exigir el pago a las compañías aseguradoras que amparan a los vehículos que están involucrados en el siniestro».
