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La medición de septiembre de 2023 marca una participación de los impuestos sobre la renta agrícola del 76,1% para el promedio ponderado de los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol.
Es decir, que de cada $100 de renta (valor de la producción menos costos) que genera una hectárea agrícola, $76,10 es lo que representan los distintos impuestos nacionales, provinciales y municipales.
Mientras que el promedio ponderado de cultivos a nivel nacional es de 76,1%, la participación del Estado en soja es del 86,8%, maíz 63,4%, trigo 75,0% y girasol 55,7%. Estos indicadores son construidos teniendo en cuenta el tipo de cambio oficial, sin contabilizar el efecto “dólar soja” en la ecuación de ingresos y costos, por entender que es una medida momentánea.
El índice de septiembre es 1,5 puntos porcentuales más alto que el de junio de 2023, que había marcado 74,6%, traccionado por menores precios internacionales de los granos y una suba significativa del costo en dólares de la Urea e incrementos en costos de los fitosanitarios.
Como contrapeso, hay dos factores centrales que limitaron el incremento del índice. El primero de ellos fue la suba del tipo de cambio luego de la devaluación de agosto. El segundo factor fue el atraso de las tarifas de fletes y labores respecto a la inflación, motorizado por la baja producción que conlleva una baja demanda por estos servicios.
Respecto a la medición de un año atrás, el indicador de la participación del Estado en la renta agrícola aumentó 14,7 puntos, donde el principal driver es el efecto de la sequía en los rindes.
En el último año, en el caso de soja, el indicador subió de 67,7% a 86,8%, maíz de 53,3% a 63,4%, trigo de 50,9% a 75,0% y girasol pasó de 49,9% a 55,7%.
Por la estructura tributaria que pesa sobre la producción agrícola, eventos adversos como la sequía y la baja de precios internacionales, en lugar de reducir el peso de los impuestos, lo aumenta. Esto es consecuencia de que el impuesto con mayor participación son los derechos de exportación que, al actuar sobre el precio bruto, no reconoce caídas en la rentabilidad. Así, a medida que caen rindes y precios, aumenta la participación de los impuestos sobre la renta.
En momentos como éste resaltan dos grandes problemas del sistema impositivo. Por un lado, el federalismo fiscal, ya que con una caída tan profunda de los rindes desaparece un impuesto coparticipable como el impuesto a las ganancias y persisten impuestos que no se coparticipan como los derechos de exportación y el impuesto a los créditos y débitos. Por otro lado, el problema de no contar con una cuenta tributaria única y que los saldos de los distintos impuestos queden estancos y retenidos en AFIP generando un costo para los productores.
En particular, se hace referencia a los saldos técnicos de IVA que, en momentos de quebrantos generalizados, las empresas agropecuarias acumularán montos millonarios de saldos técnicos de IVA en AFIP, en un año en que muchas de ellas no podrán ni siquiera hacer frente a sus deudas.
En cuanto a los costos de insumos, medido en dólares, se han vuelto a ver incrementos, luego de la caída que se dio desde máximos en 2022. La UREA, si bien presenta una baja interanual del 18%, en el último trimestre se incrementó un 50%. El PDA, en cambio, sólo tuvo un incremento trimestral del 2% y una baja interanual del 12%.
Por otro lado, de 17 fitosanitarios que se miden en la construcción de este indicador, 10 productos aumentaron en promedio un 15% en dólares en los últimos 3 meses, aunque en su mayoría bajaron respecto al año anterior.
Si se analiza la estructura de costos de los cultivos de acuerdo a la moneda en la que están expresados, se puede identificar que un 58% de los costos de una hectárea de soja están estrictamente dolarizados mientras que el restante 42% están pesificados. Si se considera el costo de la tierra dentro del esquema de costos, aquellos que son dolarizados en una hectárea de soja pasan a representar el 72%.
En el caso del maíz, como los fertilizantes y semillas tienen más peso que en el caso de la soja, los costos dolarizados ascienden al 61% de la estructura, mientras que los pesificados alcanzan el 39%. Si se considera el costo de la tierra, el peso de los costos dolarizados asciende al 69%. La participación del componente en pesos ha caído por el retraso respecto a la inflación y el dólar de los fletes y labores. En estos rubros, la menor actividad que genera la sequía, provoca que los precios se retrasen.
En los últimos tres años hubo una mejora sustancial de precios internacionales, primero impulsada por la política monetaria de Estados Unidos y los principales bancos centrales del mundo, y luego por la guerra Rusia-Ucrania, con mayor impacto en el trigo y el girasol. Sin embargo, esta mejora se debilitó en el último año, a medida que los bancos centrales han elevado las tasas y se diluye el impacto de la guerra, y los precios comienzan a volver a los de finales de 2020, aunque todavía un escalón por encima de los de 2019.
Un aspecto claramente negativo ha sido baja abrupta del tipo de cambio oficial real, lo que afecta de manera negativa la competitividad cambiaria de la producción agrícola. De hecho, a raíz de este atraso es que fueron necesarias las cuatro ediciones del Dólar Soja para impulsar las ventas de soja. Esta situación podría cambiar a partir de diciembre si se da un proceso de unificación cambiaria.
Federalismo fiscal
El 76,1% de participación del Estado, está compuesto por impuestos nacionales, provinciales y municipales. Los impuestos nacionales no coparticipables representan el 74,9% del total de impuestos que afronta una hectárea agrícola en Argentina. La composición central de estos impuestos son los derechos de exportación, a los que se le suma el impuesto a los créditos y débitos bancarios.
El impacto que tiene la sequía reduciendo el impuesto a las ganancias genera que los impuestos no coparticipables crezcan, hasta llevarse 3 de cada 4 pesos que aportará en impuestos la producción agrícola este año, un récord, al menos desde que FADA lo mide.
Los impuestos nacionales coparticipables entre el Estado nacional y los Estados provinciales, representan el 19,3% de los impuestos medidos. Aquí tenemos principalmente el impuesto a las ganancias (neto del impuesto a los créditos y débitos) y los saldos técnicos de IVA.
Con los quebrantos generalizados que genera la sequía, se acumularán saldos millonarios de saldos técnicos de IVA en los planteos agrícolas. En los modelos desarrollados por FADA para este informe, en el promedio nacional, los cuatro cultivos medidos generan saldos técnicos.
Las provincias reciben parte del 19,3% como coparticipación, y también recaudan diversos impuestos. En el Índice FADA se consideran el impuesto inmobiliario rural, el impuesto a los sellos y el impuesto a los ingresos brutos, con una alícuota reducida, ya que ni Entre Ríos, Córdoba ni Santa Fe, por ejemplo, cobran este último impuesto al campo. Así, los impuestos provinciales explican el 5,1% de los impuestos totales.
Por último, los impuestos municipales representan el 0,7% de los impuestos en el Índice FADA promedio nacional. En provincias que cobran estos impuestos, la participación es mayor. El componente central de los mismos son las tasas viales o las guías cerealeras, de acuerdo a la provincia.
Como la mayor parte de las tasas municipales y el inmobiliario rural son impuestos fijos que se actualizan a comienzos de cada año, con la devaluación suelen ir disminuyendo su participación en el total de impuestos y recuperan participación en la primera medición del año.
Un tema recurrente en este reporte es el federalismo fiscal de un esquema donde la mayor parte de los impuestos son nacionales no coparticipables, en una actividad que por definición es federal y está arraigada regionalmente. Así, la vigencia de los derechos de exportación impacta de manera negativa sobre el federalismo por tres vías. La primera, es que se incrementan los recursos no coparticipables en manos de Nación; la segunda, es que se reducen los recursos coparticipables por reducción del impuesto a las ganancias; la tercera, es vía los recursos que salen de las regiones productivas en el marco de la existencia de derechos de exportación.
Índices Provinciales
Mientras el índice FADA nacional es de 76,1%, Córdoba registra un 78,7%, Buenos Aires 69,7%, Santa Fe 69,5%, La Pampa 74,1%, Entre Ríos 83,7% y San Luis 72,4%. Resalta que, en el caso de soja, 5 de las 6 provincias tienen un índice superior a 80%.
En estos resultados, se conjugan los rindes, los impuestos provinciales y locales, y los fletes, que generan efectos diferenciados sobre cada uno de los cultivos. Así como la participación de cada cultivo en el área sembrada de cada provincia. Fuente: Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA).
