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En los últimos días un jubilado denunció ante la Oficina al Consumidor que había sido estafado por parte de familiares, los que habrían realizado compras por una suma importante de dinero con una tarjeta de crédito a nombre del damnificado.
Un pariente hizo compras por más de $33.000 y otro le sacó créditos por un monto superior a $118.000. El damnificado podrá recuperar el dinero y el Banco retener los importes a los comercios que no chequearon la titularidad de la tarjeta.
Esta situación se descubrió a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) y tras desandar varias instancias, la resolución del conflicto resultó favorable al damnificado.
La entidad bancaria reparará en primera instancia el monto gastado por sus familiares, pero a su vez, un número importante de comercios se verán afectados por no haber cumplido las normativas concernientes a las ventas con tarjetas.
El reclamo del jubilado que impulsó la investigación
El titular de la OMIC, José Luis Fredes, explicó a FM SOL 107.9 que un jubilado manifestó su preocupación y contó que tiempo atrás había recibido una tarjeta de crédito. Como el hombre no la quería acercó el reclamo el Banco, pero la institución no procedió a tomarle la baja y un familiar empieza a ulilizarla haciendo compras de combustible, de ropa, etc,
En los últimos días el hombre fue a cobrar su haber previsional de aproximadamente $15.000 y sólo se encontró con $200 a $300. Se procedió a tomar la denuncia e iniciar las actuaciones de rigor, en la cual el hombre también cuestionaba los cargos que le figuraban de una supuesta tarjeta, la cual él nunca había utlizado.
El procedimiento se inicia con la información aportada por el damnificado. Luego desde la OMIC se solicita abrir un expediente para que el Banco emita un informe. Mientras tanto, relata Fredes, «me comunico con la apoderada legal y me encuentro con una realidad mas espantosa, que tiene una deuda unos 120.000 pesos, créditos personales tomados y con el uso de su tarjeta le han ido sacando créditos por cajero desde 2016 hasta la fecha.»
Posteriormente se formaliza el reclamo y el Banco procedió al bloqueo de la tarjeta, basándose en la Ley de reversión por disposición del Banco Central, debiendo devolver al damnificado los dos últimos meses que totalizan una suma de 10.000 pesos y refinanciando el resto de la deuda a fin de evitar un mayor daño económico y que el hombre puede sustentarse.
Los comercios están obligados a pedir el DNI
«El comercio vendió de buena fe, pero desconociendo la Ley de Tarjeta de Crédito, que obliga a pedir el documento al comprador,» aseguró Fredes. Sin embargo aclaró «el comerciante también se verá perjudicado porque el Banco se cobrará ese dinero mediante transferencia para luego devolverlo al daminificado.»
Por último el funcionario recordó que existen casos similares donde jubilados son estafados y defraudados por sus familiares, involucrándolos en cuestiones legales, que exceden la intervención de la Defensoría al Consumidor.
FM SOL 107.9